“Un salto cualitativo” fue el giro elegido por el gobernador Daniel Scioli para definir la creación de una Comisión Interministerial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles. La comisión, cuyo nombre ya lleva implícitos sus propios límites, estará compuesta por ministerios y secretarías que deberán autovigilarse para controlar torturas y otras violencias a detenidos dentro de sus respectivas áreas. Desde los organismos vinculados a los derechos humanos recibieron con buenas expectativas, podría decirse, el anuncio de Scioli. “Lo más importante es que haya reconocido que en las cárceles y comisarías se tortura”, dijeron a este diario desde la Comisión Provincial por la Memoria, que, curiosamente, está luchando para impedir que el mismo anunciante del decreto le recorte casi el 35 por ciento de sus fondos provistos por ley, por el solo hecho de denunciar casos de torturas desde fuera de la estructura del gobierno. De ocurrir el recorte, el salto que argumenta Scioli no sólo será cualitativo. También cuantitativo y, especialmente, será un salto al vacío.

La creación de la comisión de los autolímites fue lanzada por Scioli con fundamentos explícitos e implícitos. Entre los primeros, “tendrá por objeto diseñar, coordinar, articular e impulsar acciones y políticas tendientes a garantizar los derechos vinculados con la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”, sostiene el texto del anuncio. El ámbito al que se refiere, por supuesto, son las cárceles, comisarías y lugares de detención –incluyendo los de adolescentes, como el recientemente mencionado Instituto Almafuerte–, dependientes del mismo gobierno.

Entre sus objetivos señala “incidir en la formación, capacitación y concientización (...), en la actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”; “en la prevención, investigación y sanción de los casos de torturas y malos tratos” y, muy especialmente, “facilitar a la comunidad el acceso a la información en materia de alojamiento de personas privadas de libertad, accionar estatal en la materia y casos denunciados por violación al derecho a la integridad personal”. Ultimo punto que resulta harto difícil de imaginar.

La comisión, como su nombre lo indica, estará integrada por representantes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia (de quien dependen los institutos de menores); el Instituto Cultural y de los Ministerios de Justicia y Seguridad (del que dependen cárceles y comisarías), de Salud (del que dependen psiquiátricos), Gobierno y Jefatura de Gabinete de Ministros (de quienes dependen las decisiones sobre los anteriores) y la Secretaría de Derechos Humanos (del que depende denunciar y evitar las violaciones que ya vienen ocurriendo en los ámbitos de los otros miembros de la futura comisión gubernamental).

“De este modo se garantiza el éxito en la prevención contra este tipo de conductas repudiables, que son la contracara de lo que buscamos, que es un Servicio Penitenciario que garantice los derechos humanos, las garantías individuales y la posterior reinserción social”, aseguró Scioli, que unas semanas antes enviaba el proyecto de ley para reducir las excarcelaciones, mientras el ministro Casal, a su lado, asentía.

El decreto de la Interministerial cayó relativamente bien entre los organismos de DD.HH., que habitualmente se ocupan de denunciar los casos de torturas por un motivo: “Que reconozca que se tortura en las cárceles y comisarías es bueno como primer paso –aseguró Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la CPM–. La creación de la Comisión Interministerial es un prerrogativa del Ejecutivo y está bien que la cree. Pero no hay que confundir esa comisión con los mecanismos de Prevención de la Tortura, a los que están obligados el país y las provincias, y que deben surgir por decisión de la Legislatura. La diferencia es que estos mecanismos son independientes y autónomos, no pueden estar integrados por funcionarios porque su función, la de las visitas sorpresivas, sería imposible”.

Roberto Cipriano, director del Comité contra la Tortura, dependiente de la CPM, contextualizó los fundamentos implícitos del decreto. “El próximo 3 de noviembre tenemos una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se hace en el marco de la medida cautelar pedida por el CELS y la CPM, y otorgada por la CIDH”. Tal como informó Página/12, en abril pasado, ambos organismos de DD.HH. habían solicitado la medida para que el mismo gobierno bonaerense pusiera límites a las muertes violentas, torturas y malos tratos en las cárceles de la provincia, ya que no era el gobierno el que aparecía como capaz de sostener una medida de autocontrol.

Luego de reuniones entre ambas ONG, además de representantes de la Corte, de la Procuración y de diferentes áreas del gobierno, las partes deberán presentar en la audiencia con la CIDH los resultados de esas conversaciones. “Será por eso que el gobierno se apuró a sacar el decreto, para mostrar que está haciendo.”

Para dar una idea de que decir es reconocer, y reconocer es un primer paso pero no es todo, basta con recordar que, antes del receso de invierno, el Senado bonaerense aprobó la creación de los Mecanismos de Prevención de la Tortura, y que ahora, en Diputados, depende de que no sea trabada por los propios operadores del sciolismo para llegar al recinto. Como antecedente, durante una reciente reunión entre Scioli y organismos de derechos humanos, el gobernador dijo:

–Queremos tener representantes en esos mecanismos.

–Gobernador –le respondieron–, son organismos independientes de los gobiernos.

Tiempo después, nacía la Interministerial por decreto.

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