Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

El gobierno de Carlos Reutemann se topó ayer con la primera demanda pública por la tragedia del río Salado. La protesta nació en la Asamblea de Inundados, a la que luego se sumaron la Multisectorial y el Comité de Solidaridad que integran organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Por primera vez frente a la Casa Gris tronaron las voces de los que perdieron todo. El planteo se resumió en un pliego de reclamos que incluyeron la desmilitarización de la asistencia en la zona afectada –que Reutemann encargó al jefe del II Cuerpo de Ejército, general Hernán Olmos, y a 1600 efectivos de las tres fuerzas–, el control de la ayuda que llega desde otros lugares del país y del exterior, y que el gobierno informe a la opinión pública sobre la cantidad de víctimas fatales y desaparecidos.
“Perdí mi casa por la que trabajé toda mi vida. Y quiero saber dónde están ellos –desafió una mujer que luego se identificó con nombre y apellido–. Me llamo Norma Olivares y no les tengo miedo. Los quiero enfrentar, cara a cara, a quien sea. Soy cardíaca y estoy durmiendo en el suelo. No elegí estar donde estoy, quiero que nos devuelvan cada una de las cosas que perdimos. Y como lo quiero para nosotros, también lo quiero para toda la gente”.
El documento que un grupo de damnificados dejó en manos de la secretaria de Promoción Comunitaria de la provincia, Adriana Cavutto, exige al gobierno de Carlos Reutemann la desmilitarización de la asistencia, rechaza el traslado de los evacuados a campamentos, insiste en la necesidad de conocer la cantidad de víctimas y desaparecidos y reclama la indemnización inmediata por los daños y las vidas.
El pliego incluye ocho puntos: subsidio de emergencia para los desocupados y reparación salarial para los trabajadores ocupados, indemnización total a los damnificados en sus bienes materiales y morales, no al desalojo de las escuelas, casas ocupadas y otros centros donde se albergan inundados, no a la militarización, declarar la emergencia laboral prohibiendo cualquier tipo de despidos, control de la recepción y distribución de las provisiones recibidas por parte de los inundados, reconocimiento, identificación y autopsia inmediata de los muertos y reconstrucción de las viviendas y de los barrios en sus lugares originales.
Uno de los que desfiló por la tribuna fue el líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, que trabaja en Santa Fe desde hace días junto militantes de La Matanza, Hurlingham y Rosario. “Nosotros tenemos la obligación de estar acá porque nuestros compañeros lo han perdido todo y cinco de ellos aún están en la lista de desaparecidos. Lo vamos a seguir haciendo hasta que se reconstruya Santa Fe y se movilicen todos los sectores”. El diputado porteño Patricio Echegaray sumó después su homenaje a las víctimas de la inundación. “Nos hablan de causas naturales. No venimos a culpar a nadie por la lluvia o la crecida. Sí venimos a culpar al gobierno por su desidia, por su imprevisión criminal”, acusó.
Pero el discurso político empalideció ante los testimonios del desgarro y la pérdida. Una mujer enfrentó el micrófono, abrazó a sus hijas pequeñas y relató su historia con voz entrecortada por el llanto. “Perdí todo lo que tenía lo. ¿Y ahora a dónde voy? Estoy dando vueltas y nadie me responde. ¿Qué hay que hacer señor gobernador para que usted se ocupe de nosotros? Y ahora, en muchas oportunidades (en los centros de ayuda) nos quedamos sin comer porque lo que llega es incomible. Y las autoridades lo saben. ¡No permitamos que se queden con lo que están mandando desde todo el país, y hasta del exterior!”, dijo al relatar las penurias de los evacuados. Otra jovencita pidió que “que nos devuelvan lo que perdimos, que resguarden nuestra salud. No fue culpa nuestra. Entonces, exijamos que nos vacunen como deben, que nos cuiden como deben, que no nos metan en esas carpas de porquería y que no nos pongan el sello de inundado-apestado porque esto es una desgracia por culpa de ellos”, dijo la muchacha. Y estalló en llanto.