El dueño de una fábrica de muebles de San Miguel de Tucumán fue detenido acusado del delito de trata. En su domicilio fue rescatada una adolescente colombiana de 16 años que era explotada como servidumbre. La acción fue promovida por la Procuraduría de Trata del Ministerio Público, luego de recibir una denuncia del Consulado de Colombia, en la que los padres de la joven daban cuenta de que había viajado con su autorización, con la promesa de prosperar económicamente en la Argentina pero, en realidad, se encontraba obligada a realizar labores domésticas y viviendo en condiciones precarias. La joven les pudo contar a sus padres que también era víctima de maltrato físico y había sido abusada sexualmente por su explotador.

La adolescente, su novio y el hijo de ambos, de 14 meses, salieron de Colombia el 30 de mayo acompañados por el propietario de la fábrica. Ingresaron al país, el 6 de junio, a través del paso fronterizo Paso de Jama, que une Chile y Argentina, por el norte, en una camioneta Toyota modelo Hilux, perteneciente al hombre que los trajo, según los registros migratorios, a los que accedió la Procuraduría al iniciar la investigación preliminar del caso. Habían viajado con la promesa de conformar un hogar y prosperar económicamente. Pero en Tucumán se encontraron con otra realidad.

Los padres de la adolescente hicieron la denuncia en la localidad colombiana de Popayán, capital del departamento de Cauca, ubicada al sudoeste del país y a unos 600 kilómetros de Bogotá. En esa denuncia contaron que sólo lograron tener contacto telefónico con su hija después de 20 días de haber iniciado el viaje a la Argentina y que ella les había contado que la tenían encerrada en una casa haciendo trabajos domésticos, que no le daban comida y que la maltrataban. También dijo que su captor la había violado sexualmente, que la amenazaban con quitarle la custodia del bebé y que la iba a echar de la casa. Los padres además afirmaron que el hombre sería oriundo de Popayán, y pariente del novio de la joven, y que al enterarse de que ellos se habían contactado con algunos familiares suyos en esa ciudad para que ayudaran a la adolescente a regresar a Colombia, la chica había sido golpeada e incomunicada totalmente.

La denuncia, originalmente realizada en Colombia el 6 de agosto, llegó al día siguiente a la Procuraduría de Trata del Ministerio Público, que inmediatamente abrió la investigación, para poder corroborar la información recibida. De ese modo, se pudo constatar que los datos provistos sobre la identidad del posible captor eran correctos, al igual que la información sobre el domicilio en Tucumán, donde se encontraría, y el título de propiedad del vehículo en el que había sido ingresada la joven al país.

Ante esa situación, 48 horas después de la denuncia de los padres de la joven en Colombia, la Procuraduría de Trata requirió medidas probatorias de carácter urgente a la fiscalía federal Nº 1 de la ciudad de Tucumán, a cargo de Carlos Brito, ya que los hechos enunciados daban cuenta de una posible situación de “trata de personas menores de edad con finalidad de reducción a la servidumbre y/o matrimonio servil, o cualquier tipo de unión de hecho”. El fiscal Brito ordenó el inmediato allanamiento y rescate de la adolescente y su hijo. Se constató que estaba en situación de servidumbre. En el operativo intervino la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El presunto explotador fue detenido.