La Secretaría de Niñez de la provincia de Buenos Aires comenzó a elaborar junto con Unicef Argentina un protocolo para abordar casos de maltrato infantil. La iniciativa apunta a formular una respuesta interdisciplinaria a la violencia, entendida en todas sus formas, que vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes bonaerenses. Apunta a prevenir casos como el de A. D., un niño con problemas de adicciones que fue víctima de encierro y maltrato institucional. Por otra parte, referentes barriales de más de 600 centros de día y hogares convivenciales bonaerenses denuncian el “vaciamiento y precarización” de las políticas destinadas a la infancia y adolescencia por parte del gobierno.

El protocolo está destinado al personal policial, judicial y de las áreas de salud y educación que pueden intervenir en casos de violencia contra niños. Constará de una guía de recursos estatales y procedimientos a seguir cuando sea detectado un caso de vulneración de derechos. “Es para disminuir la cantidad de casos de violencia”, explicó a Página/12 el subsecretario de Niñez bonaerense, Sebastián Gastelú.

Según el Registro Unificado de Niñez y Adolescencia (Reuna), durante el primer semestre de este año el Sistema de Promoción y Protección de Derechos realizó 15.895 intervenciones sobre 4432 casos. Todas por maltrato infantil. La mayoría fueron por violencia intrafamiliar. El 36 por ciento de esas denuncias provienen de la Justicia. El 11 por ciento de escuelas y otro tanto de centros de salud.

¿Qué hacer cuando se detecta un caso de violencia? ¿Qué actores deben intervenir? Si el niño tiene familia, ¿qué hacer con ella? Son sólo algunas de las preguntas que surgen para hacer frente a esta problemática. El sistema parece no estar preparado para atender estos casos.

La prueba fiel de esa situación es el caso de A. D., de 13 años. El niño, con problemas de adicción, escapó luego de un recorrido por varias instituciones. El pedido de intervención fue realizado por su madre para que lo ayuden. La respuesta no fue la que esperaba: fue aislado en una institución cerrada y luego internado en un hospital no especializado en su problema, de donde escapó.

Funcionarios y referentes especializados en niñez coinciden en que es necesario crear, desarrollar e implementar políticas que prevengan la vulneración de niños y adolescentes de manera que se promocione y proteja sus derechos. Así lo determina la ley provincial 13.298, desde 2005.

Para la creación del protocolo, el pasado 2 de agosto se realizó la primera reunión entre funcionarios de la secretaría y profesionales, técnicos y operadores del sistema, además de funcionarios del Poder Judicial, en Almirante Brown.

“La extensión territorial y la cantidad de habitantes de la provincia representan una complejidad” a la hora de determinar cómo se abriga a un niño, apuntó la abogada de Unicef especialista en protección de la niñez, Gimol Pinto. Para que el accionar sea más efectivo se dividió el territorio bonaerense en diez regiones y se crearon mesas locales en donde se realizarán encuentros hasta diciembre de este año para la elaboración del protocolo.

Esos espacios “servirán para que esto continúe mucho más allá de los funcionarios”, expecificó Pinto, dado que lo que “se quiere es facilitar la intervención de operadores (por los programas de protección), porque muchas veces no se interviene por prejuicio o por negligencia institucional”.

El rol de las organizaciones sociales es otro aspecto del mismo tema: brindan herramientas a chicos y chicas de barrios de la provincia “para que el día de mañana sus oportunidades sean las mismas que puede tener cualquier otro chico”. La explicación es de Estela Rojas, referente de Chicos del Sur, un centro de día que brinda apoyo escolar, comida y actividades recreativas para pibes y pibas de Villa Fiorito, quien advierte sobre la falta de políticas (ver aparte).

Para Liliana Grau –directora del servicio zonal de Lomas de Zamora, dependiente de la secretaría–, los hogares y centros de día “son tomados como meras herramientas”. Así, sostuvo, se “desestima” que sean “actores que toman decisiones frente a las problemáticas” de la niñez. Esas organizaciones reclaman un lugar en la elaboración del protocolo.

“Creemos que el Estado debe hacerse cargo, pero primero debemos reunirnos los funcionarios y, a través de las instituciones básicas con las herramientas necesarias, capacitar a los recursos humanos, con las organizaciones. Pero cuando el protocolo esté finalizado”, justificó Gastelú.

Marcela Val, referente de la Red de Hogares Bonaerense (RedBa), sostiene que esas instituciones deben ser tenidas en cuenta para la elaboración del protocolo, porque a ellas son las que les “explotan las situaciones de violencia en las manos”.

Para Rojas, la capacitación de los actores es un eje esencial: “Hay chicos que son institucionalizados y son golpeados. El chico no es un enemigo, es un sujeto político de derechos”. “Es necesario un protocolo”, coincidió Val. “Pero hace cinco años que debería estar. Los pibes vienen muy golpeados”, opinó su par del Hogar Don Bosco, Gustavo García. “Hay instituciones que no saben cómo actuar, entonces, hay que hacer algo en ese sentido”, concluyen, con la esperanza de ser convocados.

Informe: Carla Perelló