El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizará hoy una conferencia de prensa junto a un grupo de legisladores del Frente para la Victoria (FpV), donde hablarán de los alcances de un proyecto de ley que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. Como principal objetivo, la normativa busca frenar por cinco años los desalojos de campesinos que se ven afectados por el corrimiento de la frontera agrícola a partir de los agronegocios. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero acaba de cobrar un nuevo impulso político tras el asesinato de Miguel Galván, en Santiago del Estero. La conferencia de prensa también estará encabezada por Emilio Pérsico, subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación.

La iniciativa propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional deberá realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras extranjeras en el país. “La ley sirve como una herramienta legal para que las provincias puedan administrar los conflictos que tienen”, indicó a Página/12 Leonardo Grosso (FpV), del Movimiento Evita, la misma fuerza política a la que pertenece Pérsico.

“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto.

Con el auge de los agronegocios, muchos campesinos sufrieron desalojos de sus tierras, más allá de estar amparados por la ley veinteañal, que indica que si una persona o familia habita por más de veinte años un campo para su subsistencia, tiene derecho de posesión sobre el mismo. “Una ley que suspenda los desalojos confiere también la expresión ‘la tierra para quien la trabaja’ y una protección de los derechos sociales, como el derecho al trabajo”, sostiene la iniciativa bajo análisis.

En la conferencia de prensa de hoy participarán Pérsico, Grosso y Mirta Ferreyra (madre del campesino asesinado Cristian Ferreyra), También estarán los diputados Edgardo Depetri, Juliana Di Tullio, Juan Carlos Junio, Carlos Raimundi, Remo Carlotto y Horacio Pietragalla, entre otros. El asesinato de Galván puso nuevamente en debate una metodología que se repite en distintas partes del país: la connivencia de grupos empresarios con las autoridades locales.

“El eje que seguimos en torno de la alta conflictividad que existe sobre la tenencia de las tierras comunitarias está vertebrado por la relación entre legalidad y legitimidad, que se relaciona con la coexistencia de dos modelos de desarrollo antagónicos: los agronegocios y el modelo de producción campesina”, explica la iniciativa.

Grosso indicó a este diario que el impulso a este proyecto se basa en “la necesidad de construir una salida política (al conflicto de tierras) con una mayor participación del Estado nacional”.

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