El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó un pedido de informes para que el intendente Gustavo Posse brinde datos a ese cuerpo sobre el funcionamiento del jardín de infantes Tribilín y poder determinar así eventuales responsabilidades ante los casos de maltrato a niños. Durante una sesión prolongada del Concejo ocurrieron incidentes con forcejeos y golpes en el ingreso al recinto, cuando no se dejó entrar a los padres de los niños maltratados ni a legisladores nacionales a presenciar el debate.

Los padres habían concurrido al edificio municipal de la calle 25 de Mayo, en el centro de San Isidro, junto a sus abogados, para escuchar la sesión y respaldar la solicitud del pedido de informes, pero debieron escuchar el debate desde afuera del recinto.

“Queremos lograr que el intendente Gustavo Posse ponga a disposición de la comunidad toda la información para esclarecer cómo figuraba para el municipio el jardín Tribilín”, dijo Leandro Martín, concejal del Frente para la Victoria (FpV) que impulsa la iniciativa.

El pedido de informes que presentó Martín junto a ediles del FAP, un vecinalista y un independiente surge de haber detectado en el expediente 11012B/98 que el lugar fue habilitado para funcionar como jardín maternal “con capacidad para 32 alumnos”, sostuvo el concejal. Tras la habilitación municipal el jardín, ubicado en O’Higgins 591, “fue eximido de pagar el ABL al reconocerlo como establecimiento educativo privado según consta en los decretos 1261/98, 993/01 y 854/02, pero nunca la comuna le requirió la documentación provincial, lo que debió ocurrir tratándose de un servicio público como es el educativo”, aseguró Martín.

“Es más –acotó el concejal–, durante esos tres años el municipio acordó designar a tres becarios, cantidad proporcional al número de alumnos del establecimiento.”

Mientras la discontinua y ruidosa sesión ocurría en la sala del edificio, unos seis padres de los chicos que concurrían a la guardería esperaban afuera junto a sus abogados.

El concejal Carlos Castellano, de Acción Vecinal, dijo que “el proyecto de la oposición busca transferir la responsabilidad de la provincia (de Buenos Aires) al municipio de San Isidro”. Castellano aseguró que “tanto en Educación como en Salud los organismos de control son provinciales”.

El representante legal de los padres, Gonzalo Romero, sostuvo sin embargo que “espero que esto sirva para encontrar una explicación en términos de controles y responsabilidades tanto de la comuna como de la provincia de Buenos Aires”.

El intendente Posse había sostenido que la comuna acompañó y apoyó a los padres en la denuncia, pero algunos concejales descubrieron que la municipalidad conocía de la existencia del jardín y nunca lo controló.