Diez comisarías de la Zona Norte (en jurisdicción de Munro, Martínez, Boulogne, Villa Adelina, Tigre, Don Torcuato, El Talar de Pacheco, General Pacheco, Villa Rosa y Del Viso), y el sistema de actuación de la Bonaerense en general, quedaron bajo la lupa tras una escandalosa denuncia realizada por el camarista de San Isidro Fernando Maroto. El magistrado pidió al juez de turno en San Isidro que iniciara una investigación sobre la “detención de manera arbitraria y por portación de cara de personas inocentes, realizadas con el objeto de rellenar estadísticas y con la intención de encubrir la corruptela policial”.
Maroto sostuvo que el fin de la averiguación de identidad, generalmente realizada por el servicio de calle de las comisarías y por el Comando de Patrullas, “debería tener un fin prevencional. Pero en la práctica no ocurre nada de ello. Se advierte una profunda distorsión de la norma. La mayor parte de los detenidos en estos procedimientos resultan ser ciudadanos honestos, la mayor parte jóvenes o pobres desocupados”. El camarista de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro agregó que “los privan ilegalmente de la libertad, y amenazan, y ejercen contra ellos abuso de autoridad y apremios ilegales”.
También denunció que en la jurisdicción de San Isidro, a la que corresponden las comisarías mencionadas, “las detenciones arbitrarias más comunes las sufren los jóvenes sin instrucción escolar, indigentes, desocupados y marginados sociales, gente que resulta indefensa, y debe aceptar mansamente esta práctica ilegal”.
Según un estudio realizado sobre la jurisdicción de San Isidro, sólo dos de cada diez personas detenidas en razzias resultan ser posibles delincuentes. Maroto recordó el caso de la comisaría de Del Viso, en Pilar, donde se realizaron “detenciones masivas a partir de operativos”. Señaló que a esto se agrega la dificultad de que “en los procedimientos actúa personal de la Delegación de Investigaciones de civil, lo que impide su identificación y acentúa la sospecha de ilegalidad de los actos”. El juez concluyó que “el capricho, la voluntad de los funcionarios policiales de turno y la portación de cara son los motivos de las detenciones”.