La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación sigue de cerca el caso de una joven jujeña que está presa por matar al bebé que dio a luz tras quedar embarazada en una violación. “Es un drama absoluto y condensa la opresión y la desprotección que viven muchas mujeres víctimas de violación en la Argentina. Vamos a trabajar para que casos como éste no se repitan”, declaró a Página/12 Ana González, coordinadora del Plan Nacional de Derechos Humanos. Romina Tejerina, de 20 años, está detenida en el penal de mujeres de San Salvador de Jujuy, acusada de filicidio y podría recibir una condena a prisión perpetua. El caso conmueve a la ciudad jujeña de San Pedro, donde ocurrieron los hechos. Organismos de derechos humanos reclaman la absolución de Romina. Las pericias psiquiátricas muestran que habría actuado “bajo emoción violenta”, al revivir en el parto el momento de la violación: en la criatura “vi la cara del violador”, declaró la joven. A la cruzada por su libertad se sumaron más de medio centenar de ONG de mujeres de distintos puntos del país. El caso está en manos del juez penal Nº 5 de San Salvador, Argentino Juárez, quien debe resolver en los próximos días si la procesa o la deja en libertad.
La tragedia de Romina comenzó el 1º de agosto. Ese día, fiesta de la Pachamama en el norte argentino, fue a buscar a una hermana, de 22 años, a una peña, y un vecino se la llevó del lugar a la fuerza. En medio de la música fuerte, los pedidos de ayuda a su hermana quedaron silenciados. Según su relato, el hombre, de 38 años, que vive justo al lado de su casa, la subió a su auto y condujo a toda velocidad por un par de cuadras. Detuvo el vehículo y ahí mismo la violó. Todo transcurrió en la ciudad de San Pedro, la segunda en importancia en Jujuy, a unos 60 kilómetros de San Salvador. Tímida, más bien retraída, criada en un hogar con un padre severo y maltratador –según surge de las pericias psiquiátricas que se le practicaron–, Romina no se atrevió a contar su tragedia, por “vergüenza” y “temor” a que la culpabilizaran. En su cabeza resonaban frases salidas con frecuencia de la boca de su padre, dirigidas a ella y a sus hermanas: “son todas putas”, “ya algún día van a aparecer embarazadas”. Sólo le contó sobre la violación y el embarazo a su hermana de 22 años, pero la amenazó con suicidarse si llegaba a abrir la boca.
Romina vivió los siete meses de gestación con faja para disimular el crecimiento de la panza, ensimismada. Nadie en su familia se dio cuenta. Ni siquiera su hermana mayor, Mirta Tejerina, de 41 años, con quien vivía Romina. El parto fue prematuro, en la mañana del 23 de febrero, en el baño de su casa. Y ahí se desencadenó la tragedia. Puso a la criatura en una caja de zapatos y le aplicó puñaladas con un cutter. Romina quedó inmediatamente detenida. La beba murió a los dos días en el Hospital Pablo Soria, de San Salvador.
La causa, por homicidio calificado por el vínculo, está en manos del juez de instrucción en lo Penal Nº 5 de San Salvador, Argentino Juárez. El magistrado ya tendría que haber decidido la situación procesal de Romina. Fuentes judiciales informaron que, aunque los plazos para determinar si la procesa o no están vencidos, probablemente se expida después de la feria judicial de julio.
“El caso de Romina condensa la necesidad de trabajar seriamente para modificar las condiciones sociales y culturales que naturalizan la violación de las mujeres”, consideró Ana González, coordinadora del Plan Nacional de Derechos Humanos. La funcionaria, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, está siguiendo de cerca el desarrollo de la causa. “Nos interesa el caso porque es emblemático de la situación que atraviesan mujeres violadas que quedan embarazadas y por el contexto social no se animan a buscar ayuda ni a hacer la denuncia. No podemos intervenir en la decisión judicial, pero tenemos que encontrar caminos para que estos casos no se vuelvan a repetir. La tragedia se podría haber evitado si la situación de la mujer en esta sociedad fuera otra. Si pudiesen vencerse la vergüenza y la culpa que sienten las víctimas de abuso sexual para posibilitar la denuncia a tiempo de lo sufrido y actuar en consecuencia, encontrando justicia contra los abusadores y contención para evitar el desenlace trágico”, agregó González.
La cara del violador
En otro juzgado penal, el Nº 6 de San Salvador, quedó radicada la denuncia por violación que finalmente hizo la defensa de Romina contra Pocho Vargas, el vecino señalado como su violador. Cuando Romina quedó presa, Vargas desapareció de San Pedro pero, según contó ella, en los meses que siguieron a la violación y que se cruzaron, él se burlaba. El jueves pasado, como parte del movimiento de solidaridad con Romina, medio millar de manifestantes marchó desde la plaza central de San Pedro hasta el domicilio de Vargas, donde le hicieron un escrache y reclamaron que no haya impunidad para los violadores. La marcha fue convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Frente de Lucha Sampedreño, integrado por los gremios de docentes primarios (ADEP), docentes secundarios (Cedems) y municipales (SEOM) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Carlos “El Perro” Santillán.
La abogada de Romina, Mariana Vargas, reclama su absolución con el argumento de que actuó bajo “emoción violenta”. “Romina vivió en estado de shock durante todo el embarazo. Nunca pudo separar la gestación de la violación. Eso determinó que haga un episodio psicótico, según surge de las pericias psiquiátricas”, señaló a Página/12. Durante la pericia, la joven relató que alrededor del mes de ocurrida la violación, comenzó a sufrir pesadillas sobre el hecho, que la despertaban en medio de la noche, con mucho miedo. Durante el día, revivía el momento de la violación una y otra vez. Según la psiquiatra María Calvo, se trata de un “síntoma característico del trastorno por estrés postraumático”. Las reviviscencias son un síntoma que “suele acompañarse de disociación y que acarrea un intenso sufrimiento”, señala la pericia firmada por Calvo y la psicóloga María Teresa López de Fernández, del Hospital Neuropsiquiátrico Sequeiros, de San Salvador. Romina les contó –dice el informe– que vio en el bebé “la cara del violador” y revivió una vez más la violación. Según las peritas, el síndrome de estrés postraumático puede provocar actitudes equiparables a los estados de “intensa emoción”.
Más de medio centenar de organizaciones de mujeres del país reclaman el sobreseimiento de Romina, entre otras, FEIM, Feministas en Acción, Fundación Mujeres en Igualdad, Fundación Alicia Moreau de Justo, Fundación Karakachoff y Asociación Mujeres en Acción. También la Pastoral de las Mujeres y Género del Consejo Latinoamericano de Iglesias y la sección de Género de la CTA. Las adhesiones están abarrotando la dirección de correo electrónico [email protected]. “Romina fue víctima, como tantas mujeres, de la violencia más ultrajante. Procesarla y condenarla sería sumar más tragedia a la ya sufrida: la violación sexual, la vergüenza, la opresión y naturalización social de todas las formas de violencia contra la mujer”, sostiene el movimiento que reclama su libertad.