Desde Estocolmo

Amado Boudou y Aníbal Fernández recibieron la estatuilla en representación de Cristina Kirchner.
Imagen: Télam.

Para quienes estuvieron presentes en el acto fue imposible no hacer una relación directa: minutos antes de que se entregara un premio a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en reconocimiento por haber promovido y reglamentado bajo sus dos gobiernos la ley de matrimonio igualitario y la de identidad de género, el primer ministro de Suecia, Fredrik Reinfeldt, se comprometió públicamente a modificar la ley local de identidad de género para que ya no se le pida a nadie más pruebas de esterilidad antes de ser reconocido como quien es, más allá del sexo asignado al nacer. Y es que esa ley, que en Argentina festejaron en mayo de este año apenas un puñado de organizaciones frente al Congreso en la madrugada de su sanción, es una silenciosa revolución en curso que pone en primer plano la autonomía, la libertad y el reconocimiento de los otros y las otras protegiendo desde el Estado también su salud integral. Y por esta ley y por el enorme cambio cultural que significó el matrimonio para todas las parejas es que 350 organizaciones lgbt aplaudieron de pie cuando el vicepresidente Amado Boudou y el senador Aníbal Fernández recibieron una estatuilla que es ni más ni menos que un faro adonde los activistas del mundo miran porque señala el lugar donde quisieran estar.

Es la primera vez que ILGA –una sigla incompleta que alude a la Asociación Internacional de Lesbianas, Trans, Gays, Bisexuales e intersex—, que ya ha cumplido 34 años en el activismo internacional, entrega un premio. Esta, la conferencia mundial de esta asociación, es la más grande de la que se tenga memoria: 100 países representados, más de 400 delegados, 250 becas entregadas para que no falte nadie. Es la primera vez, también, en una historia que empezó en 1978, que una reunión de este tipo es inaugurada por un primer ministro. Todas estas marcas de estreno pusieron a temblar las voces de quienes fundamentaron tanto la entrega del premio a Argentina como de quienes les pusieron voz a las demandas urgentes de un movimiento tan diverso como cambiante y siempre en crecimiento. Y entre el público, donde los saris se mezclaban con las trenzas apretadas de las delegaciones del continente africano, la altura de las trans europeas cortaba la respiración, ese hablar como de cuchillos en danza que caracteriza a quienes venían de China; entre ese público donde la diversidad no habla nada más que de sexualidad u orientación de género, sino también de etnia y hasta de clase, la emoción de pertenecer a ese aquelarre divino empujaba al aplauso y a la celebración.

Fue un gran momento para encarnar la nacionalidad argentina. No sólo por el premio que recibía el país en el nombre de la Presidenta. También por ese anuncio del primer ministro sobre el compromiso en torno de la modificación de la legislación local. Más temprano, el investigador y activista argentino Mauro Cabral había llegado al Ministerio de Salud de Suecia –por invitación de sus autoridades– para exponer sobre los fundamentos de la ley de identidad de género argentina, que no sólo reconoce la voluntad autónoma de cada persona para vivir y ser reconocido según el género autopercibido. Además garantiza, a través de la salud pública y el sistema de obras sociales, los tratamientos necesarios para que esa identidad pueda expresarse, siempre que la persona lo requiera. Y si no quiere ningún tratamiento; para la ley argentina no es necesaria determinada genitalidad para encarnar un género o el otro. Esto fue lo que se escuchó en ámbitos ejecutivos del gobierno sueco, sobre esta base empieza a quedar clara la necesidad de modificar una ley que todavía exige a las personas trans la esterilidad antes de cualquier reconocimiento.

La mexicana Gloria Careaga, secretaria general de ILGA junto al italiano Renato Sabatini, fueron los que leyeron los fundamentos del premio frente a un emocionado Amado Boudou y a Aníbal Fernández. Ella se emocionó sobre todo, dijo, como latinoamericana: “La primera vez que un gobierno de nuestra región reclama la presencia de los activistas de la diversidad en las Naciones Unidas para reclamar que se termine con la violencia contra las personas LGBT fue en 2011. Y quien nos llamó fue el gobierno argentino”. Esa declaración que firmó Argentina en contra de países poderosos como los Estados Unidos puede ser central ahora que siguen sumándose países que penalizan con violencia, cárcel y muerte la orientación sexual y la identidad de género diversa. Uganda, Zimbabwe, Rusia, Camerún, Trinidad y Tobago, Barbados y los países musulmanes. Cada año ILGA provee a las organizaciones del mundo un mapa de derechos donde se advierte sobre esta situación. En ese mapa, nuestro país, al sur del sur, también está marcado con un color destacado: aquí la ley protege más derechos que en ningún otro país del mundo.

Tanto Aníbal Fernández como Amado Boudou agradecieron el premio y reconocieron a su vez a los activistas. Sin ellos y ellas, se dijo, ninguna ley hubiera sido posible. Y ahí estaba el grupo de argentinos aplaudiendo, a sabiendas de que detrás de las leyes que hoy se reconocen están sus cuerpos, sus historias y sus experiencias; las que encarnan el cambio que todavía se está gestando.