Desde Rosario

“El ingeniero que firma informes técnicos del Internacional Park es uno de los apoderados de la firma”, denunció ayer la concejala radical María Eugenia Schmuck. Se trata del ingeniero civil Adrián Francisco Osella, que fue detenido el sábado pasado y ayer obtuvo una prisión domiciliaria por problemas de salud. El juez Juan Carlos Curto le concedió la libertad bajo caución de 200 mil pesos, pero su defensa aclaró que, mientras se evalúa esa condición, el acusado permanecerá en su casa, como se resolvió ayer. Además, por la mañana el magistrado dispuso la libertad –también bajo caución, en este caso de 30 mil pesos– del joven de 19 años que operaba la vuelta al mundo el sábado pasado, cuando se precipitó una taza del juego y murieron dos chicas, de 12 y 14 años. También hubo declaraciones de otros funcionarios y la Justicia prevé sumar informes al expediente.

Tras pedir que funcionarios de la municipalidad se presentaran a dar explicaciones sobre la concesión y los controles del Internacional Park, la concejala dijo: “Me extraña que ningún funcionario se diera cuenta de que Internacional Park se controla a sí mismo. En el pliego constan fojas donde el mismo apoderado de la firma se designa para realizar los informes. Luego, el municipio sólo se limitaba a tomar conocimiento de éstos y darle curso administrativo, sin corroborar si era calificada la información que contenía”. Y fue más allá: “El error en este caso es doble, primero porque no se puede permitir que el concesionario sea juez y parte; segundo, porque ese informe no lo corroboraba el municipio”.

Según pudo saber este diario, en la Justicia se planteó como “habitual” que los informes técnicos semestrales que exige la ordenanza fueran firmados por el apoderado. En el expediente figura la última presentación al municipio con fecha del 25 de junio pasado. Según criticó Schmuck, “desde el punto de vista técnico es reprochable porque (el profesional) no es un ingeniero mecánico”.

Fuentes con acceso al expediente indicaron que en 2003 se firmó el convenio de concesión –de seis cláusulas– entre la municipalidad y el parque, con Adrián Osella “como apoderado y en representación de la firma Internacional Park S.R.L.”, que tendría dueños extranjeros y nacionales, según se indicó. En la ordenanza del año 2000 –con una modificación en 2001– se indica que el informe semestral debe dar cuenta del “estado técnico” de los juegos y debe ser firmado por un “profesional habilitado para tal fin”.

La concejala consideró que la situación es “inadmisible desde lo ético y profesional; y repudiable, desde el punto de vista jurídico: no se puede ser juez y parte. Es de sentido común que quien controla tiene que ser alguien distinto al controlado y en este caso controlado y controlante recaen en la misma persona”. Y abundó: “Administrativamente, no corresponde que el municipio admita esos informes sin controlar su veracidad”.

Schmuck remarcó que “la responsabilidad ineludible e indelegable de controlar es del municipio. No sólo porque le corresponde ejercer el poder de policía, sino porque además el pliego de la licitación lo remarca: en el artículo 35.2 sostiene que el concesionario cumplirá con el servicio de mantenimiento y la municipalidad controlará el cumplimiento. El 35.5 señala que la municipalidad inspeccionará la explotación y conservación de la obra, a través del órgano de inspección y control. El 37.1 indica que la municipalidad se constituirá en órgano de inspección y control y en el inciso J señala como obligación la de ‘controlar a los prestadores en todo lo que se refiera al mantenimiento de los bienes afectados al servicio’”, insistió en un comunicado.

Schmuck consideró que “las primeras declaraciones de algunos funcionarios municipales fueron apresuradas, indicando que la causa (del accidente) podría ser por sobrepeso. Hay muchas inconsistencias”, planteó. Y agregó que “el 50 por ciento de los juegos era reciclado”.

En tanto, ayer por la mañana el juzgado de Curto tomó declaración informativa a otro funcionario municipal, del área de higiene y seguridad. La versión de Alejandro Abud, en Tribunales, “contrasta” en algún punto con lo que planteó el director de Inspecciones, Gregorio Ramírez, el martes pasado, frente al magistrado. Además, del expediente surge que la rueda panorámica dataría de 2007, cuando se cambió por otra anterior, y se pidió autorización en ese momento para la habilitación.