En una investigación sobre supuesto tráfico de drogas, un fiscal de Lomas de Zamora realizó una serie de allanamientos en viviendas ubicadas en la localidad de Budge. Luego de los procedimientos y de interrogar a las personas supuestamente involucradas, el fiscal Marcelo Domínguez llegó a la conclusión de que ninguno de los imputados tenía “nada que ver con una actividad delictiva de esa naturaleza y que en realidad era muy sospechosa la acusación que pesaba sobre ellos y que había partido de un grupo de policías bonaerenses”, explicó a Página/12 una fuente allegada a la investigación. La pesquisa siguió, pero fue encaminándose hacia el personal de la Comisaría 10ª de Lomas de Zamora, ubicada en la localidad de Budge. El caso tiene ahora cinco detenidos: se trata de cinco policías, tres suboficiales y dos principales, que se dedicaban no sólo a “armar” causas por drogas, sino que también se habrían dedicado a su distribución.

Ahora, los cinco policías, cuyos nombres se mantienen en reserva, serán indagados por el fiscal Marcelo Domínguez, quien por ahora los está imputando por los delitos de “coacción, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad”, dado que produjeron amenazas, detuvieron sin causa a varias personas y falsificaron documentación.

De acuerdo con la información que pudo obtener este diario, durante el allanamiento realizado el martes en la comisaría décima, el fiscal Domínguez secuestró cerca de cuarenta envoltorios con marihuana. Se sospecha que eran utilizados para “plantarlos” en las casas de las personas a las que se quería involucrar en presuntas actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Las detenciones de los cinco policías fueron realizadas el mismo martes, luego de que el fiscal Domínguez fuera notificado sobre las acusaciones que pesaban sobre distintas personas que habían sido apresadas por los uniformados. Los policías habían realizado al menos dos procedimientos en otras tantas casas de Budge, con la excusa de que se estaban buscando drogas prohibidas.

Luego de recabar testimonios y analizar la prueba colectada, el fiscal determinó que en realidad los civiles detenidos no integraban ninguna banda de narcotraficantes. Y lo que es más, incluso llegó a la conclusión de que no era de ellos la marihuana que había sido secuestrada, aseguraron las fuentes cercanas a la investigación judicial.

Una serie de testimonios, las contradicciones de los policías y otros elementos reunidos en la casa sirvieron para que Domínguez produjera un giro total en la causa, para incriminar a los policías que habían sido responsables de la denuncia original. Cuando se tuvo la certeza de que la droga había sido “plantada” por los uniformados, se hizo el allanamiento a la sede policial, donde se encontraron decenas de pequeños paquetes con marihuana, similares a los que antes habían sido hallados en las viviendas donde se hicieron los primeros procedimientos.

Se trataba de cerca de 40 envoltorios ocultos en unos cajones de la Comisaría 10ª. Todo hace presumir que la droga había sido secuestrada en otros operativos policiales y guardada en la seccional, en principio, para “plantarla” en algunos domicilios, abrir causas fraguadas y extorsionar a las víctimas pidiendo dinero a cambio de cerrar los expedientes.

Ante tal comprobación, el fiscal pidió la detención de los cinco uniformados, quienes quedaron alojados en otra dependencia policial, a disposición del fiscal Domínguez. Los policías son investigados ahora por irregulares cometidas en “al menos dos causas” que habrían sido “armadas”, no se sabe bien si para obtener dinero por medio de coimas o para hacer “estadística” y ganar prestigio ante sus superiores jerárquicos. Los cinco detenidos integraban el personal de calle de la comisaría.

Como derivación de los hechos, la Jefatura de la Policía Bonaerense dispuso desplazar de su cargo al titular de la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge, Javier Ascasibar. Una fuente judicial señaló que “desde hace tiempo se venían recibiendo denuncias de vecinos según las cuales la zona de Budge era ‘zona liberada’ para cometer delitos”. En varias oportunidades, además, “se denunciaron muertes de jóvenes en supuestos ‘ajustes de cuenta’ entre bandas; después de lo ocurrido, las sospechas recaen en la policía local”, concluyó el vocero.