El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) junto con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) pidieron ayer avanzar con un proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias. El escrito –que fue elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”. También solicita “la suspensión de desalojos por cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”. En el anexo de la Cámara baja, los diputados también repudiaron el asesinato del campesino indígena Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles pasado en el límite de las provincias de Salta y Santiago del Estero, cuando defendía la posesión de sus tierras ante empresarios agropecuarios en la zona.

La iniciativa considera pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares “a todas aquellas personas que de manera individual, colectiva o comunitaria lleven adelante actividades productivas en el medio rural, desarrollando actividades agropecuarias de manera directa, siendo la mayor parte de la fuerza de trabajo aportada por los miembros de la familia”. En ese sentido, hace referencia a las familias campesinas que “son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, a quienes se impide “el efectivo acceso a la Justicia”.

Además, el proyecto prevé “la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales –en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– que tendrá como finalidad determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras, con la especificación de los datos catastrales y registrales vigentes y las condiciones socioambientales de los ocupantes, a los fines de establecer una política nacional de saneamiento de títulos”. Este relevamiento contará con la colaboración de las comunidades campesinas y agricultores familiares, quienes recabarán información que hace a la problemática de la tierra y que refiere “a la superficie afectada, a la situación jurídica, a la cantidad de familias afectadas y a los bienes territoriales existentes: agua, bosques, suelo”. El año pasado, un estudio realizado por la cartera de Agricultura nacional arrojó que 63.843 familias se encuentran afectadas en la actualidad por la problemática de la tierra en Argentina.

En diálogo con Página/12, Depetri dijo que “hay que habilitar el debate sobre el uso de la tierra y la propiedad, para seguir fortaleciendo las instituciones de participación popular”. “La dificultad está en que los pequeños productores no están representados y a veces estas decisiones, con conflictos de por medio, las toman los gobiernos provinciales en representación con la Sociedad Rural, que terminan beneficiando a los sectores sojeros”, añadió.

“Este año, la Cámara de Diputados deberá tratar y aprobar esta propuesta, que tiene estado parlamentario y que fue elaborada por varias organizaciones para frenar los desalojos, pero también con la idea de que los sujetos crezcan a partir de la producción de alimentos. Para ello, invitamos a todos los bloques, oficialistas y opositores, a fortalecer el trabajo colectivo en consonancia con los pequeños agricultores”, agregó.

A su turno, el diputado Leonardo Grosso sostuvo que “esta ley debe ser una herramienta que incorporen los municipios y los gobiernos provinciales, para dar respuestas concretas a los desalojos y así no lamentar una muerte más, de aquellos campesinos que defienden sus tierras ancestrales frente a los poderosos empresarios del agronegocio y a los funcionarios que los protegen”. Del acto también participó el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico.

En tanto, Mirta Salto, madre de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las órdenes de un empresario sojero–, expresó entre lágrimas que “no tiene que haber un muerto más por la tierra”. “Le pido a la presidenta Cristina Fernández que apruebe con urgencia esta ley para que no haya más desalojos seguidos de muerte. Hay madres que hoy tienen a sus hijos y no saben si mañana podrán volver a verlos”, agregó. Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, responsabilizó al “gobierno de Santiago del Estero por las muertes que causa en su comunidad el agronegocio” y, además, exigió que “desarmen las patotas armadas que hoy hostigan a las familias santiagueñas para expulsarlas de su territorio y apoderarse de las tierras que ancestralmente les pertenecen”.

Informe: Sabrina Améndola