La Legislatura porteña podría aprobar hoy un proyecto de ley que permite a las mujeres embarazadas decidir, sin necesidad de pedir una autorización judicial, la provocación del parto prematuro cuando el feto padezca anencefalia u otras patologías que “se comprueben fehacientemente” que sean incompatibles con la vida extrauterina. Aunque promotores y detractores de la ley dan por sentado que será aprobada –la mayoría de los diputados ya le dieron su apoyo–, unos y otros prevén que el debate será duro. La polémica ya se inició vía e-mail con una lluvia de correos a favor y en contra de la normativa, llegados a la Legislatura, y varios de sus opositores ya prepararon planteos judiciales para presentar en el caso de que no sea vetada por el jefe de Gobierno. Al frente de los que se oponen está el Arzobispado de Buenos Aires, que expresó ayer su total rechazo y consideró que la provocación de un parto prematuro es un hecho “moralmente ilícito”.
El proyecto, que unifica dos proyectos de los diputados Marcela Larrosa (UCR) y Eduardo Peduto (ARI), cuenta con dictámenes de mayoría en las comisiones de Salud y de la Mujer, regiría tanto para los hospitales públicos como para todo el sistema de salud privado de la ciudad. “Se trata de crear un marco legal, de regular el procedimiento para cualquier embarazo en el que se compruebe que el feto padece una patología incompatible con la vida”, explicó Larrosa a Página/12. En tanto, Peduto aclaró que “este proyecto le otorga el derecho a cada mujer de elegir qué hacer ante una situación tan tremenda, sin tener que pasar por la tortura de recurrir a la Justicia y teniendo en cuenta lo terrible que puede ser llevar la muerte en el vientre. Es también una tranquilidad para los médicos, porque ellos también tenían que recurrir a la justicia, siempre con el temor a un juicio posterior por mala praxis”.
La normativa que la Legislatura tiene previsto tratar hoy establece tres condiciones para que un médico autorice la provocación de un parto antes de su término normal. La primera es la realización de dos ecografías obstétricas que demuestren la existencia de una patología incompatible con la vida –malformaciones que provocan la muerte intrauterina del feto o a las pocas horas del nacimiento– y un certificado firmado por el médico que trata a la mujer embarazada, el ecografista y el director del hospital correspondiente. También se requiere el consentimiento por escrito de la paciente y un mínimo de 24 semanas de gestación, “ya que antes de ese plazo sería un aborto, porque el bebé todavía no está en condiciones de sobrevivir fuera del útero”, explicó Larrosa.
“Los médicos que no estén de acuerdo con realizar un parto prematuro pueden presentar una objeción de conciencia y no hacerlo, pero sí están obligados a informar a la mujer dentro de las 72 horas de obtenidos los resultados de las ecografías. Cuando haya objeción de conciencia, las autoridades del establecimiento de salud deberán reemplazar a ese profesional por otro”, remarcó la diputada. La ley obliga además a la prestación de asistencia psicoterapéutica a la mujer desde el momento en que es informada del diagnóstico de su embarazo.
Tanto Larrosa como Peduto se mostraron seguros de la aprobación de su proyecto esta noche y salieron al cruce de lo que calificaron como una “campaña iniciada por los sectores más conservadores y cercanos a la Iglesia en contra de esta ley”. Así, el diputado del ARI rechazó “cualquier argumento que compare el adelantamiento de un parto en estos casos con un aborto o con una suerte de eutanasia. No tiene fundamentos, es una confusión absurda”, señaló.
Uno de los principales opositores dentro del recinto, el diputado Ricardo Busacca (Partido Popular Cristiano), reconoció que, hoy o el jueves próximo, su batalla está perdida: “Ya sabemos que se va a aprobar. Después quedan dos posibilidades: si Aníbal Ibarra no la veta, le van a llover los planteos judiciales, entre ellos los míos”, anunció. El legislador adelantó su voto en contra, lo mismo que su par radical, Jorge Enríquez. Busacca fue más allá: manifestó a Página/12 su oposición a la Ley de Salud Reproductiva y su acuerdo con la jueza cordobesa, Graciela Garzón de Lascano, quien hace unos días prohibió la fabricación y venta de anticonceptivos en todo el país.

Producción: Paula Bistagnino.