El pasado 13 de septiembre se presentaron las conclusiones de la Comisión del Senado provincial por la investigación del secuestro y homicidio de Candela Sol Rodríguez. En su dictamen mayoritario, la comisión dio cuenta de las trágicas consecuencias de haber optado por políticas delegativas que otorgan plena autonomía a la Policía Bonaerense para definir las estrategias para enfrentar el problema de la violencia y el delito. El informe destaca que “la policía trabajó sin conducción estratégica y con superposición de mandos” y que “las acciones policiales estuvieron enderezadas principalmente al encubrimiento de los autores y de los móviles del asesinato”. Pero también da cuenta de las falencias en el accionar judicial al cuestionar que “el fiscal interviniente dejó en manos de la policía la conducción de la investigación y consintió el armado de la causa”. Y sintetiza que esto se verifica en “la vergonzosa investigación llevada a cabo por el fiscal y la policía”.

En el Informe Anual 2012 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que analiza la situación de los derechos humanos en la Argentina durante 2011, habíamos señalado que el caso expuso “las graves falencias estructurales de las instituciones del sistema penal bonaerense: Ministerio Público, Poder Ejecutivo, policía de investigación. Problemas estructurales que combinan la incapacidad de investigar de manera eficaz –cuando existe la voluntad de acceder a la verdad de los hechos–, con el interés por encubrir cuando la verdad amenaza estructuras delictivas protegidas o integradas por personas involucradas en la investigación”.

El informe oficial viene a comprobar los vínculos con las redes que atraviesan las instituciones oficiales y que ponen a prueba el alcance de la ley y la capacidad estatal. Refleja también en primera línea la crisis profunda del sistema de investigación criminal provincial para enfrentar casos de cierta complejidad. En base a sus conclusiones, la comisión legislativa pidió al Poder Ejecutivo bonaerense la exoneración de la cúpula policial y los jefes zonales, más el jury a los fiscales, el juez de garantías y el defensor oficial.

Lejos de tomar en cuenta este diagnóstico, el Poder Ejecutivo provincial presentó un proyecto para limitar las excarcelaciones en caso de portación ilegítima de armas de fuego, como respuesta a los problemas de seguridad. Con esta propuesta, el poder político insiste en una política delegativa y basada en la demagogia punitiva, que se enmarca en los discursos que procuran resolver las demandas sociales de seguridad a través del endurecimiento del sistema penal. Nuevamente, se pretende implementar políticas de “mano dura” como única estrategia de intervención, propiciando la generalización del encierro sin la menor evaluación o preocupación por las consecuencias sociales que esto genera y sin reparo respecto de su demostrada ineficacia.

Estas medidas, que apuestan al endurecimiento de la reacción punitiva, no rinden cuentas de su fracaso en las experiencias anteriores y se justifican en que la fuerza para reprimir o conjurar el delito nunca es suficiente. Si bien la proliferación de armas constituye un grave problema para la población bonaerense, volver no excarcelable la portación o tenencia no se traducirá en una reducción de los índices de delito ni hará que circulen menos armas. Este tipo de iniciativas se reducen a focalizar en los eslabones más débiles de las cadenas criminales, para mostrar una respuesta simbólica frente al problema de la inseguridad, pero no se avanza en investigaciones profundas para desarticular dichas redes ni en políticas de fondo para impactar en el mercado ilegal de armas. Lo que quedó claro, tras el trabajo de la “Comisión Candela”, es que para dar respuesta a las graves fallas en materia de investigación criminal y a la complicidad policial y política con las redes de ilegalidad, no se necesita de más encarcelamiento preventivo sino avanzar con reformas institucionales y voluntad política de atacar los verdaderos problemas.

De ser aprobada, esta iniciativa ampliará los márgenes de acción de los funcionarios policiales durante las detenciones, lo que implicaría una grave amenaza para la vigencia de los derechos humanos por parte de una fuerza con importantes problemas de abuso de autoridad y corrupción. De este modo, se plantea una mirada reduccionista, que pone todo el peso institucional en mejorar la eficiencia en la cantidad de detenciones, pero deja de lado el entramado de complicidades entre las redes criminales, la policía y ciertos ámbitos de la política.

Además de estas consideraciones político-criminales, la propuesta contradice lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en distintas oportunidades afirmaron que no pueden existir delitos no excarcelables y que la única posibilidad de privar de libertad a una persona sin condena debe ser por la acreditación de peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación. De aprobarse, la medida promoverá el aumento de la cantidad de detenidos y agravará las terribles condiciones en las que se encuentran los lugares de encierro en la provincia.

El CELS solicitó a los legisladores de la provincia de Buenos Aires que rechacen el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Es imprescindible que el Poder Legislativo aporte racionalidad al debate e impida la aplicación de una política que ha demostrado su fracaso recurrente.

* Director ejecutivo y directora del área de Justicia y Seguridad del CELS.