Las instalaciones del autodenominado “centro de rehabilitación” en la localidad bonaerense de Del Viso continuaban siendo peritadas anoche, luego de que alrededor de 80 personas fueran rescatadas por sus propios familiares. “Había hacinamiento, eso era evidente. No sabemos la capacidad real porque no estaba habilitado el lugar, algunas personas dijeron que estaban hace un año ahí. Denuncian abusos, excesos, trato denigrante y un régimen cuasi penitenciario”, explicó a este diario el fiscal Carlos Palacios. El lugar fue clausurado y ningún directivo fue detenido, aunque se investiga si abandonaron a su suerte a uno de los pacientes, de alrededor de 60 años, que falleció de un paro cardíaco la semana pasada. “Estamos esperando los resultados de la autopsia, un internado, que es bombero, dijo que intentó reanimarlo”, agregó el fiscal.

Según relató Nélida, madre de una persona internada, el lugar era de puerta cerradas y cobraban alrededor de 8 mil pesos por mes. “Al principio me ponían metas de 3 o 6 meses para ver a mi hijo, según cómo estuviera él en el tratamiento. Y cómo iba a estar si no le daban de comer, estaba recontra flaco, empastillado, no podía ni caminar. Llamé tres veces la semana pasada y me decían que no lo podía ver. Ahí me di cuenta de que había algo raro. Insistí el lunes pasado y una asistente social me dijo: ‘No te lo voy a mostrar, si lo querés ver, vas a tener que venir con la policía’”, aseguró la mujer.

Ese mismo lunes y frente a las puertas de Volviendo a la Esencia, ubicada en el kilómetro 41 de la Ruta 8, en el partido de Pilar, Nélida se apersonó, discutió con el personal y logró que “soltaran” a José, su hijo. “Me abrieron la puerta y me lo tiraron afuera, como a un perro”, comentó. Por su parte, José afirmó que prometió a los compañeros de encierro que volvería por ellos. “Fui hasta la comisaría 3ª de Del Viso, puse una denuncia, otros familiares hicieron lo mismo, pero no pasaba nada”, dijo el joven.

El jueves pasado, José, junto a otros familiares y amigos, cortó la Ruta 8 a la espera de que fueran liberadas al menos las personas que pretendían irse. Como eso no ocurrió, entraron a la fuerza, acompañados por el equipo de Canal 9, que registró la imagen desoladora, atroz: una veintena de personas, de entre 18 y 50 años, en llanto y crisis de nervios, atrapadas en una escalera de emergencia enrejada que baja de un altillo utilizado, según denuncian, como sala de aislamiento y castigo. Del otro lado, José y familiares la golpeaban para liberarlos.

La Policía Bonaerense intervino cuando los familiares ya estaban dentro del lugar, con hidromasajes, calefacción y aire acondicionado, pileta de natación cercada y vestuarios, campo de deportes, quincho cubierto, parque y entorno natural. Algunos de los siete empleados huyeron, otros fueron golpeados por los familiares. “Afuera la municipalidad montó tiendas de campaña para atender a los pacientes y les sacaron sangre para analizar qué medicación les estaban suministrando”, informó el fiscal, quien aclaró que ese lugar no podía ser habilitado por tener pisos, paredes y techos de madera.

“Además, intentaron tener habilitación, pero se la negó la municipalidad por falta de informes psicológicos, planificación y tipos de tratamientos”, dijo el funcionario judicial. Los familiares recorrieron la cocina y mostraron la escasa cantidad de víveres, fueron a un galpón y sacaron los viejos colchones de gomaespuma. Los internos, recién salidos del altillo, contaron que sólo les daban sopa con salchichas, eran sobremedicados y golpeados. “Es preferible estar en la cárcel, al menos ahí recibís visitas”, dijo José, quien aseguró que varias personas fueron violadas en ese lugar.

Ayer la policía científica inspeccionó el lugar, secuestró documentación y carpetas médicas, que podrían ayudar a develar si la persona que falleció fue víctima de la negligencia de las autoridades del lugar, y se hicieron peritajes planimétricos. “Los familiares estarán pagando entre 7 mil y 9 mil pesos”, dijo Palacios, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación 1 descentralizada de Pilar. La semana que viene, los pacientes comenzarán a declarar. Algunos contaron que fueron “chupados” en sus casas y “pichicateados”, o sedados, para ser trasladados contra su voluntad (y sin orden judicial): este “servicio” se cobraba 1500 pesos extra.

Hernán Fulqueri, director del lugar, dijo ayer que el jueves pasado el Ministerio de Salud le dio una “habilitación provisoria” y que el lugar había recibido varias inspecciones. Carlos Sanguinetti, subsecretario bonaerense de Adicciones, negó que tuvieran algún tipo de habilitación.

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