La diputada socialista María Elena Barbagelata impulsa la creación de un Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales, que prevé la implementación de servicios gratuitos donde puedan recibir atención médica, psicológica y jurídica. Entre las prestaciones, se incluye la anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo tras una violación y también tratamientos preventivos para el contagio de HIV y otras enfermedades de transmisión sexual. Según las últimas estadísticas de la Dirección Nacional de Política Criminal, sólo en el primer semestre del 2002 se registraron 4129 denuncias de delitos sexuales en todo el país, de los cuales 1462 fueron violaciones. Se estima, sin embargo, que se denuncian apenas un 10 por ciento de las violaciones. En el mismo período, en la ciudad de Buenos Aires, las denuncias por este delito fueron 92, mientras que en el territorio bonaerense ascendieron a 360.
Barbagelata presentó, además, otro proyecto de ley que crea una fiscalía especializada en este tipo de delitos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. “El objetivo de la fiscalía es que sea un ámbito especializado para recibir denuncias, recolectar pruebas y brindar asistencia directa e integral a las personas que sufran este tipo de delitos, para evitar que sean revictimizadas”, explicó la diputada. Los delitos sexuales suelen ser difíciles de probar y, además, las personas que los sufren muchas veces no los denuncian por temor o vergüenza y para evitar los sucesivos estudios médicos que se les suelen realizar durante la instrucción judicial.
Una experiencia piloto se desarrolló en Mar del Plata. “Lamentablemente, el Ministerio Público de la provincia la desactivó. Su efectividad era realmente interesantísima. En dos años de actuación pasó de recibir 8 denuncias mensuales a 44, con 98 por ciento de condenas”, señaló Barbagelata a Página/12.
El Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales será discutido en una reunión con expertos (médicos forenses, médicos, jueces, fiscales) convocada en Diputados para el 15 de julio. Según el proyecto, funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Salud, en coordinación con las carteras de Educación, Desarrollo Social, Interior, Justicia y el Ministerio Público Fiscal. El plan apunta además a “sensibilizar y capacitar, con perspectiva de género, al personal de las fuerzas de seguridad, de salud, de educación y de justicia para la prevención y asistencia” de las víctimas de estos delitos.