La Legislatura porteña realizará hoy, a partir de las 15, una sesión especial para analizar la suba de la tarifa del subterráneo, tras el pedido de todos los diputados de la oposición, que reclaman que se “suspenda todo procedimiento en curso tendiente a la modificación de dicho cuadro tarifario” hasta que finalice la auditoría sobre el contrato de concesión de Metrovías. En tanto, siete asociaciones de defensa de los consumidores presentaron un recurso de amparo para declarar nula la audiencia pública previa al aumento, realizada el viernes y el sábado últimos, y la suspensión de la aplicación de la nueva tarifa.

Por otra parte, el gobierno de Mauricio Macri deberá responder en 24 horas a un pedido de la jueza Elena Liberatori, quien solicitó que informe “la localización de cada uno de los vagones retirados” de la línea A y “del almacén de repuestos y de las piezas faltantes de dichos vagones, bajo apercibimiento de realizar denuncias por las vías correspondientes”. La medida fue adoptada después de la inspección ocular realizada el miércoles, en la que se detectó la falta de 42 vagones, además de motores, asientos y otras partes de los históricos vagones La Brugeoise.

Ayer, el vicepresidente de la Legislatura, Cristian Ritondo, firmó el decreto que convoca a la sesión de hoy. El llamado se hizo en respuesta al pedido de todos los bloques de la oposición –que suman 32 legisladores– que buscan evitar la suba de las tarifas a 3,50 pesos como anunció el gobierno.

Los legisladores debatirán en relación con la ley 4472, de Regulación y Reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo, sancionada el 19 de diciembre de 2012. En su artículo 7, la norma dispone que se realice una auditoría sobre el contrato de concesión de Metrovías. Si bien la norma no vincula la realización de la auditoría con la fijación de una nueva tarifa, los legisladores creen que es fundamental ese estudio para determinar los reales costos de la operación del servicio. El análisis está en manos de la Auditoría General de la Ciudad, que lo concluiría a mitad de este año.

La Unión de Usuarios y Consumidores, Deuco y otras cinco asociaciones presentaron un recurso de amparo cuestionando el proceso de fijación de la tarifa a 3,50 pesos, al considerar que “la audiencia pública celebrada entre el 1 y el 2 de marzo de 2013 es ampliamente cuestionable”, ya que se realizó en horario laboral y se superpuso con otra audiencia pública en la que se debatía el aumento de los peajes de AUSA. Además, agregaron que se refería a un aumento sobre una tarifa (la actual, de 2,50 pesos) por la cual no se convocó a audiencia pública.

Sea como fuere, para el gobierno porteño la audiencia es apenas un trámite formal, ya que 24 horas después confirmó que aplicará el aumento a partir del 15 de marzo. Desde ayer, la empresa Metrovías comenzó a limitar la venta de pasajes.

También ayer, la jueza Liberatori encabezó una audiencia en el marco del amparo presentado por la diputada María Rachid, por la preservación de los históricos vagones de madera. Tras detectar faltantes de 42 vagones y de piezas, la magistrada le dio al gobierno un plazo de 24 horas para que informe sobre su paradero.