El gobernador bonaerense, Felipe Solá, dijo ayer que en las próximas horas anunciará la primera parte del paquete de medidas que considera “claves” para poner un dique de contención a la inseguridad. El anuncio corresponde al tema que se instaló en el ojo del huracán: los desarmaderos. Según un comunicado del gobierno, se dará un plazo de 10 días para que desarmaderos y locales dedicados al rubro automotor se pongan en regla con determinados requisitos: identificar la procedencia de los vehículos y a sus propietarios. Deberán contar además con un libro foliado. Pasado ese plazo, el que no haya cumplido quedará fuera de la ley. Ayer, Página/12 anticipó que el gobernador sondeaba al ex jefe del Ejército Martín Balza para ocupar la jefatura de la Bonaerense. A través de este diario, Balza rechazó tal posibilidad. En respuesta indirecta, ayer Solá dijo a los periodistas que “el jefe de policía soy yo”. Hoy, a las 10 de la mañana, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, dará las nuevas pautas a las que deberán atenerse los federales. Lo hará ante 400 jefes de la Federal. La consigna: “Al que no le guste, se va”.
El decreto, que se anunciará “en las próximas horas”, anoche era aún motivo de ajustes, especialmente jurídicos. Por la tarde, Solá convocó a una conferencia de prensa para anunciar los detalles del decreto. Pero alrededor de las ocho de la noche, la conferencia fue anulada y en su reemplazo se prometió a la prensa la entrega de un comunicado de cuatro puntos. El decreto seguirá siendo anunciado.
En el comunicado, Solá anticipó algunas características del dispositivo anti-desarmaderos. En resumen, se abrirá un plazo de 10 días para que los desarmaderos remitan la identificación de los vehículos en su poder y los datos de sus propietarios. Pasado ese límite, los que no hayan cumplido con el trámite no podrán abrir sus puertas.
El comunicado, además, se extendía no sólo a los desarmaderos sino a todos los comercios que intervengan en algún punto del negocio de vehículos y embarcaciones. Quedarán incluidos dentro del rubro, además de los desarmaderos, los locales de venta de usados, autopartes y carrocerías, talleres mecánicos, chapistas, electricistas, talleres de pintura, gomerías, tapicerías, servicios de remisería y taxis.
Deberán contar además con un libro foliado donde se registren todos los movimientos del local, incluyendo los datos de vehículos y propietarios. También estarán obligados a una nueva habilitación municipal y a inscribirse en un registro policial. Según las autoridades bonaerenses, se estima que más de la mitad de los desarmaderos del territorio bonaerense quedará fuera de circulación.
En la provincia, los desarmaderos constituyen el núcleo central de la ola delictiva más violenta, además del narcotráfico. Según estadísticas anticipadas por Página/12, buena parte de los homicidios (y la mayor parte de los policías muertos) tienen lugar en el robo de vehículos. El negocio de los desarmaderos ocupa al 50 por ciento de los vehículos robados. Los expertos sostienen que el desguace de un auto robado produce alrededor de 4 mil pesos por la venta de autopartes. El negocio está sostenido por los desarmadores, que reciben los pedidos de los autopartistas. Los pedidos son muy precisos, incluyendo marca del auto, color y hasta tapizado. Por no más de 300 pesos, ladrones marginales obtienen el vehículo en cuestión. La carencia de especialidad impide que el auto sea robado detenido, por lo que toman posesión del mismo en movimiento, hecho que por lo general deriva en la muerte del conductor, especialmente si se trata de un policía que defiende a tiros su auto.
En la otra punta se encuentra un comisario de la Bonaerense, que hace la vista gorda o participa directamente como socio o dueño del negocio. La vista gorda tiene un precio que el desarmador paga sin chistar. También las autoridades municipales tienen vinculación con los desarmaderos, ya sea por participación o por conocimiento. La nueva habilitación municipal que deberán obtener los desarmaderos blanquea la responsabilidad de los intendentes, ya que deberán responder por los desarmaderos que se encuentren en cada jurisdicción.
Fuera del tema central, Solá continuará trabajando con su equipo sobre la prohibición de venta de alcohol a menores y el nuevo régimen que deberán cumplir los locales habilitados para la venta de bebidas alcohólicas. Este diario anticipó que la Subsecretaría de Atención a las Adicciones terminó tres proyectos de ley para enderezar la publicidad de bebidas alcohólicas, elevar mediante impuestos el valor de la cerveza y transformar en delito la venta de alcohol a menores, que hoy se castiga como una contravención.
Por otro lado, el gobernador aclaró a los medios que “el jefe de policía soy yo”. Lo dijo cuando le preguntaron si el ex jefe del Ejército Martín Balza sería designado a la cabeza de la Bonaerense. Ayer, Página/12 anticipó que el gobierno sondeaba al militar para subirse al volcán y que el propio Balza rechazó el cargo.