Se abrió la investigación sobre presuntos delitos cometidos por Luis Armella, juez federal de Quilmes, mientras estuvo a cargo de la ejecución de la causa por el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que le fuera encomendada por la Corte Suprema de la Nación. Silvia Cavallo, fiscal federal de Quilmes, requirió una serie de medidas de prueba, que responden puntualmente a la denuncia periodística formulada en Página/12, en agosto pasado, ratificada a su vez por la investigación de la Auditoría General de la Nación. Las medidas apuntan a confirmar, o no, hechos como éstos: que el juez Armella exigía a la Autoridad de la Cuenca (Acumar) la realización de obras con plazos perentorios, lo cual justificaba convocar a empresas privadas sin licitación; que estas convocatorias eran efectuadas primordialmente por AySA y también por la Ceamse; que las empresas convocadas eran siempre las mismas y estaban vinculadas con la esposa y el suegro del magistrado; que la que ganaba la licitación era siempre M&T S.A.; que de este modo esa firma obtuvo contratos de por lo menos 129 millones de pesos. La investigación iniciada podría involucrar también a funcionarios de Acumar, de AySA y de la Ceamse.

Las medidas requeridas por la fiscal Cavallo –quien recibió el caso del fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de La Plata, Julio Piaggio– siguen los lineamientos del informe periodístico que, firmado por Horacio Verbitsky, publicó este diario el 26 de agosto. Así, la funcionaria pide que “se requiera a la Auditoría General de la Nación la totalidad de la documentación de respaldo con la cual efectuara el Relevamiento Especial en Relación a Contrataciones incluidas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que fuera requerido por la Corte Suprema”. Los resultados del Relevamiento fueron presentados el 1º de noviembre, en audiencia pública que había convocado la Corte, por Leandro Despouy, auditor general de la Nación, quien en esa oportunidad señaló que los organismos de control de AySA, la Ceamse y Acumar “difícilmente podían ignorar lo que sucedía” y que “las convocatorias no pueden considerarse leales”.

La fiscal también pide “la normativa referida al Régimen de Compras y Contrataciones de la Acumar”; “el Manual de Compras y Contrataciones de la Ceamse”; “la documentación vinculada con las contrataciones directas y con las obras por concurso privado de precios efectuadas con la Compañía Constructora M&T S.A.”; también pide “toda la documentación referida a las firmas San Martín 264 Bernal S.A., Gildin S.A., Tierras Provinciales S.A., Vial Rogo Constructora S.A., Compañía Constructora M&T S.A. y Kartonsec S.A., así como de sus integrantes, directores, socios y accionistas”. La fiscal Cavallo también solicita que el titular de AySA y el de la Ceamse informen “si se implementaron contrataciones con otras empresas bajo las mismas modalidades que las concretadas con M&T”.

“La presente investigación –resume la fiscal– se centrará en establecer las conductas que se habrían llevado en el marco de la sentencia dictada el 8 de julio de 2008 por la Corte Suprema (que requiere a la Nación, la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo) y en identificar a las personas que pudieron haber intervenido en calidad de autoría o participación, ya sean funcionarios, empleados, integrantes de sociedades o terceros.”

El 6 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había separado a Armella de la ejecución del fallo sobre la Cuenca; un día después lo denunció penalmente y ante el Consejo de la Magistratura, que a su vez podría promover el juicio político del magistrado.