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Organizaciones campesinas y movimientos sociales impulsan en el Congreso el tratamiento de una ley que suspenda los desalojos rurales. Lo hicieron el jueves, en una jornada de debate cuyas conclusiones fueron entregadas a legisladores nacionales y al subsecretario de la Agricultura Familiar, Emilio Pérsico. “A un año del asesinato de Cristian Ferreyra y a un mes del de Miguel Galván, continuamos impulsando el tratamiento y la aprobación de la llamada Ley Cristian Ferreyra, para que no haya más violencia ni muertes en el campo”, afirmaron desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Durante la tarde, las organizaciones deliberaron sobre la suspensión de los desalojos y otros ejes, como “la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral y un campo con igualdad, justicia y trabajo que produzca alimentos sanos para el pueblo argentino”.

El proyecto de ley –que fue impulsado el año pasado por el diputado del Frente para la Victoria Edgardo Depetri y diversas organizaciones campesinas– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”. También “suspende los desalojos por cinco años, así como la ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin”.

En diálogo con Página/12, Depetri dijo que “la idea es mantener en la agenda pública este proyecto de ley que evita los desalojos”, y expresó que “aunque los tiempos parlamentarios se agotan, los tiempos políticos siguen construyéndose y lo importante es fomentar una política que contemple el problema de la tierra, el derecho a una vivienda adecuada, al acceso a agua potable y a la soberanía alimentaria”, añadió.

“En este primer aniversario que se cumple del asesinato de Cristian Ferreyra, el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir organizados para asegurar una ley que respete a los pequeños productores agropecuarios, a las comunidades campesinas y a agricultores familiares, y que se condene a los responsables de las muertes e intimidaciones a las familias rurales.”

Por su parte, Ramiro Fresneda, abogado del MNCI y director de Tierras en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, afirmó que “la justicia, muchas veces, termina siendo una herramienta muy eficiente para consolidar el modelo del agronegocio, frente al de la economía familiar y campesina”. “En la zona que comprende la triple frontera de Salta, Santiago del Estero y Chaco, tenemos más de 30 casos complicados por conflictos de tierras.”

En tanto, Raimundo Laugero, miembro del MNCI, expresó que “después de un año de la presentación de este proyecto de ley es necesaria su inmediata aprobación. Y si bien la provincia de Santiago del Estero es el icono del avasallamiento a nuestros pueblos, en todo el país las familias campesinas siguen siendo despojadas de la manera más violenta”.

La “expansión de los agronegocios y los monocultivos”, en las últimas dos décadas, “profundizó la problemática en torno del acceso y derecho a la tierra de campesinos, criollos, indígenas y agricultores familiares”, denunciaron.