”Mucho peor que la droga es el narcotráfico.” Esta frase fue repetida hasta el slogan por José “Pepe” Mujica en su última audición radial, dedicada exclusivamente a explicar por qué conviene legalizar y regular la cannabis. “No alcanza con la represión. Primero se necesita disputar en el mercado; segundo, brindar medicina para curar gente y tercero, represión”, enumeró el mandatario uruguayo, tras advertir que existe una “demanda sostenida” de marihuana en su país y su comercialización, por ser clandestina, genera violencia y corrupción. “A veces de la impresión de estar colando el mar con un mediomundo”, dijo Mujica al referirse a la persecución policial como única estrategia y ponderando la idea de alejar a los usuarios de marihuana de las bocas de expendio de pasta base. Ayer, el prosecretario de la Presidencia de Uruguay, Diego Cánepa, confirmó a Página/12 que el proyecto de regulación será enviado al Parlamento “dentro de los próximos quince días”.

Según informó el jueves pasado Mujica, de los nueve mil detenidos que hay en su país por “delitos presuntos muchos y otros confirmados”, tres mil están vinculados con delitos de drogas. “Es un regalito que nos hace el narcotráfico”, comentó el mandatario, quien explicó que la actividad, al ser ilegal, tiende a desparramar violencia en el seno de la sociedad. “Cuando se debe, no se acude a un abogado para una demanda judicial, cuando hay deudas se va al ajuste de cuentas: expeditivo, claro y terminante”, agregó.

El presidente diferenció luego los eslabones dentro de la comercialización. Explicó que algunos venden para solventar su consumo problemático y otros se arriesgan simplemente por una ambición monetaria. También recordó la importante complicidad del sector financiero.

La contracara de este negocio es, a su vez, otro negocio: el de la guerra a las drogas. “Esta larga represión fue creando aparatos, medios, instituciones, inteligencia, afinamiento. En fin, se ha formado una verdadera burocracia planetaria dedicada al combate de la droga en el mundo entero. Y es natural que esta gente muy valiosa cuide su trabajo. No puede dejar de pensar en el perfeccionamiento de su trabajo, aunque los resultados prácticos resulten poco alentadores”, reflexionó el mandatario. Este factor de la discusión comenzó a tomar importancia desde que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU, solicitó tomar parte en el debate en Uruguay a través del envío de una comisión. El titular de la JIFE, Raymond Yans, ya adelantó su opinión contraria al proyecto porque resulta “inefectivo” como política alternativa a la mera represión. Lo mismo opinó el director nacional de Policía, Julio Guarteche. Las primeras encuestas mostraron un rechazo por arriba del 60 por ciento a la idea de legalizar la marihuana.

Con esa cifra en mente, hace algunas semanas Mujica dijo que se iría “al mazo” si no se lograba revertir esa percepción generalizada sobre el proyecto, que forma parte de una serie de medidas para mejorar la convivencia y la seguridad. Unos días después pidió a la gente que “piense, observe, razone y se informe”, ya que muchos subestiman “la amenaza creciente que significa el narcotráfico, muy por encima de las drogas”.

El mandatario también recordó que el uso de drogas existe desde el “fondo de la humanidad”, lo que cambió en la historia reciente, agregó, es la prohibición y el tráfico ilegal que generó. “La vía netamente represiva fracasa en el mundo entero. No alcanza con represión, hay que plantearse otros recursos de enfrentar esto: por eso hablamos de mercados y fuimos a rascar en las leyes de la economía”, señaló Mujica, quien reconoció que la marihuana es la droga ilegal más demandada en su país.

“Vamos a mandar un proyecto de ley no porque sea la panacea, sino porque le queremos decir a la nación: ‘¿Vamos a convivir con esto, nos resignamos, miramos para otro lado o vamos a intentar hacer algo?’. No se hagan los distraídos porque yo sé que la inmensa mayoría no consume ni trafica y le tiene bronca y asco a esto. Pero el fenómeno sigue allí, sigue creciendo y nos sigue enfermando y arrasando gurises y metiendo gente en cana y multiplicando la cárcel y aumentando el presupuesto a la policía y termina siendo un mal social que tenemos que pagar entre todos”, concluyó.

El proyecto de ley, según describió el prosecretario de la Presidencia, será corto, claro y tiene ciertos puntos innegociables: “Se habilita al Estado a producir y distribuir cannabis y se prohíbe la comercialización entre privados. También prevé un agravamiento para promover políticas públicas vinculadas con el tratamiento de los usuarios”. Además, la reglamentación de la ley correrá por cuenta del Poder Ejecutivo. En el Parlamento, adelantó el funcionario, “se va a discutir si se permite o no el autocultivo de marihuana”, como viene reclamando el activismo cannábico.

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