Las cadenas más importantes de televisión brasileñas emiten por estos días una campaña llamada “Es preciso cambiar”, basada en la experiencia de usuarios de drogas y dependientes, universitarios y también favelados, que están o estuvieron presos por tenencia para consumo. Y aparecen en horario prime time. Algunas historias son relatadas por actores famosos y, como explicó a este diario Pedro Canessin, investigador de Viva Río, una de las asociaciones que organiza la campaña, son parte de una primera etapa “que busca mostrar el sufrimiento que causan las actuales políticas de drogas”. La segunda etapa será instalar un proyecto de ley que corrija y limite a la sancionada en 2006 en los barrios de las principales ciudades de Brasil y juntar un millón de firmas que lo avalen. “Es una norma inspirada en los buenos resultados que tuvo la despenalización en Portugal. Permite portar sustancias que prevean hasta 10 días de consumo y propone sanciones administrativas y no penales ”, explicó a Página/12 uno de sus autores, Pedro Abramobay, ex secretario de Justicia del actual gobierno federal.

“Tengo problemas de dependencia a las drogas pero me detuvieron a mí y a mi mujer por tráfico. Tuvimos que esperar la sentencia en la cárcel, como manda la ley, un año y medio. Nuestra hija dejó de estudiar para mantener a su hermano, yo fui condenado, y mi mujer contrajo tuberculosis en la cárcel y murió”, relata el actor Luis Melo, en uno de los ocho spots. Otro, interpretado por la actriz Regina Sampaio, cuenta el caso de una madre, cuyo hijo es arrestado con droga en la calle y le allanaron su casa. “Estuve tres meses presa. Cuando me soltaron caí en una depresión y hasta estuve internada. Y mi hijo, que precisa ayuda, sigue preso”, señala. Los spots, que pueden verse en www.eprecisomudar.com.br, terminan con el intérprete tomando un cartel con la pregunta: “¿Es justo eso?”. Las historias fueron compiladas por el Banco de Injusticias, un sitio web impulsado por la Comisión Brasileña sobre Drogas y Democracia (Cbdd) y la Asociación Nacional de Defensores Públicos (Anadep). “El Estado invierte más en la prisión por delitos de drogas que en el tratamiento para los usuarios”, explica uno de los afiches de esta campaña, que propone que el tema pase del área de Seguridad Pública a Salud y Asistencia Social.

Otro de los puntos centrales es la saturación carcelaria, en el cuarto país con más gente presa, después de Estados Unidos, Rusia y China. Uno de cada cuatro reclusos está por delitos relacionados con drogas, según datos oficiales, y entre estos 60 por ciento fue detenido con pocas cantidades, sin armas ni antecedentes. Como el caso relatado del galán televisivo Felipe Camargo: un cartero que mantiene a su madre y es arrestado después de comprar. “Como vivía en una favela y tenía seis reales en el bolsillo, me llevaron como ‘traficante’ y tengo que esperar el juicio preso”.

Según Canessin, investigador de Viva Rio, el desafío de la campaña es “dar en la sociedad un debate sobre un tema que no es muy comprendido”. Además de los spots en los medios de comunicación tradicionales habrá, un intenso trabajo en las redes sociales y un canal en YouTube, agregó, gracias a los nexos con Avaaz.org, una comunidad global de movilización online. “Luego de esta campaña vamos a exponer los argumentos jurídicos del proyecto de ley que proponemos y ahí vamos a ir a las calles, a los barrios y a vincularnos con más asociaciones civiles”, señaló.

Pese a que la tenencia de drogas para uso personal fue despenalizada en 2006, el espíritu de esa ley nunca pudo plasmarse en las fuerzas policiales, que siguen deteniendo usuarios, con o sin problemas de dependencia, acusándolos de ser traficantes. “El problema está en el abordaje policial, porque van con una postura preconcebida. Al que es pobre y negro lo llevan como traficante. Una vez en la comisaría, los que terminan señalando al usuario como traficante son los propios policías y no testigos civiles”, aseguró Marco Sayao Magri, del Colectivo Desentorpecendo A Razâon.

El cambio legislativo realizado en el 2006 elevó las penas para la comercialización, quitándole el beneficio de penas alternativas, además de imposibilitar que el acusado enfrente el proceso judicial en libertad. “Si una persona está acusada de homicidio sí puede esperar la sentencia sin pasar por la cárcel, es absurdo”, comentó Sayao Magri, miembro de la Coalición Latinoamericana de Activistas Cannabicos (Clac). Si una persona se droga en la vía pública y no es acusada de tráfico puede recibir “una advertencia administrativa, pagar una multa o hacer trabajo comunitario”. En los tres años posteriores a la aplicación de la ley actual, la población carcelaria relacionada con drogas creció más del 62 por ciento, según datos del Banco de las Injusticias: en 2011, hubo 125 mil procesados por tráfico. “Otro de los problemas es que no se distingue entre una persona de peso en una organización criminal y un dependiente que vende para pagarse lo suyo o para poder comer. Y además se pena la distribución gratuita como si fuera tráfico, facilitando más todavía el armado de causas por parte de la policía”, explicó Sayao Magri desde San Pablo.

Según Pedro Abramovay, director de la fundación Getulio Vargas, la campaña por una nueva ley “está teniendo un impacto enorme” por la difusión televisiva. “En los dos primeros días juntamos 45 mil firmas para cambiar la legislación y ya hay varios diputados interesados en llevar la reforma al Parlamento”, aseguró. Mientras tanto, la pulseada se dará en la sociedad brasileña, donde todavía hay una opinión desfavorable a cualquier apertura legal en el tema.

“Queremos esclarecer y dialogar sin miedo. Y que los políticos puedan hablar con seriedad también. La guerra a las drogas fracasó, no funciona. Por eso son importantes las alternativas que estén por encima del miedo y el sufrimiento de la población, como la legalización que empieza a debatirse en Uruguay. Es importante si ese proceso se da para ver los resultados que trae”, comentó Abramovay, autor de los cinco proyectos de la reforma legal, que ya recibió apoyo del gobierno del estado de Rio de Janeiro.

[email protected]