El caso de Romina Tejerina, la joven jujeña que está presa por matar al bebé que dio a luz tras quedar embarazada en una violación, llegó al Congreso. Ayer, diputadas y senadoras nacionales reclamaron su inmediata libertad. “Romina no pudo comprender la criminalidad de sus actos y debe ser sobreseída”, resumió la radical María José Lubertino. Al reclamo –motorizado por más de medio centenar de organizaciones de mujeres de todo el país– se sumaron Marta Maffei, secretaria general de la Ctera, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, por considerar su reclusión “injusta y violatoria de los tratados y normativas internacionales que protegen a la mujer de todo trato discriminatorio”.
En una carta abierta a la sociedad, la joven dijo estar “arrepentida” y pidió que la Justicia actúe para que no haya “más violadores libres”. “Si bien yo solía salir a bailar, eso no significa que cualquiera iba a hacer conmigo lo que quiera; todos, como seres libres, tenemos derecho a elegir”, escribió desde la cárcel de mujeres de San Salvador de Jujuy, donde está presa a la espera de que el juez penal que entiende en la causa, Argentino Juárez, resuelva si la sobresee o la procesa por homicidio agravado por el vínculo, un delito con una pena máxima de reclusión perpetua.
La carta de Romina, de 20 años, fue leída ayer por su abogada, Mariana Vargas, en una conferencia de prensa convocada en el Congreso en apoyo a la joven. Al encuentro concurrieron representantes de ONG de mujeres y de derechos humanos, entre ellas, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. La reunión estuvo encabezada por las diputadas Lubertino (UCR), Marcela Rodríguez (ARI) y María Elena Barbagelata (socialismo), la senadora Diana Conti (Frente Grande) y Graciela Tejero Coni, coordinadora nacional de Amas de Casa del País, la entidad que en Jujuy inició la cruzada por la libertad de Romina. Las legisladoras tomaron este caso como emblemático del avasallamiento de derechos que sufren “centenares de miles de mujeres que son violadas en el país” y se comprometieron a impulsar la sanción de un Programa Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales. También adelantaron que trabajarán por la reglamentación del aborto no punible y por la reincorporación al Código Penal de la figura del infanticidio, que atenuaría la pena de homicidio en los casos cometidos por una madre sobre su hijo durante el período llamado puerperal, un artículo que fue suprimido por el Senado en 1994. Como informó Página/12, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también está siguiendo atentamente la situación procesal de la joven jujeña.
“El de Romina es un caso paradigmático que reúne todas las formas de discriminación que puede sufrir una mujer”, señaló la diputada Rodríguez y enumeró: “No tuvo a su alcance métodos anticonceptivos; el Estado no la protegió de la situación de violencia sexual; tampoco pudo recurrir a un hospital para acceder a la anticoncepción de emergencia para prevenir el embarazo; no hizo la denuncia porque el sistema judicial vuelve a revictimizar a la mujer violada, y la investigación por su violación todavía no empezó”.
Las pericias psiquiátricas que se le practicaron muestran que Romina habría actuado “bajo emoción violenta”, al revivir en el parto el momento de la violación: en la criatura “vi la cara del violador”, declaró la joven. Ese es el principal argumento para reclamar su sobreseimiento. “Romina vivió en estado de shock durante todo el embarazo. Nunca pudo separar la gestación de la violación. Eso determinó que haga un episodio psicótico que desencadenó en la muerte del bebé”, fundamentó su abogada.
Romina, de 19 años, fue violada el 1º de agosto y quedó embarazada. Todo transcurrió en la ciudad de San Pedro, a 60 kilómetros de San Salvador. El 23 de febrero se produjo el parto prematuro en el baño de su casa. Allí le aplicó puñaladas a la criatura, que murió dos días después. Romina quedó inmediatamente detenida. Según el relato de la joven, el violador fue un vecino suyo, de 38 años, a quien denunció cuando quedó detenida, y que desapareció de su casa. El acusado ni siquiera fue llamado a declarar. “Pido que se haga justicia con este señor. El no puede andar circulando en la calle como si nada hubiera pasado. Si yo estoy encerrada, él también tiene que estar adentro”, pidió Romina en su carta.