En enero de 2001, una mujer embarazada a la que le habían diagnosticado que su bebé padecía anencefalia tuvo que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para conseguir que la autorizara a adelantar el parto. La batalla legal ya llevaba más de dos meses a raíz de la negativa de los médicos que, aunque estaban de acuerdo con la elección de la mujer, se negaban a realizar la intervención sin autorización judicial. Finalmente, el 18 de enero, Silvia Tanus fue sometida a cesárea en la Maternidad Sardá. Llevaba siete meses de embarazo y, tal como habían diagnosticado, el bebé murió una hora después del parto. En el fallo con el que la Corte Suprema autorizó la inducción del alumbramiento prematuro, los jueces señalaron que “en este caso en el que ninguna sentencia puede aportar felicidad, sólo mantener o poner fin al sufrimiento, el Tribunal debe proteger el derecho de la madre a la salud frente a la pretensión de prolongar sin consecuencias beneficiosas para nadie, la vida intrauterina”. Desde ese momento, se conocieron 20 casos similares más sólo en los hospitales públicos de la ciudad.