La investigación sobre los bienes de los comisarios y subcomisarios, la destitución del jefe de la Bonaerense, Alberto Sobrado, el seguro pase a retiro obligatorio de otros altos –y millonarios– mandos de la fuerza y la guerra emprendida contra la mafia de los desarmaderos –también en buena parte propiedad de ex jefes de la Bonaerense– son parte de una batalla imprescindible contra la inseguridad. El gobierno de Felipe Solá y el ministro Juan Pablo Cafiero emprenden esta batalla en forma tardía, después de percibir que las últimas muertes estaban empezando a producir puebladas –algunas incentivadas por los ex jefes policiales– en distintos puntos del Conurbano. También tuvo influencia el enojo presidencial: “La inseguridad es producto de políticos que no están a la altura de los acontecimientos y es producto también de policías desleales”, se despachó Néstor Kirchner nada menos que en un homenaje a los uniformados caídos.
La batalla emprendida es riesgosa y los antecedentes indican que hay que estar muy alertas, porque los gangsters suelen producir respuestas sangrientas y estruendosas.
- El siniestro asesinato de José Luis Cabezas –lo fusilaron esposado de dos tiros en la nuca y después incineraron el cuerpo– se produjo justo después de que el secretario de Seguridad de entonces, Eduardo De Lázzari, pasara a retiro a la camada de “porongas” policiales más famosa, incluyendo a Mario “Chorizo” Rodríguez, Mario Naldi, Coco Rossi y otros tantos. A ello hay que agregarle otras dos “casualidades”: Cabezas trabajaba para la revista Noticias, que publicó aquel famoso artículo “La Maldita Policía” y, además, el cuerpo del fotógrafo quedó justito en el camino por el que pasó el gobernador Eduardo Duhalde apenas una hora después del crimen.
- Cuando se dispuso la primera intervención de la Bonaerense y pusieron a la cabeza a un civil, Luis Lugones, se produjo una de las profanaciones de tumbas judías más feroces de la historia. Fue en el cementerio de La Tablada: 96 tumbas destruidas y pintarrajeadas con consignas nazis. El mensaje era: “Meterse con nosotros trae problemas”.
- Después de la masacre de Villa Ramallo, en que policías mataron a rehenes y delincuentes a la salida del Banco Nación, quedó cuestionada otra vez toda la cúpula policial. La respuesta se produjo 48 horas después: profanaron en Liniers otro cementerio judío. Esta vez arrasaron con tumbas de niños.
- En octubre pasado, había una inmensa presión policial para lograr la renuncia de Juan Pablo Cafiero e incluso parte del aparato duhaldista soñaba con sacarse de encima a Felipe Solá. Todo coincidió con uno de los secuestros más sospechosos de los últimos tiempos, el de Antonio Echarri, el papá de Pablo. El caso fue tan escandaloso que la policía llegó al lugar donde estaba el secuestrado, lo rescataron y no hubo un solo detenido. La Cámara de Apelaciones deslizó en su fallo una frase sutil: “El caso se parece mucho a un armado contra la inteligencia”.
- Hace diez días, cuando se anunció la investigación de los bienes de comisarios y subcomisarios, se produjo el secuestro del padre de Leonardo Astrada, en plena calle, a la luz del día y con al menos dos autos estacionados con gente armada esperando a su víctima. Es también un secuestro extraño por otra razón: los secuestradores están remisos a negociar, llaman de vez en cuando, no parecen apurados en terminar con la negociación y sacarse de encima al secuestrado más buscado del país. Tal vez sea sólo otra casualidad.
O sea que cuando se le planta batalla a la mafia –no al delito originado en la marginalidad social–, puede haber represalias. Generalmente en forma de un secuestro, un crimen o un hecho de repercusión. Esto no lleva de ninguna manera a la conclusión de que no hay que dar la batalla, sino todo lo contrario. Los ciudadanos no pueden seguir siendo rehenes. No es una cosa de ricos, que cuentan con un ejército de custodios privados. La inseguridad de la mafia la padecen todos, esencialmente de la clase media para abajo.