Una “visita sorpresa” realizada por un grupo de jueces al Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, la mayor cárcel de mujeres del país, comprobó la existencia de “una serie de irregularidades graves”, confirmó a Página/12 Gustavo Hornos, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, promotor de una iniciativa para la creación de “un sistema de seguimiento permanente” en las unidades penitenciarias federales. Los jueces encontraron a una mujer golpeada en una celda de aislamiento, recibieron denuncias por malas condiciones de atención en el hospital del penal y constataron la presencia de una mujer “dopada, al punto de estar inmovilizada” en una celda del Servicio Psiquiátrico. Hornos precisó que presentaron un informe ante el titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, quien habría tomado la decisión de “pasar a disponibilidad al director del complejo (Alberto Montenegro) y remover a la cúpula”. Esta decisión no pudo ser ratificada a través del SPF, a pesar de las consultas telefónicas realizadas.

Hornos explicó que para llevar adelante la iniciativa de crear un “sistema de seguimiento permanente” en las cárceles convocó y recibió el apoyo de “varias cámaras, jueces de tribunales orales, fiscales y defensores oficiales y la Procuración General de la Nación”, entre otros actores del Poder Judicial. Hornos dijo que lo que se busca es “la humanización del poder, el respeto a los derechos humanos, porque como jueces no estamos haciendo ensayos de laboratorio ni un manual, estamos aplicando penas, a veces duras, a seres humanos, dentro de las normas aceptables en un Estado de Derecho y tenemos que bregar para que no haya, por nuestra pasividad, tratamientos crueles e inhumanos en las cárceles”.

La primera actividad del cuerpo fue una visita “protocolar” al Complejo Federal 1, de varones, de Ezeiza. Luego se hizo la “visita sorpresa” al penal de mujeres. En la recorrida, Hornos fue acompañado por la jueza María Cristina Deluca Giacovini, el juez Sergio Paduczak y la secretaria Lorena Pusco. Los magistrados visitaron los pabellones de ingreso y los de aislamiento, donde encontraron “a una señora golpeada en el rostro y con escoriaciones en el cuerpo. Aunque ella nos dijo que se había ‘caído en el baño’, nosotros nos dimos cuenta de que había sido golpeada”.

“La situación se vio agravada porque nos dijeron que no tenía ninguna sanción que explicara su permanencia en ese lugar de aislamiento, adonde había sido llevada ‘preventivamente’, según nos infomaron”, puntualizó Hornos. “Le dijimos al director del penal que esa situación era intolerable y lo reflejamos en el informe elevado al Servicio Penitenciario.” También comprobaron “hechos graves en el pabellón 18, donde las internas estaban muy convulsionadas por las situaciones que viven. Nos dijeron que no reciben atención médica, en casos de mujeres que sufren ataques de pánico o que padecen problemas físicos, como una hemorragia que no era atendida debidamente”.

En el Servicio Psiquiátrico encontraron “a una mujer que estaba dopada, al punto de permanecer inmóvil, sin dar señales de vida”. La mujer es Jennifer Souto, una de las condenadas por el secuestro y asesinato de Matías Berardi. “Con todos los datos elevamos un informe al titular del Servicio Penitenciario”, concluyó Hornos.