En la última rueda de consultas de las comisiones que debaten en la Cámara de Diputados la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal, hubo un fuerte consenso en favor de no criminalizar a los usuarios. “Los casos de consumo problemático deben ser abordados desde la perspectiva social y sanitaria”, dijo ayer la primera exponente, Graciela Touzé, de la Asociación Civil Intercambios. Otros disertantes, ligados con las comunidades terapéuticas o con la Iglesia, trataron de minimizar el impacto de la reforma penal y su urgencia, mostrándola como una iniciativa distractiva ante la falta de inversión en salud pública e inclusión social. “¡Basta de hipocresía! ¿Seguimos penalizando o damos asistencia? Esa es la decisión que hay que tomar”, les enrostró luego Alicia Romero, de Madres Contra el Paco y por la Vida. Los diputados de las comisiones se reunirán nuevamente para evaluar los resultados de las tres jornadas de debate y avanzar en un dictamen.

En un salón más pequeño que el anterior, en el anexo del Congreso y con pocos diputados de las comisiones de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico y de Legislación Penal, la ronda de consultas incluyó nuevamente a diversos sectores. Touzé se ciñó a las reformas penales en debate, luego de contar que su asociación se dedica a las investigaciones en torno de la salud, la situación carcelaria respecto de las drogas y el trabajo territorial. “Apoyamos la derogación de las figuras penales que criminalicen a los usuarios, incluyendo el cultivo”, dijo.

Luego repasó las “Quince ideas para una nueva políticas de drogas” que promueve Intercambios, muchas de ellas incluidas en el proyecto de consenso entre el oficialismo, la UCR y el FAP. Mencionó la eliminación de las medidas de seguridad educativa y curativa de la ley actual, pidió diferenciar penalmente el microtráfico del crimen organizado y “respetar el derecho de un usuario a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención”. También sugirió que tras esta reforma se reflote el proyecto de ley del Programa Nacional de Atención Integral para Usuarios de Drogas.

Fabián Chiosso, titular de la Federación de ONG especializadas en tratamiento (Fonga), defendió “el primer contacto” de los usuarios con la policía, si sirve para ofrecer tratamientos. “No es cierto que los adictos no se acerquen al sistema de salud por la criminalización; la accesibilidad tiene que ver con el diseño de los tratamientos y el modo de direccionar las políticas públicas”, aseguró, luego de afirmar que la incidencia de los tratamientos judicializados es ínfima en las ONG. “De todas formas, estamos de acuerdo con no criminalizar”, agregó.

La representante de la Fundación Convivir, María de las Mercedes Aranguren, coincidió con esto último y pidió, como Chiosso, más financiamiento para los tratamientos. “Entre el 40 y el 45 por ciento de los adictos empezaron siendo usuarios recreativos”, dijo Aranguren, sin mencionar la fuente de esas cifras. “El dependiente necesita ayuda para iniciar el tratamiento, es algo que no puede depender de su voluntad”, agregó. Más tarde criticó la Ley de Salud Mental porque desde su sanción “es muy difícil” internar a una personas contra su voluntad.

“Los adictos no deben ser penalizados con la cárcel sino con los tratamientos”, arremetió Inés Valdez, de la Fundación Manantiales. Al mencionar una de las reformas propuestas, que impediría que la policía lleve a la comisaría a alguien por usar drogas en la vía pública, Valdez aseguró que el “78 por ciento” de los consumidores comenzaron a usar drogas “influenciados” por alguien en la vía pública. Y fue más allá: “Todo adicto hace consciente o inconscientemente apología del consumo de drogas”.

Por su parte, Ricardo Paveto, de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (Arda), advirtió, en referencia a la normativa actual, que “hay drogas que hacen mal, pero hay leyes que hacen peor”. Luego afirmó que el usuario heredó el estigma del loco: “Es peligroso, es incapaz y debe ser encerrado”. Paveto agregó que la óptica de reducción de daños no establece un modelo universal para todos. “Es aceptar al sujeto y su singularidad clínica, no atendemos enfermedades, sino pacientes. ¿O el único diálogo posible con la población afectada es la detención policial?”, concluyó.

Los dos curas que expusieron tuvieron definiciones menos opuestas a la modificación que la jerarquía eclesiástica. Gustavo Carrara advirtió: “El paco puso de manifiesto la exclusión en la que viven muchos pibes, como pasó con el Chagas. Vengo del velatorio de un consumidor. No murió por el paco sino por la exclusión”. Su joven colega Carlos Olivera pidió “no cerrar el debate” con esta reforma y ampliarlo para conseguir más y mejores tratamiento para los usuarios.

“Un adicto al paco no tiene libertad de elección, por eso no puede ser considerado un sujeto de derecho como la hace la Ley de salud mental”, aseguró Gloria Martínez, una de las Madres contra el Paco, mientras el diputado del Peronismo Federal Eduardo Amadeo le hacía gestos con la mano para que continuara hablando. No opinaron lo mismo otras dos madres: Alicia Romero y Marta Gómez. Ambas se mostraron en favor de la despenalización. “No puede ser que la única respuesta del Estado sea la policía. Nuestros pibes no son delincuentes”, dijo Romero.

“El presupuesto desaparece y se los llevan las comunidades terapéuticas, tiene que empezar a haber protocolos y asistencia diferenciada para cada caso. Además, cuando se trata de ganar derechos, la información no puede estar cautiva en una ONG o en una clínica”, agregó Romero. Luego siguieron los activistas cannábicos porteños, quienes defendieron el autocultivo como forma de librarse del mercado negro e insistieron en que no debe judicializarse el uso en la vía pública.

“Se habló mucho de la trascendencia a terceros, pero ¿se pusieron a pensar alguna vez el daño que le producen al detenido, que seguramente es mucho peor que el que se le produce a alguien que ve a otro fumando marihuana en una plaza? En mi caso, mi madre que estaba enferma, y hoy ya no está conmigo; mi hermana que estaba desocupada y mi primo menor se quedaron sin ingresos porque era yo el que llevaba el dinero a esa casa”, contó el activista Matías Faray, quien estuvo preso en 2011 por cultivar en su casa.

Alex Freyre, conocido por su militancia a favor de la ley de matrimonio igualitario, contó que hace veinte años que le diagnosticaron VIH y hubo momentos en que no hubiera podido comer si no hubiese sido por la marihuana. “¿Tengo que fumar a escondidas?”, se preguntó. “¿Cuántas botellas son necesarias para determinar que un diputado es alcohólico? Digo... porque se habla del consumo de drogas como si fuera algo ajeno. No discutamos los detalles de la despenalización con hipocresía”, pidió.

[email protected]