Por amplia mayoría, el Concejo Deliberante de Salta le puso freno al fundamentalismo religioso que buscaba declarar a la capital provincial como “ciudad pro vida” y pretendía imponer además una serie de medidas violatorias de los derechos de las mujeres, como la prohibición del uso, distribución, difusión o promoción en todas las dependencias de la municipalidad local de la llamada “píldora del día después”, que previene embarazos no deseados, y la suspensión de los protocolos de atención de los abortos no punibles. Tras un extenso debate, la ordenanza impulsada por un concejal que responde al senador nacional Juan Carlos Romero, del peronismo disidente, fue rechazada por 16 votos a cinco.

Los bloques alineados con el oficialismo del gobernador Juan Manuel Urtubey, el kirchnerismo y la izquierda votaron en contra del proyecto “antiderechos” del concejal Aroldo Tunini, apodado “Torquemada” en los círculos políticos salteños, tras la presentación de esta propuesta.

“Este proyecto es engañoso porque da a entender que quienes no están con ‘ciudad pro vida’, están a favor de la muerte. Y la negativa surge porque se trata de intentos de normativas violatorias de los derechos de las mujeres, con conquistas logradas después de largos años de lucha, que tienen la opción de decidir sobre su vida sexual y reproductiva, a través de medidas concretas del gobierno nacional, del gobierno provincial y municipal”, sintetizó la posición mayoritaria la concejal Frida Fonseca Lardiez, del PJ.

El proyecto de Tunini fijaba una asignación económica para incentivar a las víctimas de una violación, que resultan embarazadas, a continuar con esa gestación, convirtiéndolas en una mera incubadora, tal como informó este diario en marzo. Buscaba la aplicación, como principio rector en todas las políticas públicas municipales, “garantizar el derecho humano a la vida a todos sus habitantes, desde la concepción y hasta su fin, por causas naturales”.

“El rechazo fue un triunfo colectivo del movimiento de mujeres que trabajó para que este proyecto no fuera aprobado, dándoles argumentos concretos a los concejales”, celebró en diálogo con Página/12 Tania Nieves Kiriaco, co-coordinadora del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta. La iniciativa, destacó Kiriaco, permitió al mismo tiempo “empezar a profundizar sobre cuestiones de género” en el Concejo Deliberante de la capital provincial. En esa línea trabajaron referentes de la Multisectorial de Mujeres de Salta, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista (RedPar), Cladem y la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, entre otras voces.

Los cinco votos a favor fueron de Tunini, autor del proyecto, y de los concejales Raúl Carlos Zapata, alineado con el diputado nacional del PRO Alfredo Olmedo (el de la campera amarilla y propuestas legislativas reaccionarias); Ariel Burgos y Raúl Medina, del Frente Salteño, Socorro Villamayor, del monobloque Fe Peronista, (los tres responden también a Romero), y Martín Novaro Pérez Estrada, cercano al ex gobernador salteño de la última dictadura militar, Roberto Ulloa.

La iniciativa generó gran revuelo en Salta desde que se conoció, a comienzos del año legislativo. El jueves 14 de marzo fue rechazada en la Comisión de Derechos Humanos, que encabeza el kirchnerista Martín Avila, del bloque Memoria y Movilización. “No encontramos fundamentos al proyecto, en especial porque vulnera el derecho de igualdad, el derecho de las mujeres sustentados en derecho internacional, en leyes nacionales”, señaló Avila, durante el debate en el recinto. Recordó la Ley Nº 25.673 que crea el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley Nº 26.150, de Educación Sexual Integral, la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para erradicar la violencia contra la mujer y los convenios internacionales firmados por el país, para fundamentar su oposición.

Gabriela Cerrano, del Partido Obrero, destacó que “el proyecto es un agravio a los derechos de las mujeres, a los derechos de la salud reproductiva de las mujeres”. Y cuestionó que “hoy la mujer no puede decidir aún sobre su cuerpo porque falta la educación sexual científica” y reclamó “su incorporación desde el nivel inicial”. Cerrano también dijo que “en el caso de Mendoza, con una ordenanza del mismo tenor, sólo sirvió para poner trabas a la aplicación del aborto no punible”. En relación con artículo 2 del proyecto que establece un subsidio para la mujer embarazada producto de una violación, consideró que “es agraviante pagar para que siga el embarazo cuando de ninguna manera fue deseado”.

A su turno, Martín Poma (del Partido Popular para la Victoria, que responde a Urtubey) planteó “qué criterio tomará un médico cuando llegue al hospital una mujer por un aborto no punible: ¿el que establece la ley nacional o se remitirá a esta ordenanza que se intenta aprobar? Seríamos el hazmerreír en el país, porque primero están las leyes nacionales, sumado a ellos los fallos favorables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por debajo una ordenanza”. Además, sostuvo que “el aborto legal salva vidas”.

La votación en contra de la ordenanza “antiderechos” fue analizada en el movimiento de mujeres como un signo auspicioso, en una provincia donde los fundamentalismos religiosos influyen en las políticas públicas, con fuerte impacto en la vida de las mujeres. “En Salta, existe una realidad que no se quiere ver y no se dimensiona por falta de estadísticas, debido a una fuerte cultura patriarcal en donde la enseñanza religiosa es obligatoria en escuelas públicas y donde no está incluida la educación sexual integral. A la vez que existe un marcado índice de niñas y adolescentes madres y denuncias por abusos sexuales que ocurren dentro del núcleo familiar, que en muchos casos no se denuncian”, recordó a este diario Kiriaco, del Colegio de Abogados local.