El plan exterminador contra los desarmaderos no cesa: la Bonaerense desarticuló en un solo día cuatro negocios clandestinos, detuvo a trece personas y secuestró algo más de 1600 autopartes. En los operativos lograron desactivar el desarmadero de Guaminí, considerado el más importante de la provincia. La batalla desvela al gobernador bonaerense, Felipe Solá, quien, como anticipó Página/12, firmó el Decreto 294, que mantendrá bajo la lupa a todos los sectores del comercio que trabajen con vehículos y autopartes. El decreto pone en funcionamiento una base de datos que estará manejada por el Ministerio de Seguridad, ordena inspecciones de la policía cada 20 días y les exige a los desarmaderos archivar los datos de sus clientes. El paquete de medidas incluye la amenaza de expulsión a los comisarios que toleren la actividad ilegal y el lanzamiento de un kit de seguridad extra: una encuesta preparada para medir la relación entre delitos y adicciones.
El nuevo decreto de Solá forma parte de la batería de herramientas jurídicas que genera la provincia desde el año pasado, cuando comenzaron los primeros megaoperativos para desarmar uno de los problemas que azotan al Conurbano y al propio gobierno bonaerense. En efecto, al robo de vehículos y al desguace en autopartes se suman la comercialización ilegal y la adulteración de documentación.
Los destinatarios del nuevo paquete de medidas son todos los integrantes del universo automotor: titulares o responsables de talles mecánicos, chapistas, de electricidad o pintura, desarmaderos, de reparación integral o especializada. Además incluye la instalación de alarmas o sistemas de audio, gomerías, tapicerías y servicios de remisería y de taxis. También cocheras y o estacionamientos de automotores, de guardería o depósito de embarcaciones y de comercialización o instalación de equipos de gas natural comprimido.
Todos ellos a partir de ahora deberán dejar sus nombres, números, pelos y señales al descubierto: el decreto les exige presentación de libros foliados y rubricados por el titular de la comisaría de la jurisdicción y la presentación de una copia certificada de habilitación. Los datos serán recogidos por la seccional correspondiente, remitidos más tarde a la Departamental y finalmente serán almacenados en el Ministerio de Seguridad.
La base de datos incluirá el sector de agencias de remises y de taxis, que deberán cumplir el mismo tipo de trámite, pero además tendrán que especificar detalles de sus móviles, de sus conductores y de licencias. E incluye a los dueños de los negocios de autopartes que deben cubrir un requisito adicional: no sólo deberán mandar sus datos sino los de sus clientes, es decir, modalidad de la compra, datos registrales del bien, fecha, número y monto del recibo oficial.
La batalla exterminadora contra la comercialización clandestina tuvo ayer uno de sus mejores días. Hubo allanamientos en San Fernando, Morón, Claypole y finalmente en el desarmadero Garré, de Guaminí, tal vez el más importante. Allí participaron 200 policías en un procedimiento que se extenderá hasta el sábado, sobre una planta en la que secuestraron unos 4850 autopartes. Entre ellos, 250 chasis, 300 blocks, 650 puertas, 1200 capots, 450 cabinas, 500 cajas de cambio y 1500 frentes delanteros. Durante hoy, Juan Pablo Cafiero y Felipe Solá tal vez hagan una recorrida por ese sitio donde la policía detuvo a cinco personas.
El número de detenidos fue creciendo durante el día a raíz del otro procedimiento en un galpón de la villa San Jorge, de San Fernando, donde participaron 120 policías que secuestraron unos 120 autos cortados y autopartes. La banda desarticulada estaba formada por 12 personas, de las cuales seis fueron detenidas. Los involucrados fueron puestos a disposición del fiscal de San Isidro, John Broyard, y del juzgado de Garantías de turno por “robo reiterado de automotor y encubrimiento agravado”. El comisario mayor Rubén Cabrera, a cargo del procedimiento, detalló las características de esta banda: “Sus integrantes –dijo– forman tres grupos de trabajo; uno se dedicaba al robo de los vehículos, otro estaba encargado de desmantelarlos y cortarlos y el restante comercializaba las piezas”.