“Empresas vinculadas entre sí participaban en contrataciones desleales para obras en la cuenca Riachuelo-Matanza, para que siempre las ganara una de ellas, por un monto que llega a 129 millones de pesos; entre los directivos de las empresas están la esposa y el suegro del juez Luis Armella, que propiciaba esas contrataciones al exigir obras con urgencia; la Acumar y AySA no podían ignorar lo que sucedía”: así puede resumirse la exposición que Leandro Despouy, auditor general de la Nación, efectuó ante la Corte Suprema en la audiencia sobre el Riachuelo, confirmando la información que publicó Página/12. El auditor también señaló “subejecución del presupuesto del Ministerio de Planificación para la cuenca” y señaló que “las rendiciones de cuentas no cumplen la normativa”. Por su parte, Anselmo Sella, defensor del Pueblo, criticó los criterios de medición que utiliza Acumar: “Aunque todas las empresas cumplieran, la contaminación no se evitaría”. Además denunció la negativa a dar participación a los vecinos que deben ser relocalizados y pidió “una audiencia con participación de las comunidades afectadas”.

Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación, comunicó los resultados del Relevamiento Especial que le había solicitado la Corte Suprema a raíz de la investigación publicada en este diario el 26 de agosto, en una nota firmada por Horacio Verbitsky. Precisó que la Acumar “efectuó 19 contrataciones con la empresa Compañía Constructora M&T S.A., en todos los casos por procedimientos abreviados: de ellas, cuatro fueron por contratación directa, 14 por concursos privados y una en el marco del Plan Director de AySA. El monto total adjudicado a M&T asciende a 129.729.597 pesos más IVA”, de los cuales 126 millones corresponden a contrataciones de AySA, fundamentalmente contrataciones directas por motivos de urgencia invocando requerimientos de Luis Armella”, juez federal de Quilmes encargado de ejecutar la sentencia de la Corte Suprema sobre el Riachuelo. El auditor señaló que “Acumar tenía conocimiento de las contrataciones directas: recibió y trasladó a AySA y Ceamse los requerimientos del juez Armella”.

M&T formaba parte de un grupo de seis sociedades vinculadas. Según detalló el auditor, todas eran invitadas a los concursos privados y, siempre, la que obtenía el contrato era M&T. Estas empresas son: San Martín 264 Bernal S.A., Gildin S.A., Tierras Provinciales S.A., Vial Rogo Constructora S.A., Kartonsec S.A. y M&T.: “Las seis están vinculadas por la identidad de sus socios, relaciones familiares y coincidencias de domicilios”, contó Despouy.

El auditor precisó que “Francisco Alberto Groba, suegro del juez Luis Armella, es presidente de San Martín 264 Bernal. De esta sociedad forman parte también Marina Laura Groba, esposa del juez Armella; Lorena González y Romina González, directoras de Kartonsec y socias de Vial Rogo; Arturo Rodrigues Da Silva, que participa en cinco de las seis empresas; y Gabriela Aparicio, socia fundadora de M&T”.

–¿Podían ignorar esto los organismos de control de AySA o de Acumar? –preguntó Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema.

–Difícilmente –contestó Despouy–. AySA misma convocaba a esas empresas; si las convocaba, las conocía. Estos concursos no pueden considerarse leales.

Despouy destacó que “M&T se constituyó en abril de 2008, con un capital inicial de 12.000 pesos y un capital integrado de 3000: el 50 por ciento de las acciones pertenece a los esposos Francisco González (que participa en las seis empresas) y Graciela Pizzera, y el otro 50 por ciento a Arturo Rodrigues Da Silva”. Y observó: “En este país, es posible constituir sociedades para presentarse en licitaciones, con un capital muy reducido, y beneficiarse con contratos por cientos de millones: esto interpela a nuestro sistema jurídico de contrataciones”.

El auditor también se refirió al control de la asignación presupuestaria para el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca (PISA). Advirtió que la Acumar incluye gastos “por obras fuera del ámbito de la cuenca”, por ejemplo “arreglos en el club Los Andes”. También advirtió que “los ministerios de Desarrollo Social y de Salud de la Nación no realizaron la identificación de las partidas presupuestarias correspondientes (más de 3000 millones de pesos en 2011)”, por lo cual “una importante masa de gasto no ha podido ser auditada”. Sí se auditó parte de los gastos del Ministerio de Planificación Federal: “Los plazos contractuales de las obras presentan atrasos significativos”, “las rendiciones de cuentas no cumplen la normativa”, hay “inconsistencias en los expedientes” y “faltantes de documentación”, precisó Despouy, que también constató “un fuerte ajuste en la ejecución presupuestaria 2012: para los programas del Ministerio de Planificación Federal, de 5300 millones, a mediados de octubre sólo se habían ejecutado 2500 millones, menos del 50 por ciento”.

Criterios

Anselmo Sella, defensor del Pueblo adjunto de la Nación, destacó como acciones positivas “un aumento importante en el control de la contaminación de origen industrial”, por parte de Acumar y especialmente en el último año. Sin embargo, “si hay más de 25.000 empadronadas y se visitaron más de 17.000, no sabemos qué pasó con las otras 8000. Se tomaron sólo 2700 muestras de efluentes líquidos: falta tomar 3300, de modo que puede haber agentes contaminantes no identificados. No hay información sobre el control de emisiones gaseosas de 4700 empresas, o de las 10.000 que generan residuos peligrosos”.

Sobre todo, sostuvo Sella, “Acumar no informa sobre qué reducción de la cantidad total de emisiones se logró. En realidad, el criterio que adoptó no garantiza el cese de la contaminación, ya que se basa en medir la concentración de sustancias en el líquido vertido, en vez de basarse en la cantidad total de sustancias vertidas en la cuenca. Aunque todas las industrias cumplieran la norma actual, la contaminación no se evitaría”. Y advirtió que “hay indicadores de gestión, pero faltan indicadores de los resultados de las acciones”. Sella convalidó en cambio “los criterios del grupo de expertos convocados por la ONG Vecinos de La Boca” (cuyo trabajo también había sido estimado como “riguroso” por Despouy).