Por primera vez, un fiscal bonaerense fue denunciado por no tomar medidas efectivas para proteger a una mujer víctima de violencia de género, y en cambio proponer una mediación entre ella y su pareja, a quien había denunciado por darle una golpiza. La joven, Mariana Condoría, fue encontrada muerta dos días después. Tenía 20 años y era madre de tres hijos.

La denuncia se presentó ayer ante la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires contra el titular de la Unidad Fiscal de Investigación Nº6 de La Plata, Marcelo Romero. Fue promovida por la mamá de Mariana, María de los Angeles Pereira, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), de La Plata, y la organización barrial El Mate Popular, al cumplirse seis meses de la muerte de la joven. Además, instaron a la procuración a que dicte un protocolo para que los fiscales sepan cómo actuar en los casos de violencia de género y se prohíba el uso de la mediación en ese tipo de causas.

En la presentación se acusa al fiscal de cometer graves irregularidades en su actuación y de violar pactos internacionales de derechos humanos. Puntualmente se le cuestiona el hecho de haber propuesto una instancia de mediación entre Mariana y su pareja, Gabriel Maldonado, cuando lo había denunciado por violencia machista. El hombre ahora está investigado como presunto autor de la muerte de Mariana, ocurrida días después de la decisión dictada por Romero. “La muerte es la constatación de que la Justicia debió haber promovido otra medida que le brindara una protección a la víctima. Y la mediación, la constatación del modo en que terminan muchas denuncias por violencia de género en la provincia”, señaló a Página/12 la abogada Sofía Caravelos, del CIAJ.

Mariana vivía en pareja con Maldonado desde hacía un año y medio. Tenían una hija en común, una beba de cinco meses. Según el testimonio de los familiares incorporado en la causa, Maldonado ejercía todo tipo de violencias hacia Mariana: física, psicológica, agresión hacia sus hijos, obstrucción de su autonomía económica.

El 7 de marzo de este año, Mariana llegó en moto junto a su pareja hasta la casa de su madre. Durante todo el trayecto, Mariana fue recibiendo, de parte de Maldonado, golpes de puño en la cara, cabeza, espalda y abdomen, según relatan sus parientes. La familia, al advertir el estado en el que llegó la joven, la indujo a hacer la denuncia policial. Así fue como se presentó en la comisaría 3ª de La Plata”, relató Caravelos. “No era la primera agresión que recibía Mariana, pero en la comisaría no le preguntaron nada sobre hechos anteriores. La mandaron al cuerpo médico y al hospital para constatar las lesiones; pero no pudo ir por falta de recursos para su movilidad”, agregó la abogada.

La denuncia, precisó, fue recibida por la UFI Nº6, a cargo del fiscal Romero, quien el 8 de marzo dispuso que “se cite a la víctima a efectos de que manifieste cuál es su situación actual respecto del ilícito denunciado, como así si presta conformidad en la iniciación de un proceso de mediación con la intervención de la Secretaría respectiva a efectos de procurar una solución alternativa al conflicto”.

Mariana fue notificada el 13 de marzo y el 14 fue hallada muerta por ahorcamiento en su casa del barrio de Villa Elvira, en las afueras de La Plata, en circunstancias que aún están siendo investigadas, a fin de determinar si se trató de un suicidio o un homicidio a manos de Maldonado: esa causa también tramita en la misma UFI a cargo de Romero. Caravelos no descarta que haya sido un suicidio inducido, por la misma situación de violencia machista que atravesaba la joven.

Ayer, la madre y el CIAJ, representante legal en la causa que investiga la muerte de Mariana, solicitaron que se sancione al fiscal Romero por la gravedad de la decisión adoptada. En el escrito presentado ante la procuración, el CIAJ advierte que “aun cuando distintos organismos internacionales de derechos humanos y la legislación vigente en el ámbito nacional y provincial prohíben que, en casos de violencia de género y contra las mujeres, se fijen audiencias de conciliación, mediación u otros medios que promuevan instancias de acercamiento y/o reconciliación entre la víctima y la persona denunciada, éstas aún son promovidas por los funcionarios judiciales”. A continuación, en la denuncia destaca que “la aplicación de estas medidas en los casos de violencia contra las mujeres tiene efectos contraproducentes en el acceso a la Justicia para las víctimas y en el mensaje permisivo enviado a la sociedad”.

Caravelos indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 2010 “hizo hincapié en que hacer este delito negociable o transable parte de la premisa de que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, situación que queda excluida de las instancias de violencia contra las mujeres en tanto se enmarcan en relaciones de poder y dominación entre los géneros”. Lamentablemente, agregó Caravelos, Romero no es el único fiscal en la provincia de Buenos Aires que promueve la mediación en casos de violencia de género.