La oposición al macrismo volverá a intentar aprobar en la Legislatura porteña una ley que regule los abortos no punibles de acuerdo con los lineamientos que marcó la Corte Suprema en su fallo del 13 de marzo, para invalidar la reglamentación que firmó el ex ministro de Salud Jorge Lemus, que es sumamente restrictiva e impone requisitos arbitrarios. Ayer, los presidentes de todos los bloques acordaron tratar el tema sobre tablas, en la sesión de hoy. Pero el PRO buscará archivar los proyectos. La oposición –si vota en bloque como hasta el cierre de esta edición se esperaba– podría imponer su dictamen: tiene 31 votos contra 29 del macrismo. El PRO aceptó que la discusión llegue al recinto para destrabar el tratamiento de otras iniciativas que necesita el Ejecutivo, como el endeudamiento para obras de infraestructura vial, que está también en el temario de hoy. Paralelamente, la diputada del kirchnerismo María Rachid, por iniciativa propia, presentó ayer en la Justicia un recurso de amparo para declarar inconstitucional la resolución de Lemus (ver aparte).

La regulación de los abortos no punibles unió a la oposición al macrismo como ningún otro tema este año. Todos los bloques firmaron y apoyan el dictamen de minoría que salió de la Comisión de Salud el 4 de setiembre y que fija el procedimiento para atender los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, esto es, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo proviene de una violación. El macrismo, en cambio, votó un dictamen de mayoría que propone que el tema vuelva a comisión. Esa es la única propuesta que pudo unificar. Al interior del bloque hay distintas posiciones: desde aquellos que no quieren ni oír hablar del tema hasta quienes aceptarían una regulación, pero con más restricciones que las que estableció la sentencia de la Corte, en línea con la resolución de Lemus. De hecho, el oficialismo porteño presentó este año cuatro iniciativas vinculadas con la temática. Sin acuerdo, optaron por obstaculizar el debate.

Sobre tablas, en la sesión de hoy, se espera que el oficialismo porteño modifique su propuesta y directamente establezca que se archive. Es decir, que no se hable más de los abortos no punibles. Ese proyecto será el primero que se pondrá a consideración en el recinto. Si consigue el voto de la mayoría de los presentes, la discusión quedará cerrada y seguirá vigente la resolución 1251, que estableció un procedimiento engorroso y restrictivo para el acceso a los abortos no punibles en la Ciudad. Entre otros requisitos, impuso que la solicitud de la mujer sea evaluada por un comité interdisciplinario y que las interrupciones de embarazo en caso de violación se deban hacer dentro de las 12 semanas de gestación exclusivamente. Ninguna de estas dos condiciones están indicadas en los lineamientos que dio la Corte Suprema: el máximo tribunal pidió expresamente que se eliminen los dictámenes de equipos de salud y que sólo intervenga un médico y no fijó plazo máximo para llevar adelante la práctica. Tampoco está definido un límite en el Código Penal.

Si el macrismo no logra imponer su propuesta de archivo, se pasaría a votar el dictamen de minoría que impulsa la oposición y que es el resultado del consenso de varios proyectos presentados por diputadas y diputados de distintas bancadas. Anoche, el presidente del FpV, Juan Cabandié, llamaba uno por uno a los miembros del bloque para comprometer su asistencia puntual en la sesión de hoy, para evitar lo que sucedió la semana pasada cuando a la oposición le faltaron dos votos para impulsar la discusión, el de Tito Nenna, de viaje en Brasil, y el de Pablo Bergel, de Proyecto Sur, que estaba enfermo. En las otras bancadas también se seguía el mismo procedimiento.

“Esperamos poder debatir el proyecto de aborto no punible y aprobar el dictamen consensuado por la oposición que mejora en muchos aspectos la resolución firmada por ex ministro de Salud Lemus. Apelamos a que el jefe de Gobierno respete la voluntad legislativa y no vete ningún artículo de la ley que se sancione”, dijo anoche a este diario Gabriela Alegre, del FpV.

La inclusión de la regulación de los abortos no punibles en la sesión de hoy se definió ayer, en una reunión a puertas cerradas de los presidentes de todos los bloques, después de un escándalo protagonizado por diputados del PRO en la Comisión de Mujer, donde pretendieron sacar un dictamen que proponía el archivo del tema, por fuera del temario convocado para la reunión por la presidenta María Elena Naddeo. El tironeo entre el oficialismo y la oposición en torno de la reglamentación de los abortos no punibles, con posiciones tan distantes, generó una virtual paralización de la Legislatura en las últimas semanas. El tema provoca además malestar al interior del bloque macrista, donde las posiciones no son coincidentes. Ante la posibilidad de que la oposición hoy no diera quórum para sesionar, el PRO optó por acordar llevar la discusión al recinto. Necesita votar un endeudamiento para obras de infraestructura vial.

“Es muy importante que la reglamentación del aborto no punible llegue al recinto. Y si se aprueba, sea promulgada. No podemos restringir un derecho constitucional, que avaló la Corte Suprema, por disquisiciones dogmáticas o partidarias. Debemos acercar el derecho a la salud a más mujeres, especialmente a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”, señaló a Página/12 la diputada Naddeo, del Frente Progresista Popular. La propuesta de la oposición, respeta los criterios que marcó la Corte y, entre otros puntos, fija un plazo máximo de cinco días para que se realice la práctica desde que se indique o solicite, considera válido el consentimiento de una adolescente para pedir un aborto no punible a partir de los 14 años –como establece la Guía que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación–, prohíbe que se impongan exigencias que no están previstas en el Código Penal ni en esa misma ley como la revisión o autorización de comités de ética, jueces o directores de hospitales, de la solicitud de la mujer. En caso de violación sólo se requerirá una declaración jurada o una denuncia policial o judicial si la hizo.