El Ministerio de Interior y Transporte oficializó la terminación del contrato con la Ugoms, la empresa compuesta por los grupos Emepa-Ferrovías y Roggio-Metrovías, para la operación del Ferrocarril Sarmiento. A través de la Resolución 1244 publicada ayer en el Boletín Oficial se dispuso el desplazamiento de las compañías privadas convocadas un año atrás y, por primera vez desde las privatizaciones, el Estado quedó formalmente a cargo de correr un servicio metropolitano de pasajeros. La estatal Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) es la responsable de operar el ramal que conecta Once con Moreno desde el jueves. Como parte del proceso de rescisión del acuerdo con la Ugoms, la Secretaría de Transporte realizará un inventario de los bienes ferroviarios y su estado de situación. Ayer también se difundió la resolución que concreta la implementación de las nuevas medidas de seguridad para los siete ramales (ver aparte).

Durante la madrugada del jueves pasado, después de los anuncios en la Casa Rosada, los directivos de la Ugoms y la Sofse firmaron el acta de traspaso de la operación del servicio del Sarmiento. El ministro de Transporte, Florencio Randazzo, aseguró que la decisión la tomó luego del nuevo accidente que se registró en la estación de Once el sábado pasado. El acta firmada por Alejandro Croucher, presidente de la operadora estatal, y Pablo Militello, en representación de la Ugoms, a la que accedió Página/12, sostiene: “Siguiendo las instrucciones del ministro de Interior y Transporte, se ha resuelto asumir la operación de los servicios de transporte ferroviario correspondientes a la Línea Sarmiento, habiéndose constituido la Sofse a la cero hora del jueves 24 de octubre en la Base Castelar en las áreas de Transporte, Material Rodante e Infraestructura y en el Depósito Haedo (alistamiento de diésel Merlo-Lobos y Moreno-Mercedes) y se constituirá en las demás áreas operativas en el día de la fecha, sin perjuicio de las demás acciones que se ejecuten una vez que se produzcan las notificaciones de estilo”.

Desde ese momento, el Estado quedó a cargo de operar integralmente los servicios entre Once y Castelar. La culminación de todo el proceso administrativo contempla también la realización de un inventario de los bienes involucrados, estableciendo su estado de situación, que tomará algunas semanas.

“La Ugoms incumplió con el protocolo de Evaluación del Centro de Recepción de Personal a Controlar y de Evaluación Aleatoria de Personal Operativo”, argumenta la resolución que desplazó a los grupos Emepa-Ferrovías y Roggio-Metrovías de los empresarios Gabriel Romero y Aldo Ro-ggio, respectivamente. El Gobierno afirma que ese incumplimiento permitió que el motorman Julio Benítez “accediera a la conducción de la formación sin que se hubiera verificado su control previo al inicio de tareas”. “En consecuencia, y ante tan grave irregularidad, corresponde instruir a la Sofse para que instrumente las medidas necesarias a los efectos de rescindir el Acuerdo de Operación”, concluye el texto firmado por Randazzo.

La Ley de Reordenamiento Ferroviario de 2008 creó dos empresas estatales: la Sofse, para hacerse cargo de la prestación del servicio, y la ADIF, para administrar la infraestructura e inversiones del sistema. Esas dos empresas públicas quedaron a cargo del Sarmiento. Hasta ahora, la Sofse estaba encargada de operar –en algunos casos con escasa frecuencia– trayectos menores en el interior del país, como el ramal Lincoln-Realicó, un recorrido interurbano en Salta, otros tres en Chaco y recientemente se sumó el Tren de la Costa. A partir de agosto, la empresa administra y controla todos los contratos con los privados para la operación del sistema metropolitano. Con esas atribuciones empezará a operar el Sarmiento y la ADIF administrará las inversiones que se están realizando en la línea para mejorar el servicio.