Después de escuchar el reclamo de justicia de los padres del niño asesinado en Villa Río Bermejito y de representantes de la comunidad qom, a la que pertenece la familia, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se comprometió a que la provincia será querellante en la investigación de ese brutal crimen, cometido en la madrugada del sábado último. Capitanich recibió a la familia, que denunció frecuentes casos de ataques racistas por parte de criollos a miembros de su comunidad. Por la causa está detenido un hombre de 31 años, que tendría antecedentes por otros ataques a pobladores originarios.

El niño Iber Flores, de 12 años, había asistido el viernes por la noche, con un grupo de amigos, a un festival organizado por la municipalidad de Villa Río Bermejito por la inauguración de un camping. El chico desapareció después de la medianoche y su cadáver fue hallado al día siguiente, con fuertes golpes en la cabeza y en la cara y una oreja destrozada. Lo habían matado a palos.

El gobernador aseguró que “el gobierno protegerá a los testigos del hecho” y dispuso que el secretario de Seguridad, Javier Oteo, se instale en Villa Río Bermejito para seguir el caso de cerca. “En la reunión que hemos tenido con la familia nos indicaron otros siete casos”, expresó Capitanich, quien se comprometió a investigar esos hechos. El ministro había dicho previamente que el crimen de Iber no se trataba de un caso de racismo.

Los testigos del caso no son otros que los amigos de Iber, todos chicos de 12 a 14 años, que tienen miedo de declarar porque le tienen terror a la policía, que suele perseguirlos. “En esa zona es muy fuerte el racismo, hay muchos roces por parte de los criollos hacia los aborígenes”, relató a Página/12 Fabio Molina, un periodista del diario Norte, de Resistencia, que sigue el caso. También habrían hallado prendas deportivas, que podrían pertenecer al imputado, con manchas de sangre, que ahora serán sometidas a pruebas de ADN.

El testimonio de los niños habría apuntado hacia integrantes de una familia, de apellido Franco, “con antecedentes en ataque a pobladores originarios”. La fiscal Raquel Maldonado ordenó la detención de Saturnino Franco. Pero los padres del niño y los representantes de la comunidad le dijeron al gobernador que también participaron del ataque otros integrantes de esa familia.

Capitanich recibió a la mañana a los padres de Iber, Fariceo Flores y Rosa Talero, quienes estuvieron acompañados por otros familiares y referentes de la comunidad de Villa Río Bermejito, entre ellos el dirigente de la comunicad, Edilberto Pérez. También estuvieron el ministro de Seguridad y el jefe de los fiscales provinciales, Jorge Canteros, quien garantizó que los chicos declararán como testigos bajo protección, con Cámara Gesell.

Pérez, en una reunión con la fiscal Maldonado, había advertido que este tipo de hechos podrían haberse evitado si se hubieran incorporado a las distintas instituciones civiles integrantes de las distintas etnias. “Cuando ante estos hechos se nos amenaza con que si hacemos justicia comunitaria se nos meterá presos, nada dicen de que hasta ahora ni en los registros civiles ni en la policía ni en ninguna institución hay personas de nuestra etnia. Naroqshe (los criollos) tiene jueces, policías, fiscales, abogados. Esperamos se haga valer nuestro derecho a tener propios representantes. Hasta que eso no suceda que nadie nos hable de integración”, afirmó.

En la reunión con el gobernador, los padres del niño pidieron que el caso no quede impune y Capitanich les respondió que la provincia se presentaría como querellante para seguir bien de cerca la causa. La comunidad reclamó la detención de “dos o tres personas más” por el crimen y manifestó que “la gente tiene miedo, porque ya hubo otros asesinatos y nadie quedó preso”.

Algunos testimonios habían dado cuenta de que al niño le habían arrancado un tatuaje de la piel, que lo identificaba como integrante de la comunidad qom, pero los padres del chico dijeron ayer que no tenía ninguna marca en el cuerpo, relataron a este diario participantes de la reunión.