La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de expropiación de la casa del odontólogo platense Ricardo Barreda para convertirla en sede de la ONG María Pueblo, que brinda alojamiento y asistencia a las mujeres víctimas de violencia doméstica.

La iniciativa, impulsada por el legislador Gabriel Bruera (FpV), que fue girada al Senado para su tratamiento, prevé que el gobierno bonaerense asuma la expropiación del inmueble y que sea el municipio de La Plata el que sostenga económicamente al centro María Pueblo.

La vivienda, que tiene dos plantas y está ubicada en las calles 48 entre 10 y 11 de La Plata, está abandonada desde que en noviembre de 1992, Barreda mató a escopetazos a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas. Por este hecho fue condenado en 1995 a reclusión perpetua, pero a fines de marzo último obtuvo la libertad condicional.

“La expropiación de ese inmueble apunta a la creación de un centro dedicado a trabajar en la prevención, contención y educación”, explicó Bruera durante la sesión. Agregó que “la idea primaria es transformar un lugar negativamente emblemático en donde fueron asesinadas cuatro mujeres en un contexto de extrema violencia intrafamiliar en una respuesta contra la violencia de género en todas sus formas”.

Sostuvo que las estadísticas criminales en la provincia de Buenos Aires indican que “el 70 por ciento de las denuncias por violencia intrafamiliar son realizadas por mujeres y que en el 70 por ciento de los casos, los agresores son hombres”. Además, afirmó que “el mayor origen de los delitos se provoca a través de la violencia intrafamiliar” y evaluó que “el Estado debe involucrarse cada vez más en esta temática y apoyar a las ONG que trabajan en el tema”.

Uno de los objetivos del proyecto es realizar charlas y capacitaciones a policías, docentes, integrantes de la Justicia, fuerzas de seguridad, universitarios, profesionales de la salud y, a la vez, construir un espacio para consultas y una biblioteca temática.

En tanto, el diputado Oscar Negrelli, de la Coalición Cívica, precisó que “es un paso adelante ver que esa casa, que fue mucho tiempo el turismo del morbo y luego un espacio de vergüenza, se convierte en un espacio de reflexión y toma de conciencia”.

Ayer a la mañana, el fundador de la ONG María Pueblo, Darío Witt, explicó que en el lugar de los crímenes “queremos trabajar en conjunto con la comunidad, con la universidad, con la municipalidad, capacitar a la policía, hacer ateneos internacionales, tener biblioteca temática y una parte museológica”.

Resaltó que “es la primera vez en el mundo que se expropia la casa de un múltiple femicida para transformarla de una casa del horror a un símbolo de vida, de debate, discusión, poner sobre el tapete estos temas”.

Actualmente, el municipio le reclama a Barreda el pago de 13.169 pesos en concepto de la tasa de Servicios Urbanos Municipales, la cual no se paga desde 1995 y suma más de 6 mil pesos de intereses.

En tanto, hay una solicitud de pago presentada por la empresa prestataria del servicio de agua y cloaca, ABSA, por un monto total de 11.832 pesos, a los que se suman 4733 de intereses, y otro de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires con un monto similar, según se informó.