En Tucumán, dentro de poco más de una semana, se sabrá si los jueces que absolvieron a los imputados en el caso Marita Verón enfrentarán el juicio político o no. La decisión la tiene la Comisión de Juicio Político de la Legislatura provincial, que desde principios de mes evalúa las acusaciones, los descargos de los jueces y las palabras de testigos presentados por las partes. Mañana debía realizarse la última de las audiencias, pero el fiscal federal de Mar del Plata Daniel Adler, que había sido convocado como experto en protocolos para testigos en causas de trata de personas, adelantó a Página/12 que no podrá concurrir y ofreció responder un cuestionario por escrito. La fecha límite para que la comisión decida si da curso o no al pedido es el 4 de abril, pero se estima que podría resolver antes de ese día.

De acuerdo con la normativa tucumana, los legisladores Sisto Terán, Gregorio García Biagosch, Alfredo Quinteros, Manuel Fernández, Guillermo Gassenbauer, Roque Alvarez, José Orellana, Beatriz Bordinaro, Iván Llorens Dip, Víctor Lossi, Carlos Assan y Ricardo Bussi deben decidir si las actuaciones deben archivarse o si corresponde formular la acusación, algo que deben votar dos tercios de los integrantes de la comisión. En caso de que se decida la acusación, la Constitución provincial estipula que “la Comisión Permanente de Juicio Político deberá sostener la misma ante el Jurado”.

La acusación se lanzaría sobre la Sala II de la Cámara Penal, integrada por Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. A fines de 2012, cuando Susana Trimarco y sus abogados presentaron el pedido de juicio político, Herrera Molina presentó su renuncia, pero el gobernador José Alperovich se la rechazó al comenzar febrero de este año.

Las actuaciones de la comisión comenzaron en los primeros días de febrero, cuando Susana Trimarco ratificó las acusaciones presentadas el 27 de diciembre. El planteo de la madre de Marita Verón cuestionó la actuación del tribunal durante el juicio, por “incumplir sus deberes de funcionario público” en situaciones como “amenazas entre los imputados”, “a testigos”, “a abogados”, “amenazas, amedrentamiento y hostigamiento a testigos por parte de los imputados”, “tratamiento inhumano y degradante a testigos y testigos víctimas”, “desatención de la seguridad de las testigos víctimas” en el caso de mujeres rescatadas de redes de trata, “violación de la reserva de identidad de las víctimas testigos”, “desigual tratamiento a las partes” y “omisión de denuncia” de delitos acaecidos o conocidos durante las jornadas del debate oral.

Al comenzar marzo, cuando vencía el plazo en que podían hacerlo, los jueces presentaron sus descargos. Los tres magistrados coincidieron en evaluar que la acusación contra ellos era un gesto político vinculado con una interna provincial, pero también relacionado con el contexto político nacional. Ese marco, escribió en su presentación Piedrabuena, presidente del tribunal, “me puso a mí y a mis colegas ante una difícil decisión, saciar la sed de venganza y condenar sin pruebas, de forma de quedar como pseudojusticieros ante la sociedad, a costa de violar las garantías y principios de una sociedad republicana y democrática o asumir el compromiso que nos impuso nuestra constitución y cargar con la ‘locura’ que los poderes políticos desataron a fin de obtener réditos impuros”.

Romero Lascano, por su parte, escribió que Trimarco dejó de ser una madre doliente para convertirse en una “figura nacional que consigue fondos, un empleo en el Ministerio de Justicia y luego de Seguridad de la Nación y llega hasta la propia presidencia”. “La pobre madre, antaño desvalida” se convirtió, señaló, en una figura de peso nacional “avalada por nuestra primera mandataria”. Por ello él y sus colegas quedaron “atrapados en los tentáculos de la política, y fuertemente conminados a condenar, aunque no existan pruebas suficientes de los hechos imputados”. También, fueron “injuriados por el Poder Ejecutivo Nacional (...) vilipendiados por la señora Trimarco, descalificados por medios de prensa nacionales que no conocen el expediente, y por sectores políticos siempre dispuestos a organizar puebladas para obtener réditos de la desgracia, la desesperación y la manipulación del sentir de muchas personas de buena fe”.

El renunciante frustrado Herrera Molina calificó como “hilarantes” las “acusaciones de ‘sexistas’, ‘machistas’ y ‘clasistas’” hechas por la Trimarco. Ni él ni sus colegas “fuimos ni seremos jamás funcionales a la trata ni a ningún otro delito”, aseguró, al tiempo que reclamó porque sus reputaciones “pretenden ser mancilladas irresponsable y maliciosamente por necesidades políticas subalternas” de la coyuntura, el “enorme lodazal en que la práctica política ha convertido a la coyuntura”.