Silvana Daniela González tenía 30 años y era madre de tres hijos. Vivía junto a su marido, Ariel Caballero, en Media Agua, al sur de la provincia de San Juan. La mató un aborto inseguro. Fue el 7 de mayo de 2011. El parte judicial indicó que llegó ya sin respirar al Hospital Ventura Lloveras. A comienzos de septiembre del año pasado, dos adolescentes tuvieron el mismo final. Una de ellas, Milagros Azucena Lescano, de 17 años, murió el 7 de septiembre en el Hospital Masvernat, de Concordia, Entre Ríos. Unos días antes, el 2 de septiembre, otra chica, de 15 años, falleció de igual forma en el Hospital Ramón Carrillo, de San Salvador de Jujuy. Hace poco más de un año, el 8 de noviembre de 2011, la criminalización del aborto se llevó otra vida: una niña de 13 años fue derivada al Hospital Materno Infantil de Salta. Para intentar salvarle la vida primero le extirparon el útero pero luego de la operación la niña falleció por un shock séptico. Cuatro vidas cargadas de ilusiones, truncas.

La lista de mujeres muertas por abortos inseguros es extensa. Se engrosa cada semana. Cada año rondan el centenar. Son muertes evitables. Mueren mujeres pobres, aquellas que no tienen el dinero para pagar un aborto seguro, clandestino, pero seguro. Desde la recuperación democrática hasta la actualidad, murieron alrededor de 2800 mujeres –muchas de ellas adolescentes y niñas– por abortos realizados en la desesperación con métodos precarios, en condiciones de escasa salubridad, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Y muchísimas más quedaron con secuelas gravísimas. Cuando el aborto se infecta, porque la atención no fue la adecuada, el miedo a ser denunciadas lleva a las mujeres a postergar hasta último momento la consulta en una guardia y a veces llegan demasiado tarde.

Como Silvana, Milagros, la adolescente jujeña, la niña salteña. Nombrarlas le da dimensión humana a la tragedia del aborto.

Las consecuencias de los abortos inseguros constituyen desde hace décadas la principal causa individual de mortalidad materna en la Argentina. En el país, datos oficiales muestran que seis de cada diez embarazos son no buscados. La penalización del aborto no disuade a las mujeres que enfrentan un embarazo inconveniente de llevar adelante su interrupción. Cada año se producen entre 372 mil y 522 mil abortos inducidos –unos 1200 por día–, de acuerdo con una investigación realizada en 2005, con apoyo del Ministerio de Salud de la Nación.

Las últimas cifras publicadas por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud muestran que durante 2009, cada mes y medio murió una adolescente por aborto. Cada vez, más adolescentes llegan a los hospitales para atenderse por abortos en curso o mal realizados.

En la mayoría de los países europeos el aborto está legalizado con distintas fórmulas, igual que en Estados Unidos y Canadá. Cuba, Puerto Rico, Guyana, Barbados, el Distrito Federal en México, y recientemente Uruguay, son los únicos territorios de Latinoamérica y el Caribe donde está despenalizado. En 2007, la Ciudad de México aprobó la Interrupción Legal de Embarazo (ILE, le llaman) en las primeras 12 semanas de gestación. Con esa reforma han logrado eliminar las muertes por abortos clandestinos. Y la tasa de reincidencia de abortos es bajísima: menos del 1 por ciento, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Allí, ocho de cada diez mujeres que se someten a una ILE optan por un método anticonceptivo al término de la atención.

Hay otro aspecto para destacar: la despenalización no aumenta la cantidad de abortos. Se argumentaba lo mismo cuando se discutía la ley de divorcio: que habría más divorcios si se permitían.

Es necesario profundizar las políticas para reducir los embarazos no deseados. Se debe brindar educación sexual integral en las escuelas –como marca la ley, promover el acceso a la anticoncepción. Y cuando los métodos fallen u otras circunstancias deriven en una gestación inconveniente, garantizar un aborto seguro para aquellas mujeres que optan por la interrupción.

Ninguna mujer se embaraza para abortar. Ninguna se embaraza sola. Ninguna enfrenta un aborto graciosamente. Un Estado comprometido con la defensa de los derechos humanos debe brindar las mejores condiciones para que quien decida hacerlo pueda abortar sin riesgos.

* Parte de la exposición en la audiencia convocada en la Cámara de Diputados.