Desde Mar del Plata

El fiscal general federal de Mar del Plata no está de acuerdo en bajar la persiana en plena temporada, como es habitual en enero por la feria judicial. “Hace años que lo vengo sosteniendo. Tenemos que tomar la feria en otro momento, porque en verano se duplica la cantidad de causas”, dice Daniel Adler, 49 años, en una mesa del restó Piazza, en el complejo La Normandina en Playa Grande. Luego aclara que las causas que él investiga –tráfico y distribución de drogas a gran escala y trata de personas para explotación laboral o sexual– precisan por parte de los delincuentes de una logística y preparación previas a la temporada. Como sea, Adler no se fue de vacaciones. Y se nota cuando atiende a sus colegas y después reconoce que pese a la feria judicial él trabaja porque le gusta.

El panorama criminal mejoró en Mar del Plata en los últimos años, dice Adler, en parte por la sanción de algunas leyes, como la primera en favor de la lucha contra la trata, que las fiscalías a su cargo implementaron exitosamente. Pero hay deudas pendientes respecto de los usuarios de drogas ilegales, que están bajo la órbita de la Justicia provincial desde que se desfederalizaron los delitos menores, dejando al fuero federal los casos de tráfico internacional o venta a gran escala. “No tenemos personas detenidas por consumir, pero se los judicializa, y eso deberíamos evitarlo”, advierte.

Sobre el proyecto de prohibir prostíbulos, whiskerías y cabarets, presentado en la Legislatura bonaerense la semana pasada, este fiscal considera que en muchos municipios funcionó bien y que particularmente en Mar del Plata ya no se publicitan en los medios estos lugares y tampoco están a la vista porque están prohibidos por una ordenanza local. Los taxistas lo confirman: hay pocos prostíbulos, se mudan constantemente y operan con muchísima discreción. En cambio, sí hay oferta en “privados”, manejados mayormente por las propias mujeres, amparadas en el modelo legal, aclara Adler.

–En este momento no tenemos usuarios detenidos. Ese fue un avance de la desfederalización acá, aunque por otro lado dificulta la acción coordinada entre las fuerzas policiales y los fiscales provinciales y federales para detener el tráfico a gran escala. El problema con los usuarios es que los procedimientos son invasivos: son indagados, se los lleva a tribunales, son notificados por la policía, inclusive se los manda a una comisaría. Tendríamos que pensar otra estrategia de intervención que pase por hacer efectivas las políticas de prevención y de salud, si es que no nos encontramos frente a una persona que está convencida de lo que hace, que es otra posibilidad.

–El fallo Arriola considera delito la trascendencia a terceros. Puede haber situaciones en que exista intimidad o privacidad en una plaza pública o en una playa, en un lugar solitario, donde no hay personas. Ahí no habría trascendencia a terceros. Puede haber trascendencia dentro del hogar si se fuma marihuana delante de niños. Esta cuestión podría ser discutida, la persona tiene derecho a discutir la legitimidad de lo que hace, tendríamos que ver qué puede percibir un niño, por ejemplo. Acá tiene que haber un replanteo sobre el bien jurídico protegido en este tema. Hoy las políticas de la ONU son mucho más liberales que en las Convenciones Internacionales sobre Estupefacientes de los ’60, se ha visto el fracaso del prohibicionismo. Como dice (Eugenio) Zaffaroni en su último libro de criminología, la lucha contra las drogas en México produjo más muertes que lo que hubiese producido su consumo en 5 mil años.

–Yo creo que sí. Es invasivo e ine-ficaz. Tendría que haber un método de intervención distinto. Se me ocurre que si alguien está fumando en la calle, la policía debería a lo sumo requerir dos testigos y quemar la sustancia en una lata de duraznos, remitiendo a la fiscalía lo actuado. De esta forma, no sería llevado a la comisaría ni se le iniciaría una causa judicial. Si el usuario quiere discutir la situación puede hacerlo en sede judicial, por supuesto. La idea es que se secuestre y queme ahí mismo. Seamos prácticos. Si realmente queremos ir contra el comercio, tenemos que racionalizar el uso de los pocos elementos que tenemos para trabajar.

–Por eso creo que hay que cambiar el paradigma de las investigaciones. En la Unión Europea no se inician investigaciones por tráfico si no se observa quién financia. Más que apuntar a esta pequeña distribución, tenemos que apuntar a quién financia este negocio. Además las redes de narcotráfico utilizan mujeres embarazadas, abuelas, gente adicta. Primarios. Paradójicamente, algunas de estas abuelas están presas, mientras personas que cometieron delitos que investigo, de lesa humanidad en los ’70, como Luciano Benjamín Menéndez, están en su casa con prisión domiciliaria. Hay un tema de discriminación y de género en esto. También hay personas que tienen una pequeña cantidad de plantas de marihuana, no hectáreas, sino plantas en el fondo de su casa, y están meses, a veces años, presos. Hay que tratar de poner las cosas en su lugar.

–Absolutamente. Siempre donde hay delitos que dejan dinero, donde hay una mercancía que se vende, en un caso es una sustancia y en el otro un cuerpo humano, siempre hay de por medio una situación de explotación. Se busca carne de cañón, personas que puedan poner la cara cuando llega la hora de responder. Por eso la importancia de que las investigaciones se orienten hacia dónde sale el dinero y a dónde va. Investigar desde la ruta del dinero lleva a no criminalizar al más vulnerable.

–Hay muchos municipios que ya lo han hecho y en Mar del Plata me parece que ha funcionado bastante bien la ordenanza que prohibió estos lugares, que en realidad encubrían situaciones de explotación. Lo que tiene que quedar claro es que la legislación argentina sigue el sistema abolicionista que establece la imposibilidad de perseguir la prostitución y la obligación de perseguir el proxenetismo. Esa es la ley vigente. Las mujeres puedan hacer con su cuerpo lo que quieran sin ser molestadas. Es decir, es un modelo que responde a una idea de dignidad y de respeto hacia el otro, el modelo constitucional y el legal.

–Mejor que algunos años atrás. Recuerdo publicidades en los medios gráficos y volantes, vinculados a la prostitución, que eran muy explícitas. Eso hoy acá no está. Y hace poco hubo varios procedimientos en el puerto en los que se clausuraron lugares, es decir, vamos hacia otro modelo, el legal. Una persona que ejerce la prostitución en un departamento y sin proxeneta.

–Hemos tenido casos donde policías no sólo eran tratantes, sino también dueños de prostíbulos. Había un lugar que se llamaba La chicas de Berutti, la publicidad estaba en los diarios; esto pasó en 2009. El dueño fue condenado a 4 años y medio, era uno de los jefes de traslado de la provincia y estaba detenido en una seccional de policías y lo dejaban salir a hacer un motón de cosas, así que procesamos a varios policías por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hay un investigador de Scotland Yard que se llama Paul Holmes. Es el autor del manual para la investigación del crimen de trata; hice un curso con él; varios fiscales lo hicimos. Siempre nos decía que “donde hay dinero hay corrupción”. Las resoluciones de la Procuración nacional obligan a los fiscales a investigar a los funcionarios municipales y a la policía. Si hay un prostíbulo a dos cuadras de la comisaría y lo sabe todo el mundo menos el comisario, uno tiene la obligación de iniciarle causa.

–Me parece que no podemos hablar de “zona roja” en Mar del Plata, me parece que ahora hay otra discreción. La oferta callejera es legal, según el código de faltas provincial, pero se prohíbe “el escándalo de la prostitución”. Lo que fue escandaloso siempre es que solamente traían a las prostitutas y no a los proxenetas. Y esto lo escribí en un dictamen.

–Que corremos el riesgo de que la policía nos traiga al cliente y no al proxeneta. Todas las prohibiciones tienen que ser muy meditadas.

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