El video que muestra las torturas de las que fueron víctimas dos hombres en la comisaría salteña de General Güemes “visibiliza las atrocidades que acontecen en los lugares de detención”, aseguró en un comunicado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Luego de señalar que la vigencia de esos hechos “pone en evidencia la necesidad de reformas estructurales en las fuerzas policiales en el marco de políticas de seguridad democrática”, la comisión subraya que esas “imágenes aberrantes” constituyen “un golpe a la democracia y a la política de derechos humanos que se pretende ampliar”. El comunicado de la CPM afirma que si bien se trató de un hecho cometido por cinco policías de la División Drogas Peligrosas, los que fueron detenidos, esos casos “no son patrimonio de las comisarías salteñas”, sino que “perviven en todas las fuerzas de seguridad del país en las cárceles provinciales y federales de la Argentina”.

Por su parte, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) aseguró que el video registrado en Salta “no muestra nada diferente a lo que cualquier vecino de cualquier barriada popular puede describir por experiencia propia o de algún familiar, amigo o conocido” porque “el apaleamiento, el submarino seco o ‘bolsita’, el ‘pata pata’, las torturas con agua, son algunos de los métodos habituales de tormento que se aplican a diario en comisarías, cárceles y otros lugares de detención” del país.

En su comunicado, la CPM dice que “el fenómeno de la tortura cobra notoriedad periódicamente cuando salen a la luz estas atrocidades”, pero una vez “pasada la conmoción que genera la noticia no se castiga a los responsables o se lo hace levemente, alimentando un circuito de impunidad que reproduce nuevos hechos”. Agrega que “una vez más los hechos son caracterizados como ‘apremios ilegales’ cuando en realidad se trata de casos de tortura”, es decir, un delito más grave todavía.

La CPM propicia “una profunda reforma en las fuerzas de seguridad” y también “la creación de mecanismos de prevención de la tortura” que están esperando “la aprobación del Senado de la Nación desde hace meses”. Por ello asegura que “es imprescindible la actuación decidida de la Justicia para esclarecer estos casos y condenar en consecuencia”.

El organismo de DD.HH. provincial sostiene que en un país “con nuestra historia, signada de dictaduras y violaciones masivas de los derechos humanos elementales, no podemos permitir que sucedan hechos inhumanos como éste, que no es aislado ni excepcional, sino sistemático y recurrente” en todo el país. La declaración está firmada, entre otros, por Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Laura Conte y la religiosa Martha Pelloni.

La Correpi, por su parte, considera que los sectores “progresistas” prefieren “no conocer los métodos con los que se garantizan los privilegios de su clase”. Esta situación, según la entidad, genera una “aparente contradicción que genera la convivencia de la tortura con el moderno estado de derecho”. Considera que esa es “la más sofisticada manera que la democracia ha ideado para seguir usando los métodos inherentes a la dominación, mientras avanza en su permanente búsqueda de consenso, al son del repudio formal a las prácticas que no sólo usa, sino que, siempre que puede, legitima y ampara”.