“Estaban encapuchados, tenían armas, entraron de noche, nos pegaron, nos robaron. Mire: estas marcas nos quedaron en el cuerpo.” Este relato, que Página/12 escuchó directamente de dos familias bolivianas, se multiplica por 26 en lo que va del año. La violencia contra quinteros y comerciantes de ese origen vuelve a los niveles que había alcanzado en 2000, cuando este diario la dio a conocer. El caso más grave se registró hace dos meses en Garín, donde un matrimonio fue torturado hasta morir. La mayoría de los asaltos se produce en quintas y se basan en dos presunciones: que los bolivianos guardan el dinero en sus casas y que no hacen las denuncias. Ambas presunciones son parcialmente ciertas y plantean difíciles preguntas: ¿cómo convencer a personas procedentes de una cultura campesina de que confíen en el sistema bancario... en el país del “corralito”?; ¿cómo convencerlos de que hagan las denuncias policiales... en el país de “la bonaerense”? Dirigentes de la colectividad boliviana señalan la falta de colaboración de las autoridades policiales, en especial en el partido de Escobar, conducido por el intendente Luis Patti.
“Yo estaba haciendo dormir a los chicos dentro de la casa cuando llegaron –cuenta el quintero Andrés Caiguara–; entraron por esa esquina, se habían escondido detrás de unos ‘palos de chaucha’. Tenían capucha. Eran cuatro: tres con revólveres, y uno con escopeta. Querían plata, dijeron que querían la plata.” Los chicos que Caiguara hacía dormir son sus dos hijos: Brian, de 3 años, y Joana, de 3 meses. La quinta, que comparte con su suegro Domingo Aguilar, está en la zona más apartada de El Cazador, partido de Escobar: tres ordenadas hectáreas de acelga, lechuga, hinojo, maíz, y una muy humilde casa de fibrocemento. Hace casi 20 años que Domingo está en la Argentina; empezó de peón y ahora es “medianero”: entrega el 60 por ciento de lo que gana al dueño de la tierra.
“Como a perro me pegó”, dice Bonifacia, la esposa de Domingo, y muestra las heridas que todavía no cerraron: en la cabeza, en las manos, con las que intentó protegerse la cabeza; junto a un ojo y en la mandíbula. “No puedo masticar, me pegó con la culata del revólver.” El asalto fue el sábado 10 de mayo. Los encapuchados exigían que los quinteros entregaran un dinero que no tenían. Esa discusión –golpes por un lado, negativas por el otro– podía haber terminado como la de Garín el mes pasado (ver más abajo), si no hubiese sido por los vecinos que cuando escucharon los gritos de Bonifacia empezaron a tirar al aire, y los asaltantes escaparon rapidísimo: “Dejaron tirada una capucha y una zapatilla en el barro”.
No era la primera vez que los Aguilar recibían esas visitas: “Tres veces nos pasó –cuenta Adela, la esposa de Andrés–: la última fue en agosto del año pasado: esa vez eran tres encapuchados y dos sin capucha, uno flaco con una cicatriz y otro gordito, pelado”.
Los Aguilar no tienen quejas de la policía, y si las tuvieran no las dirían, y si las dijeran no querrían que se publicaran. Según una vecina que no quiso identificarse, la policía “vino recién una hora después, cuando ya había pasado todo”. Recién el martes la familia hizo la denuncia en la comisaría de Escobar.
Peor todavía le fue a Macario Aguilar, hermano de Domingo, que tiene su quinta a un par de cuadras de distancia. A él lo asaltaron en noviembre del año pasado: “Me llevaron hasta las mochilas de los chicos y las carpetas del colegio. Me rompieron el televisor y lo dejaron afuera”. Macario, también medianero, atiende a Página/12 en la tranquera –“El patrón no quiere que deje pasar gente”– y cuenta que, desde noviembre, “las chicas mías y los chicos andan todos asustados. Estamos viviendo un mal momento en la quinta”. No es para menos porque “a mi hija mayor le pusieron un revólver en la cabeza y a mi señora le pegaron. Dónde está la lata con la plata, preguntaban”. Sí, había una lata con 1700 pesos que se llevaron los asaltantes. A Macario Aguilar lo dejaron atado, en una de las dos piezas de la casa donde viven con sus cinco hijos, la mayor de 16 años. Todos los chicos son argentinos. Por lo menos, todos viven paracontar lo que pasó, quizá porque “nunca quisimos comprar armas: con tantos chicos, es un peligro”. En noviembre, los que llamaron a la policía fueron, otra vez, “los vecinos”.
Gabriel Juricich, asesor de la comunidad boliviana en Escobar, precisó que “en lo que va del año hubo 26 asaltos a residentes bolivianos; en todos, hubo lesionados”.
Página/12 constató la solidaridad de los vecinos: “Parece que están ensañados con los bolivianos”, dice Norma de Aguilar (argentina, sin parentesco con los asaltados). “Acá la policía no se mueve mucho y para ellos, menos: cuando los asaltaron, tres vecinos tuvimos que llamar al destacamento, nos decían que no les corresponde. Todos los vecinos al sentir los gritos empezamos a tirar al aire con revólveres, escopetas. Ellos no tienen armas, tienen mucho miedo; una nena se metió debajo de un tractor. Sangraban”.
Otra vecina, Mirta Ríos, también dice que “nos cansamos de llamar a la policía. Uno no sabe qué hacer cuando escucha los gritos; si uno tiene un arma, tira al aire, ¿qué va a hacer?”. La vecina Andrea Silva resume: “Cuando gritaron, cuando pidieron ayuda, los vecinos estuvimos ahí”, y agrega que para ellos también “el tema de la inseguridad es bravo: tuvimos que mudarnos con la casa sin terminar porque nos robaban los materiales; nos cortaron el alambrado y hasta envenenaron los perros para poder robar tranquilos. Pero nunca, como a los vecinos bolivianos, a mano armada”.
Por su parte, el principal Daniel Manfredi, a cargo del destacamento policial de El Cazador, aseguró a este diario que “es imposible que el patrullero tarde una hora en llegar; aun desde la otra punta de la jurisdicción, no puede tardar más de 15 o 20 minutos”. El funcionario señaló “la dificultad de investigar cuando se trata de delincuentes encapuchados, donde no se describe su apariencia física”, y comentó que “muchas veces se encapuchan para evitar que las víctimas los reconozcan en nuestros registros de fotografías”. Manfredi estimó que los bolivianos “son muy cerrados”, admitió la dificultad de comunicación entre ellos y la institución policial y juzgó positiva la acción del Grupo de Enlace (ver nota aparte). Durante tres días consecutivos, este diario intentó infructuosamente comunicarse con Luis Patti, intendente de Escobar.