Investigadores de laboratorios públicos de medicamentos advirtieron que “vacunas que hoy se importan, como la doble y la BCG, sin embargo se producen desde hace años en laboratorios públicos argentinos: pese a que han sido reconocidas por la OMS, no se las admite acá y se pierden divisas en importarlas”. Según estos científicos, el fortalecimiento de los laboratorios públicos permitiría reducir importaciones en dos tiempos: en pocos meses, ya sería posible producir fármacos como esas vacunas u otros, para abastecer el sistema público nacional. Pero además, en el mediano plazo, la apuesta sería producir los principios básicos, que hoy generalmente se importan: esto requeriría una planificación que aunara la capacidad productiva de los laboratorios con la investigación básica en universidades. Entretanto, se inquietan porque el Ministerio de Salud no reglamentó la Ley de Producción Pública de Medicamentos, sancionada hace un año: referentes de los laboratorios públicos se quejan de que “el Ministerio de Salud de la Nación no convocó a los productores ni a las universidades”. Un representante del Ministerio de Salud afirmó que “de hecho, la ley ya se aplica” y que, “progresivamente, las compras para los programas del ministerio se hacen a laboratorios públicos”.

“Ya hace diez años que venimos planteando el tema vacunas, principalmente BCG y doble. Tiempo suficiente para que el ministro Manzur adopte lo que se promueve desde el mismo gobierno, la sustitución de importaciones, y deje de importar estas vacunas que se producen en el país”, sostiene un documento del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, integrado por científicos de distintas especialidades. Martín Isturiz, investigador del Conicet en la Academia Nacional de Medicina y coordinador del Grupo de Gestión, destacó que “la BCG se produce desde hace 40 años en el Instituto Biológico de La Plata. Es una vacuna de referencia internacional, certificada por la OMS. Pero se sigue importando porque el Instituto nunca recibió los fondos para adecuar su laboratorio a las normas de Anmat: esto es necesario para el tráfico federal de los productos. En realidad, el Instituto Biológico, que depende de la provincia de Buenos Aires, llegó a estar prácticamente desactivado y volvió a funcionar gracias a un subsidio de 2.300.000 dólares que dispuso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

En cuanto a “la vacuna doble, contra tétanos y difteria, se produce en el Instituto Biológico de La Plata y también en el Instituto Malbrán, pero ninguno de los dos cubre las exigencias de Anmat. Estas normas de Anmat producen efectos sorprendentes: por ejemplo, las vacunas del Instituto Biológico de La Plata se aplican sin problemas en todo el territorio bonaerense, pero no pueden pasar a ninguna otra provincia.

“Este régimen, diseñado en la década de 1990, coincide con los intereses de las grandes empresas privadas para limitar la producción pública”, afirmó Isturiz, y subrayó que “la ley, que se llama de Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos, propicia la voluntad política de que los planes públicos sean abastecidos esencialmente por los laboratorios públicos. El problema estratégico es que, en la mayoría de los casos, la materia prima para el medicamento se importa: la ley plantea que los laboratorios públicos hagan convenios con universidades u organismos de ciencia y técnica para utilizar toda la escala del conocimiento, desde la producción de materia prima”, señaló Isturiz. “Esto requiere planes a mediano y largo plazo, pero si no empezamos a construir el fármaco desde las ciencias básicas hasta el producto final, siempre habrá una dependencia peligrosa.”

Claudio Capuano –coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA– fue uno de los que expresaron inquietud “por la falta de reglamentación de la Ley de Producción Pública de Medicamentos: en un año, el Ministerio de Salud de la Nación no consultó a los actores principales en el tema, que son los productores públicos que ya existen. No se llamó a los que trabajan en esto en el país, tampoco se consultó a ninguna universidad”. Isturiz agregó que “al tratarse de una ley marco, es necesaria la reglamentación para que se defina en acciones concretas; una mala reglamentación puede esterilizar totalmente la ley”.

Patricio de Urraza –secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata– advirtió que, “de todos modos, el panorama de la producción pública de medicamentos está mucho mejor que hace cinco años: distintos laboratorios están funcionando bien, como el LYF de Santa Fe, que recibió aportes de Nación y de la provincia; LaForMed, de Formosa, o el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad de Córdoba. Pero no hay una planificación política a partir de la cual todos los productores públicos podamos sentarnos, con datos epidemiológicos aportados por los sectores estatales correspondientes, para definir qué fármacos producir”.

“Incluso –agregó De Urraza– la existencia de una capacidad de producción estatal instalada sirve aun para medicamentos que no se producen: Brasil todo el tiempo anuncia que está dispuesto a producir determinado fármaco, como una vacuna genérica contra la gripe, en 2009, y después no lo hace, pero esa demostración de capacidad le permite negociar mejores precios o garantizar el suministro con los laboratorios privados.”