Con la participación de profesionales debidamente calificados, decisión política y el compromiso de la comunidad, el suicidio se puede prevenir. Frente a una problemática tan dolorosa, lo que jamás debe ocurrir es permanecer inmovilizados por el silencio y el miedo.

Lejos de ello, el Ministerio de Salud de la Nación en su conjunto –bajo cuya órbita se encuentra la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones– y el proyecto político que nos guía desde 2003 vienen redoblando esfuerzos para derribar los preconceptos y los estigmas que suelen atravesar al suicidio y a las personas que lo cometen o lo intentan, en línea con lo que postula la Organización Mundial de la Salud. Esto implica llevar adelante diversas acciones desde la salud pública para enfrentar las múltiples y complejas causas que lo propician.

Es por ello que, cuando hablamos de suicidio, una de las primeras reflexiones que invitamos a hacer es entenderlo en toda su complejidad, con un aspecto privado y otro social. El privado alude al derecho a la intimidad y al respeto al grupo familiar y de referencia. El social, a las instituciones comunitarias que deben acceder a información confiable para fortalecer la prevención y promoción de la salud, en especial en las poblaciones más afectadas y sensibles: los adolescentes y los adultos mayores.

Quienes tienen intenciones suicidas padecen un cercenamiento de su horizonte existencial. No logran vislumbrar un proyecto –individual y/o comunitario– de vida. Por esta razón, las acciones preventivas que impulsamos se basan, principalmente, en acompañar a estas personas a encontrar un sentido, un propósito a través del cual, como suele decirse, la vida merezca ser vivida.

La clave para ayudar en la resolución de ese conflicto vital es profundizar la capacitación del equipo multidisciplinario de profesionales que se desempeñan en la Dirección de Salud Mental. Pretendemos que actúe como facilitador, a lo ancho y a lo largo del país, de las políticas y las acciones públicas en la materia. Una instancia que, por cierto, conlleva además a tomar nota de las demandas y saberes del territorio.

En consonancia con lo anterior, una segunda línea de tareas, prevista a corto plazo en nuestra agenda, pasa por impulsar la creación de equipos especializados en las provincias que aún no cuentan con ellos. Y ahondar la calificación e interdisciplinariedad de aquellos que sí fueron constituidos y ya se encuentran trabajando en algunas jurisdicciones.

Entendemos, como establece la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, que es la red de atención en salud mental –los hospitales generales, los Centros de Atención Primaria de la Salud y los Centros Integradores Comunitarios, entre muchos otros– el ámbito más adecuado para hacer prevención y contención. Para ayudar a quien lo precise. ¿Cómo? Sobre todo, escuchando. Porque el dolor –quienes tienen intenciones suicidas están atravesados por él– no siempre es evidente, pero tiene señales. Escuchar y observar con atención puede contribuir a reconocerlas y ayudar.

No obstante, ese acercamiento no puede ni debe darse de cualquier modo. Es necesario, y hasta imperioso, derribar aquellos preconceptos que no hacen otra cosa que alimentar estigmas y ahondar el silencio. Hoy sabemos que es posible que las personas con intenciones o pensamientos suicidas no deseen morir si se produjeran cambios positivos en su vida. Sabemos que una buena comunicación reduce las chances de que concreten su cometido. Que la mayoría de quienes se quitaron la vida hizo saber, de algún modo, su propósito.

Desde la Dirección de Salud Mental estamos convencidos de que la prevención del suicidio no se realiza a través de un simple ejercicio de voluntad. Como toda manifestación epidemiológica, requiere de un análisis profundo basado en la ciencia y en la experiencia. Esto es lo que nos motivó a incorporar a importantes referentes del campo de la suicidología, quienes nos están asesorando en la implementación de los programas de capacitación mencionados.

Seguir trabajando para lograr bajar la tasa de suicidio en la Argentina. Este es nuestro cometido. Porque, para un proyecto político de inclusión social que tiene al respeto y la ampliación de los derechos humanos como pilar fundacional, la defensa de la vida es un derecho prioritario.

* Licenciada en Psicología y directora nacional de Salud Mental y Adicciones, Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, Ministerio de Salud de la Nación.