La Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento para los ex funcionarios porteños investigados por el derrumbe en el boliche Beara, que el 10 de septiembre de 2010 causó la muerte de dos jóvenes y heridas a otras 14 personas. Como consecuencia del fallo, la jueza Alicia Iermini deberá llamar a declaración indagatoria al ex director de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrell, y a otros cinco funcionarios. “No podemos alegrarnos, pero después de casi dos años y medio se ha dado un pequeño paso en la causa”, dijo a Página/12 Alberto Provedo, padre de Leticia, una de las víctimas.

La Sala Séptima del tribunal hizo lugar a la apelación del fiscal Andrés Madrea contra la decisión de la jueza Alicia Iermini, quien había desvinculado de la causa a Farrell, al ex jefe de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas y a otros funcionarios porteños.

El tribunal dispuso que se profundice la investigación sobre los empresarios que operaban el local nocturno del barrio de Palermo por el presunto delito de “cohecho” para conseguir la habilitación del lugar.

El fallo significa un llamado a indagatoria para Farrell; Saikauskas; el jefe del Departamento Esparcimiento, Norberto Cassano; el inspector Carlos Mustapich; el arquitecto encargado de verificaciones y habilitaciones, Isaac Rasdolsky; Gustavo Amaru, quien habría avalado la construcción derrumbada, y los “gestores” de las habilitaciones, Leandro Camani y Matías Luis Pantarotto.

Los camaristas Mauro Divito, Rodolfo Pociello Argerich y Juan Cicciaro opinaron que también debe llamarse a declaración indagatoria a la ex directora general de Fiscalización y Control de la Ciudad Vanesa Berkowsky, quien renunció en agosto de 2011 y es investigada en otra causa, acusada de manejos irregulares en los permisos para los locales nocturnos. Consideraron que si bien la funcionaria advirtió en su momento que no debía otorgarse la habilitación a Beara, por sus recurrentes violaciones a los permisos de uso, pudo haber incurrido en falencias en el posterior control de boliche, cuando ya estaba en funcionamiento.

La Cámara, no obstante, mantuvo la figura “culposa” para el delito de homicidio –del que fueron víctimas las jóvenes Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20– y lesiones en 14 casos. El fiscal Madrea había solicitado que la causa se calificara como estrago doloso.

Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Kattan Coria e Iván y Ronaldo Flies, integrantes de la sociedad El Viejo Sabio, que administraba el boliche, y Maximiliano Frattini, el relacionista público que organizó la fiesta privada en la que se produjo el derrumbe, ya estaban en camino al juicio oral y público, porque la jueza Iermini había desdoblado la causa.

Pero la decisión de la Cámara implica que serán nuevamente investigados a pedido del fiscal Madrea por una serie de puntos que habían sido descartados por la jueza Iermini. Entre ellos, la posible comisión del delito de cohecho, ya que, entre los documentos secuestrados en otro boliche propiedad de la misma sociedad se encontró, en una lista de gastos, el ítem “cometa para los funcionarios”. La jueza Iermini no había considerado suficiente esa inscripción como indicio de posible coima, ya que además, no estaban registradas en los libros contables, por lo cual había descartado ese posible delito. Pero la Cámara opinó lo contrario.

El fallo también ordena investigar a la arquitecta Paola Schein, quien avaló la construcción del entrepiso que se derrumbó, y Ricardo Brockosky y Jesús Lute, quienes habrían ejecutado la obra.

El sobreseimiento fue dictado por la jueza Iermini el 8 de septiembre del año pasado, días antes de cumplirse el segundo aniversario de la tragedia. Tras la apelación del fiscal, la Cámara convocó a una audiencia de partes y el 27 de diciembre dictó su resolución, que se dio a conocer ayer.

“Por primera vez hemos dado un pequeño paso en esta causa, donde hay muchas presiones, ya que uno de los imputados, Martín Farrell, es candidato a juez del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad”, dijo Provedo, padre de Leticia.

Lo que más indignó a los familiares es que la jueza Iermini haya sobreseído a los funcionarios sin siquiera llamarlos a declaración indagatoria, algo que deberá hacer ahora, no bien finalice la feria judicial.

Iermini zafó hace un año de un jury de enjuiciamiento por mal desempeño en el caso Bulacio, el joven que murió tras una detención ilegal durante un recital de Los Redonditos de Ricota, en 1990. La jueza tuvo en su despacho la causa durante nueve años, sin que en ese lapso se arribara al procesamiento de un responsable, y el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado argentino tuvo que admitir su responsabilidad.

En el momento de resolver el enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, el voto del consejero Alejandro Fargosi, vinculado con el PRO, no permitió lograr la mayoría necesaria y el pedido fue archivado.