Cuando la Justicia llega tarde, más que justicia es ceguera. La Comisión Bicameral que debía iniciar hoy el jury al juez Rafael Sal Lari desistió ayer de hacerlo y dispondrá hoy la notificación aunque ya informalmente el cierre del caso fue comunicado. La comisión dispuso no abrir el incidente procesal por no considerarlo válido, aunque la invalidez debiera haberse considerado un año antes, cuando otra comisión, la Acusadora, dispuso rechazar nueve de los diez casos presentados contra Sal Lari. En términos de escenario desborda de imágenes de garantías procesales, pero en términos reales significó mantener suspendido y a medio sueldo durante un año a un juez por el hecho de disponer como juez independiente.

La promoción de las acusaciones contra el juez de Garantías 3 de San Isidro fue impulsada por el manodurista Gustavo Posse, intendente de San Isidro e ingeniero del muro que separó San Isidro de San Fernando. De las diez presentadas, ninguna podría haber prosperado más allá de una bandera de campaña electoral. Tanto es así que la propia procuradora general María del Carmen Falbo desistió de acusar en ninguna de las diez. Sin embargo, cinco causas fueron aceptadas para ser analizadas por el Tribunal de Enjuiciamiento. Y de las cinco, sólo se aceptó enjuiciar a Sal Lari con una, lo que a los fines de una vara de control sobre la independencia de la Justicia es más que suficiente: hace un año Blumberg vitoreaba en la puerta del Tribunal junto a un pequeño grupo porque comprendía que no importaba tanto el número sino la suspensión efectiva de un juez insoportablemente garantista.

Lo más absurdo es que en el único caso que pasó, conocido como caso González, los manoduristas acusaban al juez garantista de mantener detenido a un hombre cuando debiera haberlo liberado. La acusación no tomó en cuenta que la propia Suprema Corte ya había analizado el caso y sancionado con quince días a la secretaria a quien consideró responsable, ya que Sal Lari le había ordenado encargarse de liberar al detenido. La secretaria envió la disposición a la policía, disposición que la policía nunca cumplió y la secretaria nunca verificó.

Durante un año, Sal Lari permaneció suspendido y a medio sueldo, con la espada de Damocles sobre su cabeza. Ahora la Bicameral encargada de enjuiciarlo decidió no abrir el juicio. Para hoy, los empleados judiciales de San Isidro habían convocado a una marcha en apoyo de Sal Lari. Se hizo justicia. Un año tarde. Tiempo suficiente para alimentar el mensaje de amedrentar a jueces independentistas.