Las comisiones de Acción Social, Salud y Legislación General de la Cámara de Diputados dieron dictamen favorable al proyecto que busca modificar la Ley de Sangre para eliminar los cuestionarios que afectan la dignidad y la privacidad de las personas por su condición de género a la hora de donar sangre.

La actual Ley Nacional de Sangre prevé una serie de preguntas mediante las cuales “se inhabilita transitoriamente por el período de 12 meses para donar sangre a las personas que hayan mantenido relaciones sexuales con varones homosexuales, a las mujeres que mantuvieron relaciones sexuales con hombres que a su vez tienen relaciones sexuales con hombres, a quienes hayan intercambiado sexo por dinero o drogas, a quienes estuvieron detenidos por más de 72 horas en instituciones carcelarias o policiales y a quienes hayan tenido relaciones sexuales fuera de sus parejas estables”. Según el proyecto impulsado en 2008 por el diputado socialista Roy Cortina y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), al incluir este tipo de interrogantes, la normativa actual para donantes de sangre “invade la esfera de privacidad de las personas e incorpora una especie de prohibición que la ley no contempla y que, al estar fundada exclusivamente en la orientación sexual del posible donante, resulta discriminatoria”.

“El dictamen favorable a esta iniciativa constituye un paso adelante en favor de la diversidad sexual, para que aquellos que deseen donar sangre puedan hacerlo sin ningún tipo de restricción ocasionada por su orientación sexual”, señaló Cortina a Página/12. “Con esto se fomenta la igualdad de derechos para personas homosexuales, tal como se hizo con la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género”, agregó a este diario.

“Celebramos que el Congreso Nacional haya dado dictamen favorable en Diputados al proyecto para permitir la donación de sangre sin discriminación, para que en nuestro país se cumpla con el mandato constitucional de igualdad para que toda persona pueda donar, sin violar el principio de no discriminación ni afectar la salud pública”, expresó Pedro Mouratian, interventor del Inadi.

Asimismo, explicó que “la propuesta se inscribe en la consolidación de una Argentina igualitaria e inclusiva, donde todos y todas sean protagonistas de acciones políticas que integren y aseguren el reconocimiento de los derechos humanos”.

Al proyecto de Cortina le siguieron las propuestas de la diputada oficialista Stella Maris Leverberg y el radical Ricardo Gil Lavedra.

Informe: Sabrina Améndola