El martes por la mañana, la Justicia y la policía de Río Grande, en Ushuaia, realizaron allanamientos simultáneos en tres “privados”, departamentos donde se ejerce la prostitución, en una investigación por trata de personas para explotación sexual. De las doce mujeres encontradas en los privados, tres declararon estar en contra de su voluntad; de los operativos también resultaron detenidos presuntos partícipes de una red. La investigación sigue su curso. Los procedimientos habían sido solicitados por la jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, y fueron practicados por el jefe de la Unidad Regional Norte, el comisario Daniel Moraga, y el fiscal federal Marcelo Rapoport. Casualmente, en las últimas semanas, el funcionario judicial generó un debate en la ciudad por haber puesto el dedo en la llaga al pedir que el Concejo Deliberante derogue las ordenanzas municipales –al menos cuatro– que regulan las “actividades toleradas”, la habilitación de “cabarets”, “whiskerías”, “bares” y el otorgamiento de libretas sanitarias específicas para las “alternadoras”. “Las ordenanzas sobre ‘actividades toleradas’ son inconstitucionales”, vulneran la ley 12.331 (de profilaxis, que prohíbe el establecimiento de prostíbulos) y van contra el espíritu de la ley de prevención y sanción de la trata de personas”, explicó Rapoport a Página/12.

Con algo menos de 70 mil habitantes, Río Grande es la ciudad más poblada de Tierra del Fuego. En diálogo con este diario, Rapoport señaló que la historia del lugar explica algo de su topografía actual, donde hay “muchos cabarets, muchas whiskerías y cada vez más privados, porque este negocio va mutando”. Ese tipo de locales, dijo, “son parte del contexto social cotidiano de la ciudad. No hay que olvidar que esto era territorio nacional, donde había un asentamiento de la Armada. Entre la actividad petrolera y la Armada, la ciudad era caldo de cultivo para que los instalaran”. En Río Grande, detalló, es cotidiana “la indiferencia social: mientras el señor sale del local de alterne, por la misma calle se cruza con una madre que lleva el nenito al jardín de infantes”.

En la provincia, la proliferación de “whiskerías” no se limita a Río Grande, sino que también se ha extendido, por ejemplo, a Ushuaia, donde en los últimos meses, en investigaciones sobre trata de personas para explotación sexual, se han realizado dos grandes allanamientos en locales. El primero fue a fines de abril, en el local Red and White, y derivó en el rescate de cinco mujeres víctimas de una red; el segundo, a mediados de agosto, en el local Candilejas, por cuya clausura protestó la Unión de Trabajadores Gastronómicos aduciendo que se perderían fuentes laborales.

En Río Grande, al menos hasta ayer, no se habían registrado protestas similares tras los allanamientos del martes. Lo que sí continúa su curso es el debate abierto por el fiscal Rapoport al pedir la derogación de al menos cuatro ordenanzas. “Los concejales tienen que ponerse los pantalones largos y derogarlas”, dijo Rapoport. La 197/84 define como “actividades toleradas” a las que “no son honorables ni reconocidamente útiles” pero que pueden obtener permisos municipales precarios. La ordenanza es específica: “cabaret-whiskerías y bares atendidos por mujeres” pueden obtener permisos si los locales cumplen con requisitos de espacio e higiene y el titular no tiene antecedentes penales. Las mujeres que no sean empleadas del lugar sólo pueden ingresar acompañadas por hombres, el cabaret debe tener “personal femenino para alternar” (una “alternadora” cada cuatro metros cuadrados) y esas mujeres deben contar con libreta sanitaria específica. En las whiskerías, que se diferencian porque no pueden ofrecer “números de variedades ni espectáculos públicos”, puede haber hasta diez alternadoras, también con libreta sanitaria.

Las “alternadoras” están rigurosamente controladas por el Estado municipal. La ordenanza 650/93, modificada en 2007, las enrola en el rubro “espectáculos públicos” y estipula que deben poseer libreta sanitaria específica (“amarilla, no celeste como las de otros trabajadores”, señaló Rapoport), y realizarse revisiones periódicas en el Hospital Regional de Río Grande. Los nombres de las “alternadoras” quedan asentados en un registro municipal y también en un registro policial. Por eso el fiscal Rapoport pidió también al centro médico, a la policía y la municipalidad que cesen sus revisiones y registros a estas mujeres. “Nuestro sistema legal no es compatible con eso”, dijo el fiscal.

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