Los graves disturbios de esta semana en el microcentro porteño, a propósito de un absurdo “Día del Hincha” (y no importa del club de que se trate) plantean la necesidad de discutir un asunto que no parece estar en la agenda de dirigencia política alguna: el uso responsable y democrático del espacio público.

A propósito del fenómeno de los piquetes y las protestas (ya por entonces nutridas y belicosas), en julio de 2007 escribí en la revista Debate que “la creciente conflictividad podría convertir a esta virtud participativa y solidaria en una encrucijada grave para la democracia, porque ya se sabe que en este país el poder es tan frágil que con algunos miles de porteños en calles y plazas, una manada de encapuchados y unos cuantos saqueos estratégicos, se tumban gobiernos (...) El problema que enfrenta nuestra democracia es extremadamente complejo porque un país no puede vivir piqueteramente pero, a la vez, una sociedad como la argentina no tolera más represión.”

La violencia es la enfermedad más grave de la Argentina, y así lo ha sido desde que nos parimos como nación. Ignorando el sabio principio de Don Benito Juárez (“El respeto al derecho ajeno es la paz”), balear y reprimir con la fuerza policial fue práctica “normal” hasta 2003. Así tuvieron muertos todos los gobiernos, inficionados de ese arcaico recurso autoritario. Por eso fue perfectamente entendible y compartible la decisión de Néstor Kirchner: no reprimir más, no más muertos en las calles argentinas. Fue excelente y funcionó, más allá de desdichados casos puntuales en algunas provincias.

Pero la problemática del pésimo uso del espacio público continuó e involucra hoy a todos los actores de la política argentina. A la vista de los disturbios de esta semana y en la medida en que retornan voces que reclaman “mano dura”, y ante irresponsables menciones a “guerras nucleares”, discutir reglas a aplicar en las manifestaciones en espacios públicos deviene dilema fundamental de la República.

Cabe aclarar que un dilema es una situación en la que forzosamente se debe elegir entre dos soluciones a un problema, ambas malas. Y así es la cuestión del espacio público entre nosotros. No se puede permitir que unos pocos (cada vez menos, en muchos casos) coarten las libertades de otros interrumpiendo o dificultando la circulación. Pero, a la vez, en democracia es lícito protestar en calles y plazas, por ejemplo para reclamar trabajo y justicia.

La complejidad del dilema es aún mayor porque la solución no pasa por simplemente permitir o prohibir. En 2003 aquella decisión de NK fue acertada, pero casi una década después es absurdo seguir creyendo que las dos únicas alternativas son reprimir o dejar hacer, cuando ambas soluciones están preñadas de exclusión, injusticia y resentimiento, y pueden conducir a escenarios de alto riesgo.

En vísperas de cumplir 30 años de democracia y con todo lo que hemos logrado, parece urgente dar pasos decisivos para cambiar ese destino. Es hora de reconocer que la policía y los organismos de seguridad son parte de la fuerza legítima del Estado. Y el Estado no puede no actuar; no puede permanecer impasible ante los desmanes que se repiten cada vez con mayor violencia.

Por eso no se justifica la inacción frente a cortes, piquetes y disturbios. Que además conllevan el peligro de que surjan grupos clandestinos de acción directa. Ha sucedido y sucede en muchos países, y eso también se produce cuando un Estado no asume su legítimo papel regulador.

Entiéndase que esta nota no pide, de ninguna manera, represión alguna, como tampoco propone habilitar formas cínicas de intervención autoritaria. Pero sí quiere este texto subrayar que precisamente otra deuda de la democracia (como la en estas páginas señalada necesidad de democratizar la justicia, las policías y los servicios penitenciarios) es la urgencia por democratizar el uso del espacio público.

Acaso sea imperioso llegar a acuerdos respecto de horarios, de itinerarios, de autocontroles acordados, de resguardo de la seguridad de los manifestantes, de aseguramiento de que las demandas serán escuchadas y se tomará nota, de que los medios cubrirán con responsabilidad los acontecimientos, y también habría que acordar la garantía absoluta del destierro de toda violencia. Parece ineludible un calendario de manifestaciones que permita prever y ordenar las mismas, garantizando la eficacia de sus protestas pero sin interferir la vida colectiva. Y además habría que coordinar de una vez a las policías federal y metropolitana en la CABA, y en otros ámbitos del país.

Quizás haya que cerrar el centro y las plazas para manifestaciones grandes o pequeñas, y no sólo en Buenos Aires. Con horarios y rutas de ingresos, con planes de evacuación, el orden que se acuerde será en beneficio de todos, y los desacatados y violentos deberán ser detenidos con ajuste a la ley. El Congreso de la Nación debería legislar específicas penas breves y con pago de multas severas. Y los partidos políticos y las entidades, asociaciones o grupos convocantes deberían asumir previamente su responsabilidad frente a los daños que se causen. Y todo encapuchado deberá ser detenido, identificado y liberado con absolutas garantías, con sanciones para los reincidentes. Como corolario de los acuerdos, el Congreso debería sancionar un régimen de control de disturbios.

Autoridad es un concepto completamente diferente de autoritarismo, y su raíz y su esencia son democráticas. Ser firme sin violencia es posible, y hubo y hay ejemplos en el mundo.

Todo esto no es ni romántico ni imposible, sí urgente y necesario. Falta un acuerdo, y es el gobierno nacional el que debería convocar a todos los partidos para este debate necesario. Sin excusas como que “los opositores no quieren dialogar” (lo cual es bastante cierto), el poder político tiene el deber de insistir e invitar a los actores todas las veces que sea necesario. Y si no responde un interlocutor, pues será otro, pero ése es el camino. El diálogo siempre resuelve, y habrá que discutir este asunto con cada sector, con cada líder opositor por antipático que resulte, por derecha y por izquierda. Con grandeza y serenidad, y sin chicanas. No hay otra. Es difícil, muy difícil, pero el tema amerita el esfuerzo.