El fiscal federal Federico Delgado pidió la declaración indagatoria del presidente de Falabella en Argentina, Juan Luis Mingo Salazar, acusado del presunto delito de trata de personas, al tercerizar la confección de prendas –que se venden en sus locales– a talleres textiles donde se explota laboralmente a inmigrantes en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con el dictamen de la Fiscalía Federal N° 6, Falabella, de origen chileno, abarata costos al adquirir mercadería fabricada sobre la base de “trabajo esclavo”. Por la decisión del directivo del holding, apuntó el fiscal, “fluyó el trabajo esclavo que se objetivó en prendas ofrecidas a los consumidores”. En ese sentido, el fiscal destacó la importancia del caso “porque no siempre es sencillo hallar el amo”, que está detrás de los talleres clandestinos. “Es más, muchas veces las causas fracasan por esa razón, porque tan sólo se logra descubrir el taller, mas no a quien se apropia de ese trabajo. Aquí las cosas fueron diferentes”, señaló Delgado.

El pedido de indagatoria se realizó ayer en el marco de una causa penal por trata de personas para explotación laboral y reducción a la servidumbre. Durante la investigación se realizó un procedimiento en dos talleres clandestinos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se detectó condiciones “deplorables” de trabajo y se secuestraron prendas sin terminar con etiquetas de Falabella y de las marcas Sybilla y Americanino, que comercializan en esas tiendas. Ahora, el juez Claudio Bonadío, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, debe resolver si acepta el planteo del fiscal y cita al directivo de la mayor cadena de tiendas por departamentos de Sudamérica o lo rechaza.

La causa se inició el 20 de diciembre, a partir de una presentación de la AFIP. Santiago Mozetic, jefe de la Sección Penal de la Dirección Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social del organismo, denunció ante la Cámara Federal que en el marco de las tareas de prevención y control de empleo no registrado, constató el funcionamiento de dos talleres textiles clandestinos, ubicados en Quirós 3041 y San Nicolás 266, de la Ciudad de Buenos Aires. Señaló que en el primero trabajaban diez personas en condiciones de “empleados cama adentro”, la mayoría peruanos, con un sueldo de aproximadamente 2500 pesos –de los cuales mil eran retenidos para la comida y vivienda– y que “las condiciones de higiene del lugar eran deplorables”.

Paralelamente, se averiguó que el lugar poseía cuatro ingresos, sus ventanas estaban polarizadas y tenían colocada una malla metálica a modo de reja. Además, una empleada de un bar lindero manifestó que iba a ser muy difícil que atendieran a los inspectores y que seguramente los estaban observando por las ventanas espejadas. Dijo que notó cómo algunas personas que ingresaban al lugar “tiraban piedras a las ventanas del primer piso para que les abrieran”. En el de San Nicolás se constató una situación similar, con la diferencia de que el sitio era utilizado como vivienda por el dueño de ambos talleres.

La investigación judicial “confirmó el efectivo funcionamiento de ambos talleres textiles”, mediante allanamientos ordenados por Bonadío, que “se realizaron, en forma simultánea, el 12 de marzo de 2013”. A la vez, determinó que allí se fabricaban prendas para Falabella S.A., que llegaban a las tiendas del holding chileno a través de la firma proveedora Sifap S.A. Por tal motivo, el fiscal también pidió que sean indagados por el delito de trata los responsables de esa firma, Héctor y Gustavo Mitelman. “Logramos desentrañar qué empresas se apropian del trabajo esclavo a través de la cadena de explotación de seres humanos. Por lo tanto, sus autoridades deben responder penalmente por estos sucesos. Se trata, concretamente, de la firma Falabella S.A. y, en consecuencia, es imperativo recibir declaración indagatoria a Juan Luis Mingo Salazar, su presidente. También a Héctor Mitelman y a Gustavo Mitelman, ya que son los responsables de la firma que ofició de proveedora, Sifap S.A.”, dice el pedido de indagatoria.

La firma Sifap tiene domicilio en Mendoza 4838/40 de la Ciudad de Buenos Aires. Funciona desde 1943 bajo el rubro “taller de estampados en metales (fábrica de plumas y chinches)”, precisa el dictamen. El dueño de Sifap es Héctor Mitelman y el presidente de la sociedad es Gustavo Mitelman. “Las averiguaciones practicadas por los policías que colaboraron con la investigación arrojaron que dicha firma, efectivamente, es proveedora de Falabella”, señaló el fiscal. Esa circunstancia “se probó de manera inequívoca en virtud del hallazgo en los talleres mencionados de rollos de etiquetas a nombre de Falabella S.A., que contienen la inscripción de códigos de barra o de productos”.

Delgado describió la operatoria: “Podríamos afirmar que las marcas, en este caso Falabella, se nutren a través de terceros de talleres que explotan a personas vulnerables. La tercerización les permite no ‘contaminarse’ directamente con la objetualización de seres humanos y bajar los costos para aumentar la tasa de ganancia”. “Es decir, las empresas mantienen el trabajo de diseño, comercialización, imagen, moldería y corte, mientras que tercerizan la confección, terminaciones y planchado directamente en talleres clandestinos o a través de talleristas intermediarios”, continuó su explicación el fiscal.

“Es evidente, entonces, que la dinámica de producción que se ha puesto al descubierto a través de la pesquisa revela la elección deliberada de un mercado informal para abaratar costos a través de terceras firmas, al precio de lucrar con la explotación de personas en una situación de vulnerabilidad tal que se vieron obligados a consentir la apropiación de su fuerza de trabajo para subsistir, en condiciones infrahumanas”, resumió Delgado.

“Los operadores judiciales vemos todos los días en Tribunales montones de causas que giran en derredor de talleres textiles clandestinos. Son procesos que tienen matices propios, pero rasgos comunes. Hablamos de inmigrantes ilegales que por necesidad son objetualizados y trabajan en condiciones deplorables. A su vez, son regenteados por otra persona que muchas veces trabaja a la par y en esas mismas condiciones. No obstante, siempre hay un amo”, añadió.

Los inspectores de la AFIP que descubrieron los talleres clandestinos prestaron declaración en la fiscalía y afirmaron que constataron que los trabajadores –en su mayoría de nacionalidad peruana– “viven ahí, duermen ahí y confeccionan todo el tiempo” y que “no salen mucho de la casa”. “Tenían cara de cansados, con ropa de trabajo, sucios. Aparte, el olor a encierro era terrible, no había ni una ventana abierta.”

Según la investigación, los dos talleres son propiedad de Robert Egber Tupino Yncacutipa, quien se encuentra registrado en la AFIP como monotributista, correspondiente a la categoría F (acabado de productos textiles), pero no tiene ningún empleado registrado en ese organismo.