Esta mañana, la comisión de Juicio Político tucumana recibirá un escrito en el que Susana Trimarco y sus abogados piden jury para los integrantes de la Sala II de la Cámara en lo Penal, que sentenció en la causa por Marita Verón. Según adelantó a este diario uno de los abogados que trabajaron en la acusación, los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrerra Molina y Eduardo Romero Lascano son cuestionados estrictamente por su desempeño durante el trámite del debate oral. “La queja no tiene que ver con la sentencia, sino con el comportamiento del tribunal durante el juicio, particularmente por irregularidades de parte del tribunal”, explicó el abogado Carlos Garmendia, de la Fundación María de los Angeles. Formalmente, la presentación será ingresada hoy, pero, por la inminencia de la feria de enero, recién en febrero comenzaría a avanzar.

“Hemos recibido críticas de gente que dice por qué no nos quejamos antes del desempeño del tribunal”, señaló Garmendia a este diario. “Y la verdad es que nos quejamos en su momento, sí. Pero lo que pasa es que ante la decisión del tribunal, que decide no tomar el reclamo o postergar indefinidamente, no teníamos recursos.”

Mientras que la acusación que deberá evaluar el jury refiere al trámite judicial en sí, la sentencia que absolvió a los 13 imputados será cuestionada mediante un recurso de Casación, pero una vez transcurrida la feria judicial. “La primera semana de febrero vence el plazo para presentar el recurso. Como la sentencia tiene 589 páginas, vamos a tomar enero para preparar bien la presentación. Al ser un recurso de Casación, es un trámite más complejo que el de una apelación de primera instancia.”

El pedido de jury se centrará en alternativas sucedidas durante los meses en que se llevó adelante el debate oral. El desempeño de Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano es cuestionado, entre otras cosas, por “amenazas que han sufrido algunos testigos en la sala de audiencias, amenazas que hemos sufrido algunos abogados en la sala de audiencias y una situación de amenaza que ha sufrido una de las imputadas por parte de otro de los imputados”, adelantó Garmendia. Apenas transcurridas, algunas de esas situaciones habían sido reclamadas por la querella, y aun por la fiscalía. Sin embargo, recordó el abogado, “el tribunal no ha tomado medidas al respecto”, como en el caso de la primera amenaza que el imputado Gonzalo “Chenguita” Gómez profirió contra Garmendia.

En otra ocasión, “hay una situación en la que una de las testigos fue amenazada por una de las imputadas. Inclusive esa misma imputada le entregó, en tres hojas manuscritas de su puño y letra, lo que tenía que declarar”, dijo Garmendia. El episodio sucedió en marzo, a poco más de un mes de comenzado el debate oral, y la propia Noemí G. denunció ante el tribunal que la imputada Daniela Milhein había amedrentado a su madre, Mirta L., luego de no haber tenido éxito al intentarlo con ella. De lo sucedido hay registros judiciales y periodísticos. Garmendia recordó que Mirta L. “ha declarado lo que dice el papel, de modo que la amenaza surtió efecto con la madre. Pero con la chica no ha sido así, no ha surtido efecto, porque ella sacó el papel y lo entregó al tribunal”. En esa ocasión, la querella pidió que el tribunal instruyera actuaciones y detuviera de inmediato a la imputada Milhein, “pero dijeron que iban a resolver después y quedó en la nada”. Tampoco pasó a mayores el pedido de instruir actuaciones por la “amenaza de una de las imputadas por parte de otro de los imputados”, o cuando la imputada María Jesús “Rivero hizo el gesto de cortarle la cabeza a (el testigo Julio) Mohfaud”.

Las algo menos de 50 páginas que conformarán la presentación no serán dadas a conocer públicamente, al menos no hoy, según las intenciones de los abogados. El espíritu, sin embargo, es señalar que “hay varios temas que tienen que ver con mala praxis del tribunal”. Por eso “en el escrito nombramos la sentencia muy a vuelo de pájaro, porque en el juicio político no nos vamos a quejar de la sentencia, sino de cómo trabajó el tribunal”.

La presentación pedirá que el desempeño de los jueces Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano sea evaluado por un jury de enjuiciamiento, un órgano definido en la Constitución provincial de 2006 y que, hasta ahora, nunca ha actuado. El jury debe componerse de cinco legisladores (cuatro por la mayoría, uno por la minoría), un miembro del Poder Ejecutivo y uno de la Corte Suprema de Justicia provincial. El gobernador José Alperovich manifestó reiteradamente su apoyo al proceso; por su parte, el Poder Judicial ya ha designado al vocal de la Corte, Daniel Posse, como su representante allí.

En relación con el fallo del 11 de diciembre, que absolvió a los trece imputados del caso, el abogado Garmendia señaló que el plazo para reclamar por él vence “la primera semana de febrero”. Al haberse tratado de una resolución de Cámara, la presentación debe consistir en un recurso de Casación, que “es un trámite más complejo que el de una apelación de primera instancia”. Por ello, los abogados dispusieron “tomar enero” para evaluar las 589 páginas del fallo y “preparar bien la presentación”. A diferencia de lo que sucede con las apelaciones de fallos de primera instancia, en los recursos de Casación las quejas “sólo pueden ser sobre erróneas aplicaciones del derecho”. El recurso de Casación debe “atacar la sentencia desde la perspectiva de la aplicación del derecho: justificar que la aplicación de la ley se dio de forma incorrecta, y explicar por qué”.

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