El reclamo del personal del Hospital Gutiérrez derivó en una presentación judicial.
Imagen: DyN.

La Justicia intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a contratar en el plazo de quince días corridos a treinta enfermeros para el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La resolución responde a un recurso de amparo presentado por el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva de ese centro de salud. Ayer al mediodía, en forma simultánea a la decisión judicial, los trabajadores del Gutiérrez realizaron un acto en la puerta del hospital en el que denunciaron el “vaciamiento” de la institución debido a la falta de insumos, médicos, enfermeros y equipamiento. A su vez reclamaron una solución ante la recorte salarial que sufrieron en junio y que afectó a unos 15 mil empleados.

La resolución judicial, tomada por el Juzgado Nº 5 en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, establece que haya “al menos una enfermera cada dos pacientes” en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Gutiérrez y responde a uno de los puntos del recurso de amparo presentado por Gerardo Ernesto Moreno, jefe de esa área. En la audiencia realizada ayer se resolvió otorgarle al gobierno porteño un plazo de quince días corridos para la designación de treinta enfermeras para cubrir la Unidad de Terapia Intensiva.

El reclamo del personal del centro de salud ante la Justicia incluye, sin embargo, otros puntos que quedaron pendientes. El déficit de recursos humanos también afecta, según los trabajadores, a las áreas de servicios críticos, neurología, salud mental, servicios sociales, hemoterapia y laboratorios. “Es muy grave lo que está pasando en todas las áreas del hospital. Al problema de los nombramientos se suman los edilicios y los de aparatología. Por lo tanto, esta decisión de la Justicia, que primero hay que ver si se cumple, es una solución intermedia. Existe un problema integral que todavía hay que resolver”, explicó a este diario Silvia De Francesco, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Gutiérrez. “Lo ideal sería contar con una enfermera cada dos camas. El hospital tiene, en terapia intensiva, 18 camas. En estos momentos estamos funcionando con tres o cuatro enfermeras para toda la unidad”, agregó De Francesco.

El diputado Jorge Selser (Alternativa Buenos Aires), presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, calificó a la conducción del Gutiérrez como “lamentable” y sostuvo que “en 27 años que tengo de médico municipal jamás había visto una situación de crisis provocada por una política de abandono premeditado como sucede ahora”. A su vez, el diputado, quien acompañó a Moreno en la audiencia de ayer, sostuvo que “además de las pocas enfermeras, la Unidad de Terapia Intensiva cuenta con menos médicos de los necesarios, quienes hacen un tremendo esfuerzo por paliar los déficit”.

A partir de la denuncia de terapia intensiva, los trabajadores de las diferentes áreas del Gutiérrez comenzaron a manifestar sus necesidades (falta de personal, insumos y equipamiento para afrontar el trabajo cotidiano). En el acto de ayer, Carlos Alberto Magdalena, miembro del Servicio de Neurología del hospital –donde funciona un centro municipal de epilepsia infanto-juvenil–, sostuvo que “estamos asistiendo al vaciamiento de la salud pública”.

La licenciada Susana Toporosi, coordinadora de Salud Mental, anticipó que “en estos días nos reunimos con la Comisión de Salud de la Legislatura donde presentamos todos los casos y estamos analizando realizar una demanda colectiva”. Toporosi detalló que “en el hospital tenemos una situación muy crítica en varios servicios donde prácticamente es imposible seguir funcionando” y aseguró que “hay un riesgo altísimo de que pueda pasar algo grave”.

En cuanto al recorte salarial de entre mil y dos mil pesos que afectó a unos 15 mil empleados de hospitales porteños, los diputados Selser y Fabio Basteiro (Buenos Aires para Todos) presentaron un pedido de informes al Ejecutivo de la Ciudad para que explique sobre la rebaja que se les aplicó en los haberes de junio de los trabajadores. La explicación que en su momento dio el gobierno de Macri fue que la quita responde a recitificación de un error administrativo que se repitió en los sueldos de los últimos nueve meses.